Por Paulina Ibarra, directora ejecutiva Fundación Multitudes
Pasado el plebiscito, tenemos a la vuelta de la esquina el primero de varios procesos electorales en Chile. Partimos en abril con las municipales, eventualmente pudiendo elegir a los constituyentes, para luego seguir con comicios parlamentarios, elección de gobernadores y consejeros regionales, y las presidenciales.
Es decir, el 2021 será muy efervescente en cuanto a la llamada “promesa electoral”. Tal vez nos libremos de la contaminación visual que abundaba en calles, postes y parques, pero sin duda se nos llenarán las redes sociales de propaganda política. Y no les quepa duda que una de las palabras favoritas que escucharemos y leeremos será la transparencia.
Quienes por años hemos estado peleando por mejorar el control y la fiscalización ciudadana al quehacer público, escuchar a algunos candidatos y candidatas que apelan a la transparencia nos da urticaria. Así es, tal cual, porque sabemos que la frase no siempre viene acompañada con alguna propuesta. Sin duda hay excepciones, pero la regla general es que ese postulante a un cargo popular tiene más opacidades que luces respecto de su pasado, presente y gestión futura.
Hoy, el Congreso debate más herramientas de transparencia, justo a días de cumplirse 12 años de la promulgación de la Ley 20.285 de Acceso a la Información Pública. La Comisión de Gobierno del Senado ya la aprobó en general, en su segundo trámite, y ahora solo falta debatir las indicaciones particulares, para luego pasar a Sala para su sanción final. Como Fundación acudimos a esta instancia legislativa, donde expusimos los aspectos positivos que tiene la norma en discusión, como ampliar su campo de acción al Parlamento y el Ministerio Público; pero planteamos que sus buenas intenciones quedaban cortas frente a las necesidades ciudadanas.
Por ejemplo, tras el retiro del 10%, hoy es debate nacional el uso y destino de los fondos previsionales, pero poco sabemos dónde están dichos recursos. Nos dicen que están depositados en instrumentos de inversión, entelequia que la mayoría de los mortales no entiende. ¿Por qué no podemos acceder a esa información? Este proyecto de ley, obviamente, no contempla esta figura. Y si bien se abre a fiscalizar a empresas que por su rol deben cumplir un papel de servicio público (agua, luz, concesiones), aún se puede avanzar más en acceder a información del sector privado. Sí, el Estado debe dar el ejemplo y todavía está al debe, pero el empresariado no puede quedarse al acecho y gozar del privilegio del secretismo.
Y así lo dijimos en ese debate parlamentario: bienintencionado el proyecto, pero poco audaz, pues la transparencia no puede ser un eslogan de campaña política, ni menos una moda, sino que debe ser parte consustancial de una democracia sana. En una sociedad con acceso ilimitado a la información, que se le pongan trabas a su legítimo derecho de conocer cómo y quiénes deciden por ellos solo contribuye al descontento social, cuya expresión más notoria conocimos previo a la pandemia.