A comienzos de esta semana se ha verificado la designación de la ministra Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema. Mucho caudal se ha hecho de la circunstancia de ser la primera mujer que accede a esa posición dentro del Poder Judicial. Sin embargo, conviene atenerse a sus propios dichos, expresados frente a los periodistas de tribunales, en el sentido de que, más que por ser mujer, ella misma entiende que ha accedido a la presidencia en virtud de su trayectoria en la judicatura. De esta manera, sin perjuicio de lo simbólico que resulta que sea la primera mujer en ese cargo, la nueva presidenta ha dejado entrever el rol que juega el mérito en materia de nombramientos y ascensos en la judicatura lo que debe ser considerado como una señal frente al proyecto de reforma en materia de nombramientos judiciales en actual trámite en el Congreso.

No caben dudas que el momento en que la ministra Chevesich asume la presidencia de la Corte Suprema es de particulares desafíos.

Su designación unánime por el Pleno de la Corte revela que, pese a los embates que ha experimentado la judicatura producto de los casos de corrupción y tráfico de influencias que han llevado a la destitución de algunos ministros, tenemos un máximo tribunal cohesionado y que ha dado muestra de fortaleza institucional. Se trata, pues, de un capital que la ministra Chevesich deberá cuidar e impulsar a través de un liderazgo que armonice las legítimas diferencias que pueden existir en un órgano colegiado a fin de generar decisiones firmes y potentes.

De otro lado, la nueva presidenta de la Corte Suprema ha destacado la importancia que reviste que cada juez lleve una vida pública y privada intachables, lo que viene de la mano con las directrices que se contienen en el nuevo Código de Ética Judicial, que postula que una judicatura de excelencia se caracteriza por su independencia, imparcialidad e integridad, reflejando en las acciones cotidianas las virtudes de la prudencia, probidad, respeto y cordialidad.

Los propósitos referidos tienen hoy un claro objetivo, realzado también por la ministra Chevesich, y que apunta a recuperar la confianza ciudadana que aparece tan resentida en las encuestas de opinión y en la percepción ciudadana.

Como ha sostenido la Comisión de Venecia, los tribunales son los principales guardianes de los derechos de las personas, por lo que los ciudadanos no podemos abrigar dudas respecto de la integridad y responsabilidad de quienes los integran. Si estos valores resultan vulnerados por algunos, lo ideal es que la responsabilidad consiguiente se haga efectiva por el propio Poder Judicial dejando el mecanismo de la acusación constitucional sólo como última ratio y no como sustituto de lo que corresponde hacer a los propios pares.

En fin, una jueza de impecable trayectoria liderará la Corte Suprema a partir de enero próximo. Tiene por delante dos años de fuertes expectativas.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD