Reuniones de urgencia se realizaron este lunes en la tarde en la Cámara de Diputados, en la antesala de la votación de la reforma que establece una multa por no votar a ciudadanos chilenos, excluyendo a los extranjeros.

Si bien al final la iniciativa fue aprobada en su idea de legislar (por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones), el debate fue áspero y debió sortear, además, un intento del gobierno para derribar el proyecto.

De todos modos, la reforma será devuelta a la Comisión de Gobierno para que revise un conjunto de indicaciones presentadas por diputados oficialistas, lo que podría igualmente ralentizar la tramitación.

La iniciativa, de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas), había sido planteada por la oposición al gobierno como una forma de destrabar el debate respecto del voto obligatorio, principio que está regulado en la Constitución, pero que carece aún de una norma legal que regule un mecanismo sancionatorio para quienes no concurran a las urnas.

Contraorden

Si bien esta alternativa era una fórmula aceptable para algunos legisladores oficialistas, ya que no forzaba la votación de los extranjeros, aquella apertura recibió una severa contraorden las pasadas las 15 horas, cuando la sesión para votar la iniciativa ya había comenzado.

En las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, la titular de esa cartera, Macarena Lobos, se reunió con los jefes de bancada del oficialismo para transmitirles la “recomendación” de La Moneda de abstenerse.

Lobos y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), habían liderado las conversaciones con la derecha, que tenía como interlocutores al presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), y a la autora de la iniciativa, la misma diputada Pérez. De hecho, este lunes en la mañana, Elizalde y Lobos se reunieron en la sede del Congreso en Santiago con Castro, cita a la que la legisladora de Demócratas no alcanzó a llegar por un problema mecánico de su vehículo.

Sin embargo, la recomendación de Palacio, adoptada por Elizalde, según confidenciaron algunos parlamentarios, implicaba desahuciar las negociaciones y dejar caer el proyecto, que por ser una reforma a la ley orgánica de Votaciones y Escrutinios necesitaba del respaldo de 76 diputados. Hoy la oposición no tiene por sí sola esa cantidad de votos en la Cámara.

Paralelamente, en las oficinas del comité de la UDI, se reunieron todos los jefes de bancadas de la oposición, además de Pérez y Castro, con el fin de evaluar si había piso para aprobar la iniciativa, al menos en su idea de legislar. Al término de ese encuentro, sin embargo, el conteo de voto seguía siendo estrecho, lo que obligó a la oposición a buscar algunos descolgados del oficialismo.

De hecho, en la alianza gubernamental no todos los legisladores quedaron conformes con la contraorden de La Moneda y, en vez de abstenerse, prefirieron salir de la sala y no votar.

La votación final, que se transformó en una derrota táctica para el Ejecutivo, evidenció, además, el desmarque de algunos legisladores que prefirieron no ceñirse a la recomendación de Palacio, entre ellos, Jaime Mulet (FREVS); las independientes Marisela Santibáñez y Marcela Riquelme; el presidente de la Comisión de Gobierno, Rubén Oyarzo (radical); el presidente de la DC, Alberto Undurraga; y el jefe de bancada del comité democratacristiano, Héctor Barría.

Restringir voto migrante

La razón del gobierno para tirar el mantel obedecía a un diseño estratégico para ganar tiempo y llevar esta negociación al Senado.

Si se hubiera rechazado la idea de legislar, se abría una intensa discusión jurídica de si el proyecto que establece la multa podría volver a discutirse dentro de un año, según una restricción legislativa que establece la Carta Fundamental.

Ello le daba al Ejecutivo una nueva herramienta en la negociación, cuya apuesta era aprovechar este debate para restringir con más medidas el voto de los extranjeros.

En primer lugar, La Moneda es partidaria de que el sufragio de los inmigrantes no nacionalizados solo se aplique en elecciones regionales y municipales. Además, que el requisito de cinco años de residencia sea siempre definitiva. Esas fueron algunas de las exigencias que plantearon Elizalde y Lobos a los diputados opositores, pero al recibir un portazo de vuelta, dieron por terminadas las tratativas.

Este lunes, la diputada Pérez criticó especialmente al ministro Elizalde por tratar de bloquear el proyecto. “Este proyecto debió haber sido ley hace mucho rato, es del 2019. Él (el ministro Elizalde) era senador y nos dijo, nosotros tramitamos la ley orgánica y ustedes la reforma a la Constitución”, dijo.

Y añadió: “Él no cumplió, en cinco años, se lo pedimos a través de la Comisión de Gobierno, está en actas y nunca cumplió, y por eso le pusimos un proyecto que era de toda lógica, intermedio, que hablaba de ciudadanos (chilenos), que dejaba sin multa a los extranjeros, pero el señor Elizalde quiere ir más allá, quiere eliminar que voten los extranjeros cuando los han utilizado siempre”.

La legisladora de Demócratas agregó que “nosotros no nos negamos a revisar los requisitos de los extranjeros que puedan votar en Chile, pero nos parece hacerlo a cuatro meses de un proceso de elección, que ellos ya partieron con una primaria como oficialismo”.

Singularidad

Actualmente la legislación chilena, por una mezcla de reformas que se han ido acumulando en forma inorgánica no solo le otorga el derecho a los migrantes votar en todo tipo de elecciones (presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales y plebiscitos), sino que, además, los obliga. Basta que no enfrenten problemas judiciales graves y tengan cinco años de residencia, incluso temporal y discontinua, para poder sufragar.

En los últimos comicios han operado multas transitorias para migrantes y electores chilenos, pero está pendiente lo que ocurrirá en los próximos meses, ya que la calculadora electoral del gobierno y la oposición ha entrampado la posibilidad de un acuerdo que resuelva esta singularidad a nivel mundial.

Lo paradójico de este debate es que las autoridades del oficialismo, que años atrás abogaban por los derechos civiles de los extranjeros, incluyendo su sufragio, hoy prefieren que no voten, pues temen que la mayoritaria comunidad venezolana adopte un voto de castigo contra la izquierda.

Ello ha provocado un cambio de mirada de la oposición, que históricamente bregó para restringir la oleada migratoria. Sin embargo, hoy es la principal defensora de que los extranjeros también tengan la obligación de votar. Ese giro está influenciado por la suposición de que los inmigrantes tienen una mayor sintonía con la derecha.

Estos cambios de opinión fueron reprochados mutuamente este lunes en la sala. Por ejemplo, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) acusó a la oposición de darse “una voltereta”, mientras que su par Johannes Kaiser (libertario) le enrostró al oficialismo haber dado un salto “olímpico” en esta materia.