En el mundo de los especialistas no ha habido disenso: el segundo retiro del 10% de las cotizaciones solo profundizará los negativos efectos del primero; más de cuatro millones de trabajadores se quedarán sin ahorros para la vejez, la reforma previsional se hará más cuesta arriba y el mercado de capitales saldrá debilitado. El gobierno ha compartido los argumentos técnicos, pero igual terminó presentando un proyecto para un nuevo rescate del 10%.
Las razones para impulsar una ‘mala política pública’ apuntaron a la defensa del orden institucional: la oposición viene desde hace tiempo horadando las atribuciones presidenciales, instalando un parlamentarismo de facto, cuya última versión sería este intento de cogobernar a través de reformas constitucionales transitorias. Eso es lo que el Ejecutivo intentó impedir con un proyecto de ley que, en lo sustantivo, hace lo mismo que la reforma impulsada por la oposición.
El esfuerzo por defender el régimen político y el orden institucional es muy loable, pero deja de serlo cuando para ello se impulsa una política pública dañina e irresponsable. Salvaguardar la Constitución frente a una estrategia que busca socavarla justifica muchos sacrificios, pero no cualquiera. Hipotecar las pensiones futuras de los sectores más vulnerables, disparar un misil a las bases del sistema de capitalización individual, está más allá de lo razonable. Impedir dicha reforma constitucional transitoria teniendo que hacer lo mismo por la vía legal es un precio demasiado alto.
La aprobación de este proyecto de ley no sólo es negativa en muchos aspectos, es también un disparo al corazón del ideario del oficialismo. Presentarlo en las actuales circunstancias no sólo confirmó debilidad política, sino también oportunismo. Se hace lo que la inmensa mayoría quiere, aun reconociendo que es profundamente negativo; y a última hora, además se intenta obtener beneficios comunicacionales de una iniciativa que se ha cuestionado y rechazado en todos los tonos.
Hay momentos y circunstancias donde es mejor saber perder, dar testimonio de convicciones que se saben correctas, aunque sean impopulares. El gobierno podrá haber evitado que prospere esta vez una reforma constitucional que socava la institucionalidad, pero la ofensiva destinada a debilitar las reglas del juego no se detendrá aquí. Mientras el segundo retiro se tramita, se pretende anular la Ley de Pesca sin reemplazarla por un marco regulatorio alternativo, y se presenta también una reforma que busca interrumpir el período presidencial vigente. Es decir, el tema es mucho más de fondo.
En resumen, era mejor perder esta batalla y no ser parte de un daño quizás irreparable. Subirse a esta ola no mejorará en nada las exiguas cifras de aprobación del Ejecutivo, ya que sus problemas son de otra naturaleza. Sin ir más lejos, uno de los principales volvió a quedar en evidencia en este capítulo: en las cuestiones de fondo, el gobierno simplemente no gobierna.
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