Por Francisca Toledo, investigadora de Libertad y Desarrollo

El gobierno anunció un proyecto de ley para obligar que las sociedades anónimas tengan un 40% de mujeres en sus directorios. Sin perjuicio de que aún no se conocen los fundamentos del Ejecutivo ni el texto en concreto, hay al menos, tres puntos a considerar: el impacto real de esta medida, las prioridades del empleo femenino hoy y la tensión con el mérito de las mujeres.

Actualmente, existen tres mecanismos para normar la presencia de mujeres en los directorios del sector privado: autorregulación (Chile, Australia, EE.UU. y Finlandia), cuotas voluntarias (España y Países Bajos) y cuotas obligatorias (Alemania, Francia, Noruega y Bélgica).

Tratándose de cuotas obligatorias, la evidencia no es concluyente respecto a los beneficios de aplicarlas. En Noruega, que cuenta con una cuota desde 2003, no se han encontrado efectos positivos para las mujeres en cuanto a aumentos de salarios o mayor promoción de mujeres en cargos de mayor responsabilidad. Estudios para otros países tampoco han demostrado que las cuotas signifiquen un efecto positivo en el desempeño de las empresas.

Las cuotas voluntarias, en cambio, tienen dos ventajas. Primero, son menos intrusivas en las decisiones de administración del sector privado. Hoy se discute sobre los directorios, pero ¿dónde terminaremos? Segundo, evita los costos de adaptación: en California cayó el valor bursátil de las compañías luego de anunciarse la obligatoriedad de cuotas para las empresas de ese estado en 2018.

Así, pareciera que fijar cuotas por ley no sería el mejor camino y parece más bien un gesto simbólico del gobierno, con un alcance muy limitado ante la gran cantidad de mujeres que se desempeñan en otros niveles del sector privado. Esta medida elitista contrasta con el 55% de las mujeres que no tienen un trabajo.

En momentos en que el país atraviesa un difícil contexto económico, esta discusión distrae de los enormes desafíos que hoy enfrenta el empleo femenino. Actualmente se desperdicia talento femenino porque la regulación laboral -la forma en que se financian las salas cunas, la falta de flexibilidad- nos quita opciones para desplegarlo. Por ello, el gobierno debe enfocarse en lograr una mayor participación laboral a fin de incorporar a esa gran cantidad de mujeres que mientras no estén empleadas difícilmente podrán desarrollar las capacidades para dirigir empresas.

Así, en lugar de generar las condiciones para que las mujeres construyan sus proyectos de vida, sorprende que, en esta conquista de espacios, se recurra al paternalismo estatal. Se insiste en legislar por la igualdad de resultados, siendo que el foco debiera estar en la igualdad de oportunidades, generando incentivos para que mujeres (y hombres) talentosas no se vean marginadas o privadas de participar en ámbitos de su interés. Además, la medida se sostiene en la lógica de los colectivos, por sobre los individuos.

Sin duda, hay un valor en la diversidad de miradas y experiencias en cualquier organización social. Pero las cuotas obligatorias fuerzan un tipo de conformación que entra en pugna con otros derechos y libertades, y a la vez, produce la primera fractura de la noción de que la mejor alternativa es una libre elección de quienes creemos mejores.

A dicha elección, las mujeres, conscientes de nuestras capacidades, no le tenemos temor.