Con el paso del tiempo, cada vez son más las facetas de la vida diaria que están acompañadas por la tecnología. Y ante el inminente proceso para la nueva Constitución, hay quienes se cuestionan si en la próxima Carta Magna debieran añadirse, además de temas vinculados concretamente a la ciudadanía, aquellos que relacionan directamente a los nuevos avances tecnológicos.

La discusión de derechos digitales ya ha sido planteada en países como Finlandia, Colombia, Italia y España, entre otros. Y al momento de utilizar este concepto no se apunta necesariamente a derechos completamente nuevos, sino a la expresión normativa específica con respecto de aquellos que ya tenemos, como la libertad de expresión, la privacidad, el derecho al acceso al conocimiento, la cultura, entre otros, pero expresados en el plano digital. “Son los mismos que poseemos fuera de la tecnología y las redes, pero aplicadas al contexto en que la tecnología permite tanto facilitar el ejercicio de estos derechos, como también perjudicarlo”, dice Juan Carlos Lara, director de investigación y políticas públicas de la ONG Derechos Digitales.

Con respecto a explicitar en la nueva Constitución los derechos digitales, el abogado dice que no es tan necesario que estos se expresen de manera separada, pues lo que importa es que la forma en que se regulen los derechos fundamentales de los ciudadanos sea tal que estos estén protegidos sin perjuicio de si se ejercen fuera o dentro de la tecnología. Y ejemplifica sobre asegurar que exista la misma libertad de expresión o nivel de privacidad, sea que se use un celular, se esté tuiteando, escribiendo un blog o publicando un fanzine impreso.

”Estos medios deben tener la misma libertad de expresión y no ser objeto de persecución o alguna búsqueda de responsabilidad por parte del Estado de forma diferenciada. Sí en la medida que se justifique esa diferencia, como podría ser a propósito de ciberdelitos. El propósito detrás de cualquier iniciativa de protección de derechos digitales radica en la defensa de aquellos ya existentes, pera que los mismos resguardos estén en el entorno digital”, señala.

El senador Kenneth Pugh dice que un derecho que debería discutirse para una nueva Constitución es la protección de los datos personales.

“Todo lo que se pueda digitalizar o conectar lo está haciendo. El que no lo hace, desaparece. Y como todo sigue ese camino, debe garantizarse a las personas diversas cuestiones. Entre ellas algo esencial, como la protección de los datos personales”, dice el senador Kenneth Pugh, quien ha llevado la bandera en temas digitales en el Congreso y ha instalado conceptos como el de República Digital.

Sobre lo que debiera plantearse en la discusión para escribir una nueva Constitución, el parlamentario indica que no solo tiene que ver con incluir asuntos vinculados a lo digitales, puesto que también habrá que velar por que estos, una vez definidos, se apliquen. “Tengamos cuidado con creer que teniendo derechos digitales en la Constitución es suficiente. No es ni la mitad de problemas que tendremos que enfrentar”, afirma.

Al ser el país más conectado y con mayor penetración de internet dentro de la población, dice el congresista, estas cuestiones se vuelven más relevantes. “Un derecho esencial es que el Estado, o quién corresponda, pueda hacer cumplir la ley en el ciberespacio. Y para eso necesitamos, además, una nueva ley de delitos informáticos, porque en la práctica los delincuentes que te atacan pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo y ellos también se cambiaron a teletrabajo”, afirma.

“Todos los temas que ya tenemos físicos, deben tener su contraparte digital. El ciberespacio es una toma y estamos colgados. Tenemos que urbanizarlo y para eso hay que partir con la conectividad, el acceso, garantizar fibra óptica en todas las comunas y llegar a las escuelas”, plantea el senador, que presentó en junio del año pasado un proyecto de reforma constitucional para reconocer el derecho al relacionamiento digital de los ciudadanos con el Estado, con el cual busca promover la digitalización de procedimientos administrativos, impulsar el desarrollo digital de la nación y fomentar la cultura de esta misma, entre otros puntos.

“Una nueva Constitución debiera tener un artículo para educar a la población con respecto a la Carta Magna, porque no todos se manejan al respecto y no se empoderan con las cosas que ahí se dicen”, afirma Barbarita Lara, primera chilena ganadora del título “Innovadores Menores de 35 en Latinoamérica” del MIT Technology Review en 2017, revista del Instituto de Tecnología de Massachussetts. La ingeniero informático, candidata a constituyente en el próximo proceso constitucional por el Distrito 7, dice que los derechos digitales son fundamentales para el desarrollo propio de los ciudadanos. “Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que estamos en la cuarta revolución industrial, la de los datos, estos son poder porque se transforman en información y hay que protegerlos”, sentencia la ingeniero.

