El presidente Kast presentó el “Plan de Reconstrucción Nacional”. Dentro de las medidas descritas, el plan incluye un pilar fundamental de fortalecimiento del empleo formal a través de un nuevo subsidio para dinamizar el mercado laboral. Este subsidio se implementaría en forma de un crédito tributario para las empresas que contraten o mantengan trabajadores formales con remuneraciones entre unos $545.000 y $838.000. La lógica es atractiva: si contratar formalmente es caro, subsidiemos la contratación.

Sin embargo, a pesar de que los subsidios al empleo tienen fundamentos económicos, la evidencia introduce matices sobre su efectividad. La literatura económica muestra efectos limitados de estos instrumentos en el empleo neto y una baja participación de empleadores. El ejemplo más cercano es el caso del “Bono al Trabajo de la Mujer” (BTM) en Chile. A pesar de que el subsidio al empleador correspondía a la mitad de lo que recibe la trabajadora, solo un 1,2% de los pagos realizados entre el año 2012 y 2015 se destinaron a los empleadores, frente al 98,65% destinado a las trabajadoras. Algo similar ocurrió con el “Subsidio al Empleo Joven” (SEJ) donde la participación de los empleadores fue apenas un 3,6% en las primeras evaluaciones.

Más allá de la baja participación de los empleadores en los programas de subsidio al empleo, los estudios disponibles muestran otro problema persistente: una fracción importante del subsidio beneficia a empleadores que las empresas habrían contratado formalmente de todas formas. En estos casos, el instrumento no logra alterar sustancialmente la creación neta de empleo, sino que redistribuye recursos públicos sin generar un cambio real en las conductas de contratación.

En el anuncio destaca que el crédito beneficiaría principalmente a las pymes. La experiencia latinoamericana ofrece luces al respecto: en Colombia, la reducción de cargas laborales fue más efectiva precisamente en empresas de menor tamaño. Asimismo, el caso de Brasil muestra que la simplificación burocrática y tributaria logró aumentar significativamente la formalidad en microempresas de sectores como el comercio. Sin embargo, el impacto fue limitado en servicios de baja productividad, donde la informalidad es más resiliente. Esto sugiere que, si bien el foco en las pymes es el adecuado, el éxito del plan dependerá de cuán bien logre el instrumento penetrar en los sectores más rezagados.

Por lo anterior, cabe destacar en el diseño del subsidio su implementación a través de un crédito tributario, lo que representa un avance significativo en términos de simplificación administrativa. A diferencia de los subsidios directos tradicionales, que suelen implicar procesos de postulación engorrosos y burocracia que muchas veces desincentiva a las pymes, el uso del sistema impositivo facilita el acceso y reduce los costos de implementación. Es, sin duda, una modernización necesaria en la forma en que el Estado interactúa con el sector privado.

Sin embargo, debemos ser realistas: aunque el alivio financiero para las pymes es valorable, la evidencia internacional no es alentadora respecto al potencial de estos subsidios para crear empleo neto de forma masiva.

En definitiva, la medida es un paso en la dirección correcta al poner la formalidad en el centro, pero será fundamental conocer los detalles de su implementación para evaluar su alcance real. Para que este esfuerzo fiscal tenga un impacto real, debe ser el inicio de una agenda más ambiciosa. La reconstrucción del mercado laboral requiere, efectivamente, de una billetera que apoye a las empresas pequeñas, pero sobre todo de un bisturí que aborde los saltos pendientes en productividad para que esos empleos sean sostenibles en el tiempo.

*La autora de la columna es profesora asociada de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile