Hace seis semanas escribí aquí una columna sobre el anuncio del candidato Kast de hacer un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses. Decía que era una mala idea por dos razones: porque el shock fiscal pone en riesgo el bajo crecimiento actual y porque una terapia de shock tendría malas consecuencias para el funcionamiento del Estado.

En el intertanto, surgieron dos aclaraciones que pretenden ayudar a entender. Se dijo que US$ 3.000 millones serán por proyectos de ley y el resto decisiones administrativas. No es muy claro. También se ha escrito que muchos funcionarios son “parásitos” así que, imagino, que se piensa reducir el empleo público.

No me queda más que profundizar mis comentarios para ver si surge una respuesta más sólida. Vuelvo sobre los mismos dos temas.

Riesgo de recesión. Un recorte de US$ 6.000 millones hasta septiembre de 2027 es un 1,8% del PIB. El crecimiento esperado acumulado en esos 18 meses es de aproximadamente 3,3%. Bastaría un multiplicador modesto de 1,8 para que la terapia de shock neutralice todo el crecimiento. O sea, la terapia de shock puede acercar la economía a una recesión. ¿Qué justifica correr este riesgo? No hay explicaciones.

Riesgo de conflicto. Los ajustes fiscales en años de bajo crecimiento inducen conflictos. La experiencia chilena antes del estallido es clara. En 1998-99 y 2008-09 la economía pasó por recesiones: las huelgas y protestas subieron, la cohesión social bajó. En el caso de una terapia de shock en Chile, no hay que ser mago para pensar que la historia se podría repetir, o ser peor. En efecto, en 1998-99 y 2008-09 éramos víctima de crisis internacionales. Eso reduce la resistencia social al ajuste y justifica su urgencia. En 2026, toda la responsabilidad será del gobierno.

Se dice que se eliminarán programas mal evaluados. Habrá que tener muy buenos argumentos porque hay que distinguir si el problema es que la iniciativa se implementó mal o que nunca debió existir. Si hubo una mala implementación de una buena idea, habrá que reformar. Si la idea es mala, hay que eliminar. Pero si se elimina un programa valioso mal implementado, el Estado funcionará peor y la sociedad lo sufrirá.

El riesgo que esto ocurra no es menor. El recorte anunciado equivale a un 8,3% del gasto total. Sin embargo, si no se afecta salud, pensiones, educación, vivienda, orden y seguridad e intereses, el resto del gasto público deberá caer un 17,6%. El principal candidato a recorte sería transporte con 1,9% del PIB.

Sin urgencia objetiva ni planes detallados, crecimiento económico y reforma del Estado son contradictorios con la terapia de shock. Para reformar el Estado, los cambios deben ser progresivos y persistentes. No en vano las ganancias de productividad ocurren a baja velocidad: 2% al año sería un éxito. En cuatro años eso acumularía un 8,3% de ganancia en eficiencia. Un ajuste fiscal de similar calibre, pero en 18 meses, implica un riesgo de recesión y deterioro del Estado, que Chile no merece correr.

Por Guillermo Larraín, FEN, Universidad de Chile