
Sector público ético
Al igual que el sector privado, el público necesita contar con una sólida base ética en sus actuaciones. En él se debieran comenzar a implementar, incluso con mayor fortaleza y extensión, Programas de Ética y Cumplimiento. Lamentablemente, esa no es la regla.

Recientemente se conoció la noticia de la detección, por parte de la Contraloría, de una serie de irregularidades al interior del Consejo para la Transparencia. Lo mismo ocurrió con otra empresa estatal, Codelco, por el sobreprecio pagado por pólizas de seguros de vida. En estos y otros casos, la consecuencia, además de jurídica y económica, ha sido reputacional, tanto para las empresas como las personas involucradas. Y la raíz es una: una falta seria a la ética y cumplimiento normativo.
Al igual que el sector privado, el público necesita contar con una sólida base ética en sus actuaciones. En él se debieran comenzar a implementar, incluso con mayor fortaleza y extensión, Programas de Ética y Cumplimiento. Lamentablemente, esa no es la regla. Salvo excepciones honrosas (como la SEC, que cuenta con un buen Código de Ética), son pocos los organismos donde el comportamiento va más allá del seguimiento de sus propios fines y normas sectoriales.
Un cambio hacia un nuevo enfoque podría provenir de los propios organismos encargados de la fiscalización y sanción, sean tribunales, Contraloría u otros. En materia de libre competencia, por ejemplo, desde ya hace varios años, el TDLC ha venido imponiendo, como parte de las medidas que deben cumplir las empresas condenadas por colusión, la obligación de contar con un Programa de Cumplimiento de las Normas de Libre Competencia. Los fallos detallan varios aspectos que debe tener dicho programa y el tiempo por el cuál rige la obligación, luego de lo cual la empresa es libre de seguir implementándolo. No hay razón por la cual esta medida no pudiera también ser aplicada en otros casos, como aquellos en los cuales el sector público tiene participación.
Con todo, si esperamos que se fomente la ética incluso por la vía de la imposición, debemos esperar que al menos el propio personal que fiscaliza esté al día en la materia; o que al menos un funcionario tuviera el expertise específico. El problema es que usualmente en el sector público no hay personas que hayan trabajado en organizaciones con experiencia en programas de compliance. Resulta difícil esperar, entonces, que su nivel de conocimiento sea adecuado. A esto se suma que el área de ética y cumplimiento es un sistema multidisciplinario, que requiere de formación constante en, y entendimiento de, una diversidad de materias.
En esto también la libre competencia provee un ejemplo. En forma pionera, la FNE publicó su guía sobre la materia en 2012. Sin embargo, ella no ha sido revisada desde entonces. Esto es requerido no solo porque la guía presenta algunas deficiencias desde su origen, sino también porque si los programas de cumplimiento deben irse adecuando periódicamente a la realidad de los negocios de la firma, la herramienta de evaluación también debiera hacerlo. Asimismo, no existe una persona entrenada adecuadamente que vele por el cumplimiento de los dispuesto por el TDLC.
Ley pareja no es dura, dice el dicho. Si se exigen altos estándares del sector privado, bienvenida sea también una ética robusta para el sector público.
-El autor es abogado y exministro del TDLC
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.