En agosto el gobierno ingresó al Congreso un proyecto que tiene por objeto otorgar beneficios tributarios especiales para la producción de hidrógeno verde y sus derivados, el amoniaco y el metanol. En la presentación del proyecto se sostiene que en la zona de Magallanes existen condiciones naturales especialmente favorables para su producción. Es más, el relato oficial ha sido uno en que se destaca el enorme potencial del país en la producción del hidrógeno verde y el proyecto está estructurado de tal manera de incentivar el desarrollo de la industria procesadora local, especialmente aquella de Magallanes.

La pregunta que surge es si desde el punto de vista económico-social tal subsidio tributario se justifica. La respuesta hay que buscarla en la literatura sobre el rol del Estado en una economía de mercado y en particular en aquella sobre política industrial. Si bien ésta, en algún momento no tan lejano, justificó el apoyo estatal discriminatorio a ciertas industrias como única manera de lograr la industrialización de los países -industrialización que se consideraba un requisito para el desarrollo-, hoy se sabe que eso no es así. En la actualidad se privilegian políticas que le permitan a los países explotar sus ventajas comparativas, lo que se puede dar en cualquier rama de la economía, entre ellas, la extracción de recursos naturales o los servicios. Es decir, la política industrial óptima sería una en que se corrigen las fallas de mercado (monopolios, monopsonios), si las hubiere, maximizando así el valor de la producción. Un adecuado manejo del gasto estatal debiese permitir entonces la maximización del bienestar social.

En el caso del hidrógeno verde en Chile se trata de un subsidio indeseable, dado que supuestamente tenemos una ventaja comparativa en su explotación y no se estaría corrigiendo falla de mercado alguna. Es más, la rebaja tributaria incentiva una actividad que es en extremo capital intensiva, de modo que el incentivo tributario tendría una incidencia mínima en el empleo. En efecto, la economía chilena no minera está demandando un capital equivalente a US$86 mil por empleo, en cambio, un proyecto de metanol verde en Magallanes necesita de US$7,5 millones por empleo (Valdés, 2025). Como los proyectos de hidrógeno verde requieren de enormes inversiones, lo más probable es que tengan un efecto empleo insignificante y que sean los aportantes de capital foráneos que se beneficien mayormente del subsidio tributario.

En resumen, el proyecto de subsidio a la industria del hidrógeno verde y sus derivados es un mal proyecto. Si realmente tenemos una ventaja comparativa en la producción de hidrógeno verde, esa industria se desarrollará sin necesidad de ayuda estatal, y si no la tenemos, el costo de subsidiarla será mayor que sus beneficios.

Por Rolf Lüders, economista