El factor central de la Constitución, plantea Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, debe ser la vida de las personas y no la tecnología, el cómo es la forma en que los ciudadanos, y por lo tanto los derechos, se expresan o perjudican a través de los avances tecnológicos. “En ese sentido, tener un resguardo fuerte de la inviolabilidad de las comunicaciones, que es un derecho que inicialmente fue pensado a propósito de la apertura del correo postal, quizás se extienda a mis comunicaciones a través de WhatsApp u otros medios”, explica.

La Constitución mexicana establece expresamente el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación.

A pesar de eso, sí hay algunos ámbitos en los que puede ser necesario que la Constitución “sea más clara”, como en el acceso a internet. “Las tecnologías de la información y comunicación se han vuelto tan importantes, que existe un impulso por la consagración a nivel constitucional del acceso a internet como derecho fundamental. Y si bien es una propuesta valiosa, la Constitución está centrada en las personas y no tanto en cuál es la tecnología contingente al momento. Se toma como ejemplo la Constitución mexicana, que establece expresamente el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Y mencionan a internet. Pero no se quedan solo en eso, sino que lo garantizan en términos más amplios. Es el ‘Derechos de acceso a las tecnologías de información y comunicación’, y de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Y eso es importante, porque internet es una de las tecnologías y en el futuro puede ser otra cosa”, comenta.

Barbarita Lara dice que muchas veces, en textos constitucionales o leyes en otros países, se habla de “conectividad” o “acceso a la información” y se deja ese derecho digital en términos amplios. “Porque mañana podría llamarse Internit y ahí nuestra Constitución fallaría. Pero si dices ‘Acceso a la información’, también queda muy amplio... Porque, ¿acceso a qué tipo de información? ¿Cómo accedes a esa información y cuándo?”, dice la ingeniero informático. Además, plantea que se tendrá que proponer el acceso a Internet en un sentido que se asegure, quizás, “uno básico que al menos permita mandar un mail, o bien que hayan compañías privadas que den esa prestación”. “En ese sentido tampoco es malo, porque en Chile el 20% de la población no tiene acceso a internet”, afirma Lara.

Actualmente, como lo digital es transversal a todos los procesos ya existentes, es relevante primero dirimir qué es lo que se incluirá en una próxima Carta Magna y qué es lo que luego quedará para ser visto por las leyes que le sucedan. “Uno podría pensar que todas las garantías, los derechos y libertades que establecen los distintos convenios y tratados internacionales van a ser plenamente aplicables en Internet. Como el derecho a la privacidad e intimidad en el uso de datos personales. Pero se deben instalar primero estos principios generales y después las leyes que sigan detallarán cada cosa, porque obviamente en 10 años más las tecnologías y todo van a ser distintas”, dice Thierry de Saint Pierre, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI).

De Saint Pierre enumera algunos derechos que considera debieran tener su contraparte aplicada en la red, como el derecho al olvido, a la privacidad, la libertad de expresión, a la identidad y seguridad digital, educación y alfabetización digital, el acceso universal a internet, entre otros. “En estos casos, ¿habrán límites o responsabilidades? Supongo, por ejemplo, que habrá que redefinir la libertad de expresión. Con las fake news y el ciberbullying te vas al otro lado de esa libertad y en la red pareciera no haber limitaciones”, dice el líder de la ACTI, que tiene una mesa de especialistas trabajando en temas para la próxima discusión constitucional. Y continúa. “El derecho al olvido es relevante, porque hay chicos de 13 o 15 años publicando su vida, ¿En 20 o 30 años más querrán que esa información siga ahí? Creo que no necesariamente queremos que todo se sepa en el futuro. Lo mismo sucede con la privacidad e intimidad en el uso de datos personales. No puedo entrar a tu casa, pero sí a tus redes sociales. ¿Hasta dónde tengo derecho a la privacidad?”, añade.

La candidata a constituyente, Barbarita Lara, añade otros como la intimidad digital en el ámbito laboral, la neutralidad en internet, a la portabilidad digital, a la rectificación en Internet, a la actualización de información en medios digitales y la privacidad en línea. “Hay quienes dicen que no es necesario legislar sobre neuroderechos, que en algunas constituciones se han visto. Estaría abierta a tener una nueva Constitución que se preocupe de lo que está por venir. Algunos abogados dicen que no es necesario, ‘porque aún no existe la tecnología’. Pero cuando haces una constitución no solo tienes que pensar en el ahora, sino también en el futuro”, dice Lara sobre el tema que comenzó a discutirse hace dos años en Chile y que apunta a la posible pérdida de la privacidad mental dado los avances de la tecnología.

