Chile pasó de 24 a 15 partidos en ocho meses, y dos de ellos siguen vivos por un fallo del Tricel, no por sus votos. Ese es el Congreso que en septiembre votará las reglas de su propia supervivencia. El Gobierno reactivó con urgencia suma la reforma que dormía en comisión mixta. Bien. Pero el texto es acotado y su novedad más visible es obligar a los partidos a condenar la violencia. Necesario; no suficiente.

Como documentamos en “Del binominalismo a la fragmentación” (Clapes UC, 2025), el sistema político es un ecosistema: sistema electoral, estatuto de partidos y financiamiento se condicionan mutuamente, y tocar una sin las otras produce efectos que nadie diseñó. La reforma de 2015 lo ilustra: amplió la representación, pero dejó una Cámara donde la mayoría de los diputados fue electa con menos del 10% de los votos de su distrito. El financiamiento público creó incentivos para fundar “pymes políticas”. Y un estatuto sin consecuencias para el discolaje completó el cuadro.

El diagnóstico es transversal. En el seminario que Clapes UC realizó en abril de 2025, registrado en Ideas para el Debate N°53, senadores de la UDI, RN, el PPD y Demócratas, y la entonces ministra Segpres, Macarena Lobos, coincidieron en tres puntos: la fragmentación y el discolaje son un problema de gobernabilidad y no una inquietud de élite; el umbral y la pérdida del escaño para quien abandona su partido son piezas indispensables; y el voto obligatorio, con sanción efectiva, es condición de cualquier reforma. Hubo disensos: Walker vio en la polarización el problema de fondo y defendió las listas cerradas; Lagos Weber advirtió que la cesación del cargo, sin democracia interna, entrega a los tribunales partidarios un poder de veto sobre el electorado. Y Galilea fue explícito: esta es la reforma posible con incumbentes votando; achicar distritos “no va a pasar”.

Mi lectura es menos optimista. Que los incumbentes definan sus reglas explica por qué el texto llegó a la mixta despojado de lo estructural. No es un defecto del texto: es su condición de existencia, y ningún diseño técnico lo disuelve. Pero noviembre alteró el cálculo: trece partidos quedaron bajo el umbral, aunque dos lo eludieron en tribunales. Es una ventana estrecha: al acercarse 2029, el incumbente volverá a legislar para sí.

Hay un dato subestimado. Como anticipó Walker, noviembre fue la primera elección parlamentaria proporcional con voto obligatorio. El resultado, con bloques más definidos y menos partidos viables, sugiere que la participación masiva modera la dispersión sin tocar la ley electoral, y que el efecto se consolidó recién con la multa por no votar. Los incentivos pesan más que las declaraciones.

De ahí mi propuesta: aprobar el informe de la mixta en septiembre, sin reabrirlo, y condicionar esa aprobación a una segunda etapa con plazo, en que el Ejecutivo comprometa, con la misma urgencia, un paquete de leyes complementarias para despachar durante 2027. Tres contenidos son indispensables. Uno, una ley de partidos que exija democracia interna verificable, para que la cesación del cargo no derive en venganza intrapartidaria. Dos, una regla que impida eludir el umbral mediante fusiones o litigios posteriores a la elección. Tres, una corrección al financiamiento público que deje de premiar la existencia de partidos por sobre su desempeño electoral. Sin ella, se cumplirá el riesgo que advertimos en el seminario: instalar la percepción de que el problema fue resuelto y congelar lo estructural por una década.

Un Congreso sin mayorías no puede hacer reforma del Estado ni sostener una política de seguridad más allá del ciclo noticioso. La confianza en los partidos ronda el 3%; la paciencia ciudadana no está mucho más arriba. Reformar poco es la forma más cara de no reformar: el país seguirá decidiendo a la velocidad de sus bloqueos, no de sus urgencias.

*La autora de la columna es coordinadora legal en Clapes UC, directora Somos Mujeres por Chile y consejera USEC.