Un grupo de diputados RN insiste en que el nuevo sistema de admisión escolar es una tómbola. Esta percepción equivocada tiene su origen en las demandas del movimiento estudiantil, el cual rasgaba vestiduras ―junto a la izquierda― por poner fin a la selección escolar. Como en esos años nadie estaba preocupado de los matices, la derecha los acusaba de pretender asignar las vacantes por medio del azar. La Ley de Inclusión, sin embargo, a pesar de que declaraba explícitamente acabar con la selección, estuvo lejos de hacerlo. En los hechos, la programó. Así, si antes la selección quedaba en manos de la coordinación descentralizada entre apoderados y establecimientos ―nunca ha sido, dicho sea de paso, completa soberanía de los padres―, el nuevo sistema reemplaza el rol que tenían los colegios por un algoritmo administrado centralizadamente por el Estado, en los casos en que la demanda excede la oferta de vacantes. De esta manera, en el nuevo sistema, la aleatoriedad se efectúa atendiendo las preferencias declaradas de los apoderados.

Con todo, el nuevo método de selección no está exento de críticas y existen argumentos razonables para poner en duda de si es la mejor alternativa posible. Entre algunos temas de carácter técnico, por una parte, se asume que la preferencia declarada de los apoderados en el sistema es su preferencia real. En otras palabras, se descartan comportamientos estratégicos de los apoderados para maximizar la probabilidad de quedar en la segunda mejor opción, en casos que exista alta demanda por la primera. Por otra parte, no existe contrafactual en Chile para evaluar dicho sistema. Su implementación no se ha comparado con resultados anteriores, o con estimaciones de regiones donde aún no se implementa. En vez de haberse preocupado primero de estimar los niveles de eficiencia asignativa de procesos de selección descentralizados, o evaluar la pertinencia de una mayor regulación y fiscalización,

el sistema se cambió en base a prejuicios y diagnósticos que no requerían necesariamente de un algoritmo para ser solucionados ―como, por ejemplo, la selección en condiciones que la demanda era menor que la oferta―. Esto se produjo, en buena parte, a causa del bajo nivel de discusión parlamentaria de la Ley de Inclusión, donde abundaban las caricaturas ―entre ellas, que toda la educación era reflejo del azar de la cuna―. 

Finalmente, en una discusión que excede los límites de la economía y de la ciencia aplicada, es razonable discutir la pertinencia de dejar completamente de lado a los establecimientos educacionales en el sistema de selección. Si convenimos que la educación escolar no es una góndola de productos o un supermercado de conocimientos, donde los proyectos educativos son relevantes más allá del currículum y conocimientos específicos, considerando importantes también las creencias, visiones antropológicas, diversidad pedagógica, etcétera; atender solo la voluntad de los apoderados de pertenecer al establecimiento no parece suficiente. El algoritmo no puede evaluar individualmente, además, la disposición de los apoderados a comprometerse con los proyectos educativos, a participar en un proceso de coeducación permanente, ser tolerantes con la práctica de la fe, entre otras. La componente aleatoria del sistema, en suma, supone que esa disposición de los apoderados hacia el proyecto educativo del establecimiento es homogénea o irrelevante. Aun cuando se puedan incluir en el algoritmo atributos de los alumnos y familias que sean de preferencia de cada establecimiento, la fórmula difícilmente podrá evaluar, como lo hace cada colegio, la disposición y compromiso con el proyecto de educación que se ofrece.

En síntesis, la implementación del nuevo sistema de selección, se fundó en un supuesto de extrema desconfianza respecto de los sostenedores y particularmente de la sociedad civil, ese estadio donde se despliega la diversidad de proyectos educativos.

Y para proteger la riqueza de esa compleja diversidad, se requiere de instituciones que la promueva. En este sentido, el nuevo sistema de selección escolar merece ser discutido.