Cámara aprueba acusación constitucional contra Víctor Perez: es el primer ministro del Interior en quedar suspendido de su cargo desde el retorno a la democracia

Tras una jornada que se extendió por más de cinco horas, la Cámara aprobó el libelo por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención. Finalizada la sesión, Pérez dio a conocer su salida de la cartera y explicó que enfrentaría al Senado como un "ciudadano".




Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional presentada contra Víctor Pérez. Con esto, el titular del Interior se convertía en el primer ministro de esta cartera en quedar suspendido en el ejercicio de su cargo desde el retorno a la democracia. Sin embargo, al término de la sesión, Pérez anunció que renunciaba a la cartera.

“Para mí es imposible aceptar que el Presidente de la República esté 7 u 8 días sin ministro del Interior”, explicó al momento de dar a conocer su decisión. En medio del complejo escenario que enfrentaba en la Cámara, La Tercera PM ya había adelantado que en una reunión sostenida ayer por los senadores de la UDI se analizó la posibilidad de que el jefe de gabinete saliera de su cargo antes de que el libelo se vote en el Senado.

Pese a su dimisión, aún arriesga -si el Senado aprueba- quedar suspendido por cinco años para ejercer cargos públicos.

Votación

El anuncio de la renuncia se concretó tras una jornada que se extendió por más de cinco horas, en el que la Cámara aprobó la acusación por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención. Desde La Moneda, ya proyectaban que ésta seguiría su curso.

Antes de ingresar a la sala de la Cámara de Diputados, Pérez anunció que no invocaría la cuestión previa, decisión que coincidió con la tomada por la defensa del exministro de Salud, Jaime Mañalich, quien sorteó este mismo proceso a mediados de octubre.

Ayer se conoció que Pérez fichó a Gabriel Zaliasnik -quien también representó a Mañalich- dejando atrás a sus abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza, quienes en el escrito de contestación argumentaron “que las fuerzas de orden y seguridad, es decir, Carabineros, no dependen de Interior bajo un estado de catástrofe, sino de los jefes de la defensa, quienes están al mando del Ministerio de Defensa, liderado por Mario Desbordes, lo que desató un conflicto al interior de La Moneda, desatando la molestia del Presidente Sebastián Piñera y de Renovación Nacional.

“Los argumentos jurídicos de esta acusación son potentes y la defensa no ha podido desvirtuarlos”

El diputado Gabriel Ascencio (DC) -quien representó a la parte acusadora- sostuvo que “no son los manifestantes quienes ponen en peligro la democracia, tampoco las acusaciones constitucionales".

La democracia y nuestras instituciones “tambalean”, dijo, "se debilitan y se ponen en peligro cuando las autoridades en este país, en este caso, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez Varela, infringen la Constitución y nuestras leyes o dejan a estas sin cumplir, como se ha demostrado contundentemente durante el desarrollo de esta acusación”.

“Los hechos y los argumentos jurídicos de esta acusación son potentes, de las más claras que hemos tenido en este Congreso, y la defensa no ha podido desvirtuarlos; por el contrario, ha intentado desviar esa responsabilidad, y ha caído en versiones contradictorias incluso con otros miembros del Gobierno y de sus propios subordinados, como Carabineros de Chile”, sostuvo el diputado.

“La acusación implica a una renuncia a la buena política”

“Aquí he descubierto una realidad. Las decisiones parecen estar tomadas antes de que se escuchen los argumentos de las partes (...) Hay una puesta en escena que no se condice con la gravedad de lo que está en juego”, partió diciendo el abogado Gabriel Zaliasnik, quien expuso tras la intervención de Ascencio, y recordó que hace menos de un mes estuvo presente en la sala defendiendo al extitular de Salud, Jaime Mañalich.

Zaliasnik comentó que en el primer capítulo del libelo, “se crítica al ministro por enfrentar el paro de camioneros con una actitud propia de la actividad política”. Frente a los cuestionamientos por no haber aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado, el defensor sostuvo que si con esto “se pretende judicializar un conflicto político”, representaría un “precedente peligroso”.

“Esta acusación pretende que todo requiera de Ley de Seguridad del Estado (...) El derecho penal no resuelve los problemas políticos de una sociedad, no hubiera resuelto el paro de los camioneros, es peligroso el camino que nos invitan a emprender”, sostuvo.

