Por Ryan Cooper, Universidad de Chicago, Joseph Doyle, MIT, Andrés Hojman, Universidad Católica
El Sename ha estado en primera plana durante ya casi una década. En 2013 se hicieron públicos los informes de la comisión Jeldres, que constataron la frecuencia de casos de abuso sexual y físico. En 2014 y 2017, las comisiones investigadoras del Congreso presentaron informes destacando las malas condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes (NNA) viviendo en residencias de protección. En 2016, la revelación de muertes de NNA bajo custodia de la institución remeció al país. Nos hemos acostumbrado a escuchar malas noticias.
El año 2017, durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, el Ministerio de Justicia creó el Programa “Mi Abogado”. Esta política consiste en asignar a los NNA un abogado y una dupla psicosocial (psicólogo/trabajador social) que puedan velar por la protección de sus derechos y trabajar para agilizar el proceso de reinserción en una familia (nuclear, extendida, adoptiva o de acogida). El programa ha seguido expandiéndose durante el segundo gobierno del Presidente Piñera y el gobierno del Presidente Boric.
La Coordinación de Evaluación de Impacto de la Dirección de Presupuestos seleccionó a “Mi Abogado” para cuantificar su impacto en los NNA, mediante una evaluación experimental que se inició el 2019. Nuestras estimaciones llegan hasta 2021 y muestran que se logró el objetivo principal: reducir el tiempo en residencia e insertar al niño en una familia de forma permanente. Dado que los NNA pasan menos tiempo en residencias, esto implica un ahorro de dinero que cubre el costo completo del programa. Además, encontramos que el programa reduce la participación en delincuencia juvenil (denuncias) y aumentó la asistencia a clases en la escuela en meses de asistencia particularmente baja. Se logró eficiencia y equidad al mismo tiempo: logrando mejorar la calidad de vida de los NNA y generando ahorros al Estado.
Los resultados muestran algunas virtudes del Estado. Primero, son fruto del esfuerzo de muchos funcionarios anónimos, haciendo una tarea difícil y a veces triste. Segundo, gracias a que las evaluaciones experimentales son una política de Estado, los chilenos pueden confiar que sus impuestos están bien invertidos. Tercero, la coordinación nacional del programa y el Poder Judicial cooperaron con la evaluación entregando información diligentemente, con transparencia y sin intentar influir en las conclusiones.
Por supuesto, estos resultados alentadores solo resuelven una parte de los problemas de estos NNA. El nuevo servicio Mejor Niñez tiene un importante desafío al respecto. La evaluación del programa “Mi Abogado” muestra que es posible realizar políticas públicas de calidad que mejoren el bienestar de esta población. Sin embargo, falta mucho de eso aún si queremos lograr cerrar la deuda con estos NNA. Por ahora, es una alegría compartir esta buena noticia.
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