Por Daniel Schmidt, decano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Medio Ambiente, Universidad Autónoma

Recientemente, el Ministerio de Vivienda entregó al Presidente Boric el Plan de Emergencia Habitacional 2022–2025, tal como es exigido por la Ley 21.450, más conocida como Ley de Integración Social y Urbana.

Como suele ocurrir en el diseño e implementación de toda política pública, las tareas comprenden los esfuerzos de más de un gobierno. La citada ley se gestó durante la pasada administración, periodo en el que se reconoce y visibiliza el aumento del déficit habitacional y donde el número de familias que habita en campamentos aumentó de 25.000 a más de 75.000. Entendiendo esto es que las autoridades, junto a dirigentes sociales, determinan que el Estado requiere de más instrumentos para actuar con celeridad frente a la crisis habitacional y después de más de 3 años de trabajo participativo, el 4 de marzo, a días de concluir el gobierno de Sebastián Piñera, y pese a la polarización política reinante, el Congreso Nacional aprobó esta ley con apoyo transversal.

Hoy es el turno del ex presidente de la Comisión de Vivienda del Senado y actual ministro, Carlos Montes, implementar este plan cuyo principal objetivo apunta a disminuir el déficit habitacional que supera las 600 mil unidades, incorporando aspectos ya recogidos en la Ley de Integración Social y Urbana y otros nuevos, que son parte del sello de este gobierno, como es el recuperar el rol del Estado en la planificación y gestión habitacional.

Es de esperar que con los bien intencionados ejes que incluye el plan, como son la equidad territorial y de género, diversidad, seguridad, participación, descentralización y sustentabilidad, este se lleve adelante con el espíritu de la Ley 21.450, una ley que fue trabajada con una importante componente de participación ciudadana y que busca no solo responder al déficit habitacional, sino también avanzar hacia ciudades más integradas socialmente, con mejor acceso a equipamiento y espacios públicos.

Si bien los principios rectores del plan son destacables, llama la atención lo poco ambicioso del mismo, ya que de las 260.000 soluciones que se propone entregar en cuatro años, casi el 50% de éstas, específicamente 124.410, corresponden a proyectos ya iniciados en el gobierno anterior.

Por lo tanto, el plan contempla solo algo más de 135.000 soluciones habitacionales nuevas en 4 años, algo así como 33.000 viviendas al año. Si además se considera que, dentro de este total, 20 mil viviendas serán adquiridas por el Estado para entregarlas en arriendo protegido, las soluciones nuevas efectivamente traspasadas a las familias en propiedad serán solo 115 mil unidades.

La meta resulta mezquina considerando que el plan se presenta como respuesta a una emergencia habitacional, y más, cuando se tiene en cuenta que en los últimos años se venían entregando en promedio 50 mil soluciones anuales.

El plan de emergencia habitacional sin duda recoge el espíritu de la ley que mandata su presentación, pero también es necesario preguntarse: ¿Responde el plan a la emergencia habitacional?