En este caso particular, Elon Musk, cofundador de SpaceX, PayPal, entre otras firmas, y director de Tesla, presentó en 2020 uno de sus más recientes avances con otra de sus compañías, Neuralink. En el experimento mostró tres cerdos a los que les implantó un chip con el que se podían monitorear imágenes cerebrales y señales neuronales.

Musk, que espera experimentar próximamente con humanos, pretende con sus resultados ayudar a usuarios tetrapléjicos y que tengan otras dificultades motoras. Facebook también apoyo un proyecto similar, y que permitiría escribir a través de electrodos que captaran las señales del cerebro. “Si con Neuralink ya se puede leer información en el cerebro, entonces ya se podría instalar información. Hay que velar por la privacidad y control del cerebro, en el aspecto que sea mío. Hubo un debate y se dijo que no era necesario, pero a mí me preocuparía desde ya que me instalaran alguna publicidad”, dice la ingeniero informático.

"Hay que velar por la privacidad y control del cerebro, en el aspecto que sea mío", dice Barbarita Lara, candidata a constituyente.

A las propuestas anteriores para una nueva Constitución responde Kenneth Pugh. “Sumaría, inclusive, a la democracia, porque estaría en riesgo si dejas que las fake news se apoderen de ella. Finalmente, si no regulas la información falsa en Internet, pueden manipular la realidad. Todos nuestros temas físicos deben tener su contraparte digital. No podemos permitir que el mundo digital coarte o manipule aquello que hacemos naturalmente en el mundo físico”, afirma el senador.

Sobre las temáticas mencionadas, Juan Carlos Lara dice que “hay muchas de esas propuestas que tienen sentido desde un punto de vista legislativo más que constitucional”. “En cuanto se trate de expresiones digitales de derechos fundamentales, muchas de estas cosas probablemente no requieren de ser constitucionalizadas, como el derecho al olvido o los neuroderechos, porque no tiene tanto sentido poner dentro de una constitución cosas que ya pueden elaborarse legalmente, en vez de convertirlas en restricciones a la acción posterior del legislador”, dice el abogado.

Uno de los grandes cambios que debiera realizar el Estado, y que se conjugaría con una nueva Constitución, es el de pasar a un sistema transaccional seguro de datos. “Lo esencial que hay que comprender es que Chile tiene que tener una plataforma segura de interoperabilidad, que va mucho más allá que el tema técnico de traspaso seguro de datos y significa que estos tengan certeza jurídica.

Todos los actos digitales del Estado, de las personas naturales o jurídicas, tienen que estar en un sistema con trazabilidad e integridad de la información. Ahí yo, ciudadano digital, puedo ubicar mis datos y saber quién se metió a ver mi información y por qué. Eso garantiza la transparencia”, dice Pugh, sobre un sistema que ya tienen implementado en Finlandia, Estonia, Colombia, Quintana Roo en México, Neuquén en Argentina, entre otros. Barbarita Lara se suma al senador y dice que es necesario que el sistema de información “sea abierto”.

Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, afirma que esto, denominado Autodeterminación Informativa, puede afectar la dignidad de la persona, porque pueden haber quienes tomen decisiones sobre uno a partir de información que es plenamente pública. “Inclusive la autodeterminación informativa es algo que merece estar en la nueva Constitución. Debe haber una autoridad pública de control que se haga cargo y que la legislación, una vez que exista, se haga efectiva. En los datos personales la legislación existe, pero en qué tan efectiva es, creo que hay consenso en que no lo es tanto”, complementa.

En 2011 internet fue declarado como un derecho humano por la ONU. Ese mismo año, la Organización de Estados Americanos afirmó que los gobiernos tienen el deber de promover su uso y garantizar su no interrupción a la población. “Todo esto viene de la mano, pero en el momento en que estamos haciendo toda nuestra vida de forma digital y estamos exponiendo tanta información nuestra, se hace importante transformarlo en un derecho y asegurar su protección. El Estado debe garantizar que nuestra información no sea mal utilizada por ninguna institución, porque el poder que puede llegar a tener una persona con tus datos es lo que hace pedir que se garanticen estos derechos”, dice Barbarita Lara y ejemplifica: “Uno va al supermercado y te ofrecen una promoción personalizada. Y el negocio más fuerte que hacen es a través de las cosas que consumes, qué podrías llegar a consumir y qué dejaste de comprar”.