Saludo a la bandera



Por María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente

Recientemente, la Cámara de Diputadas y Diputados incorporó a su reglamento la realización periódica de controles para detectar el consumo de sustancias o drogas estupefacientes a través de examen de pelo. Según indica la normativa aprobada, tiene por objeto “elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria”, e incluso se establece la obligación para el parlamentario cuyo examen resulte positivo, de autorizar el levantamiento del secreto bancario y, en caso de detectarse movimientos financieros mayores a las 800 UF, se derivarán los antecedentes a la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara.

¿Contribuye realmente esta medida a la transparencia de la labor parlamentaria? A mi juicio, no necesariamente. Si bien puede ser relevante para la ciudadanía conocer si es que algún parlamentario tiene alguna dependencia que le impide ejercer su labor, hay muchas otras propuestas que la sociedad civil ha puesto sobre la mesa hace años, algunas recogidas en un proyecto de ley ingresado por un grupo de senadores el año 2015, que se encuentra, como varios otros, “durmiendo el sueño de los justos” y que realmente tendrían un impacto en transparentar la labor parlamentaria y con esto intentar recuperar en algo la escasa confianza ciudadana en el Congreso.

Por ejemplo, una mejor y real aplicación de la Ley de Transparencia, Ley de Lobby y de Probidad en la Función Pública con la fiscalización y sanción de una entidad integrada por personas externas al Congreso y que tengan las capacidades de imponer sanciones ejemplares y reales. Así, por ejemplo, en el caso que se plantea en el nuevo reglamento, sería la misma Comisión de Ética la que revisaría la situación de movimientos financieros altos en parlamentarios con test positivos, que está compuesta por diputadas y diputados, es decir, son juez y parte, no gozan de la necesaria imparcialidad.

También se propuso permitir una mayor participación pública en la tramitación de los proyectos y con un registro de quiénes asisten a las sesiones de comisiones, así como quién les cursa las invitaciones (recordemos que así es como operaba Corpesca en la tramitación de la ley de pesca, a instancias de la ex diputada Isasi, condenada por corrupción).

Urge una mejor regulación de los conflictos de interés y el deber de abstención, con sanciones reales y proporcionales, no limitadas a un mero descuento de la dieta. En relación a lo mismo, establecer la dedicación exclusiva del cargo de parlamentario y normas post empleo, por ejemplo, para desempeñarse como lobista una vez se cesa en el cargo -como lo hacen países desarrollados y del selecto club de la OCDE, del cual somos parte.

Lo anterior sí tendría un real impacto en una mayor transparencia de la labor parlamentaria que además se aplicaría a todas y todos quienes tienen un escaño en el Congreso y no solo a aquéllos que, probablemente de modo muy excepcional, sean detectados consumiendo algunas de las pocas drogas que estos test detectan. La ciudadanía ya no aguanta más saludos a la bandera, es hora de avanzar decididamente en que la labor parlamentaria se rija por los más altos estándares de integridad y transparencia.

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