En tanto, sobre al actuar de Carabineros, el abogado planteó que “un problema estructural de nuestras fuerzas de orden público que no pueden ser imputadas" a Pérez. “La conclusión de los tres capítulos es ministro Pérez no dialogue, aplique la seguridad del Estado, siempre, use la fuerza pública en todo”, aseguró Zaliasnik, y agregó que “toda la acusación implica una r

enuncia a la política, a la buena política”.

Respecto a la polémica defensa que esgrimieron los antiguos abogados de Pérez -episodio que fue citado en varias oportunidades por los diputados- Zaliasnik sostuvo que “el acusado es el ministro y no sus abogados” y agregó que "los abogados que me antecedieron dan cuenta de una interpretación jurídica posible, pero al escuchar a los acusadores uno advierte solo una interpretación política de dicha interpretación jurídica”.

El profesional también expresó que “es imposible pretender evaluar una gestión ministerial en tan breve período” y que esto “terminará generando una inmovilidad política de gestión porque cada nuevo ministro que sea nombrado podrá ser acusado”.

“El diálogo que se tiene que dar en esta sala ya está resuelto de antemano”

Luego de que su defensa representada en el abogado Gabriel Zaliasnik expusiera ante la Cámara de Diputados el ministro del Interior también tomó la palabra y se refirió a la acusación constitucional presentada en su contra, reconociendo que el resultado “está casi resuelto” de antemano.

Pérez también recordó su trayectoria en el Congreso y los acuerdos alcanzados con la ex Concertación en casos como MOP Gate o la fallida inscripción de candidaturas de la Democracia Cristiana. En este sentido, expresó que cree “en el rol de la política y de la Cámara de Diputados” y entregó detalles de su gestión durante los últimos tres meses, reiterando que "no se arrepentía” de haber asumido como jefe de gabinete.

Antes de finalizar su intervención, Pérez aseguró que si esta acusación hubiese sido presentada contra otras figuras que en el pasado ejercieron el cargo de ministro del Interior -como Jorge Bustos o René Cortazar- él también la hubiese calificado como “injusta y sin fundamentos”.

Tras exponer en la sala, Pérez fue aplaudido por cerca de un minuto y medio tanto por los legisladores oficialistas como también por los ministros presentes en la sala quienes se pusieron de pie.

Los argumentos de las bancadas

Desde Revolución Democrática, el diputado Jorge Brito sostuvo que la acusación "tiene un único y urgente sentido político. Y es no darle ni un día más de ministro al señor Víctor Pérez, porque ha hecho de la provocación su práctica política. Y en los momentos más difíciles de nuestro pueblo ha decidido y planificado actuar por fuera de la ley, utilizando al Ministerio del Interior para los objetivos ideológicos de la extrema derecha de la cual ha formado parte siempre”.

Luego, a nombre de Evópoli, Luciano Cruz-Coke comentó que "la única forma de cohesión que tiene hoy esta oposición es oponerse a todo. Trancar todo proyecto posible del gobierno, tratar de burlar las leyes y la Constitución, es buscar botar ministros, incluso botar al mismo Presidente Piñera”.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Matías Walker comentó que "la alegación que ha hecho el diputado Gabriel Ascencio, cómo ha sostenido finalmente esta acusación ha sido brillante y la defensa ha sido incapaz de contestar los hechos y fundamentos de derechos”.

En tanto, Alejandro Bernales, del Partido Liberal, comentó que "durante el último año y por cierto durante los últimos tres meses no ha existido un respeto irrestricto por los DD.HH. No hay control del orden público, tampoco se le ha entregado protección y seguridad a los propios carabineros”.

En el caso del Partido Socialista, la diputada Jenny Álvarez sostuvo que “sobre el último capítulo, el ministro del interior ha incurrido en la infringido de la Constitución y las leyes, porque Carabineros reiteradamente ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada. Y de eso se ha segundo lesión de derechos constitucionales, especial y notoriamente el derecho a la vida e integridad física”.

El diputado Luis Pardo de Renovación Nacional criticó que "se le acusa el ministro Pérez de haber sido demasiado blando con los camioneros y demasiado duro con las manifestaciones violentas, acusando una discriminación arbitraria de carácter político como si no hubiera diferencias objetivas entre ambas”.

“Resulta lamentable el esfuerzo que algunos realizan para lograr un empate insostenible entre el paro de camioneros y quienes reiteradamente queman maquinaria, camiones, escuelas, metro e iglesias”, enfatizó el legislador.

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