La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este miércoles el proyecto que reforma el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), introduciendo mayores exigencias en materia de transparencia, responsabilidad institucional, gobierno corporativo y rendición de cuentas.

La iniciativa, impulsada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, fue aprobada por siete votos favor y dos en contra, y ahora continuará su discusión en particular al interior de la instancia legislativa.

Uno de los principales cambios propuestos por la iniciativa presentada por los diputados RN Ximena Ossandón, Andrés Celis y Eduardo Durán apunta a elevar el estándar para la presentación de querellas por parte del INDH, estableciendo que deberán contar con el respaldo de dos tercios de su Consejo.

Si dicho quórum no se alcanza, podrán aprobarse por mayoría simple, pero los consejeros que respalden la acción asumirán responsabilidad solidaria por el eventual pago de costas.

El proyecto también modifica la composición del Consejo del organismo para fortalecer su pluralismo e incorporar una mayor participación del mundo académico.

De la misma forma, busca garantizar que las opiniones minoritarias queden registradas en las actas e informes institucionales.

En materia de transparencia, la propuesta obliga al director y al Consejo del INDH a comparecer, al menos, dos veces al año ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

Asimismo, dispone la publicidad de las actas y votaciones, la incorporación de indicadores objetivos y resultados judiciales en su informe anual, y la creación de un registro público de todas las acciones judiciales presentadas por el organismo.

La reforma también incorpora normas sobre conflictos de interés, obligando a los consejeros a abstenerse en decisiones vinculadas con personas u organizaciones con las que mantengan relaciones personales o profesionales, además de contemplar inhabilidades para quienes hayan tenido vínculos políticos recientes.

Igualmente, regula la actuación de los observadores de derechos humanos en manifestaciones públicas, los que deberán entregar los antecedentes recopilados al Ministerio Público dentro de un plazo determinado y actuar conforme a protocolos basados en criterios de objetividad y colaboración con la justicia.

A todo ello se suma otra modificación que permite que un tercio de los diputados en ejercicio solicite ante la Corte Suprema la remoción de un consejero, estableciendo un procedimiento destinado a resguardar el debido proceso.

La diputada Ximena Ossandón, integrante de la comisión y una de las autoras de la moción, valoró el respaldo obtenido durante la votación en general, asegurando que “lo más importante es que salga un buen proyecto robusto, grande, con los cambios que el instituto necesita para que realmente Chile tenga, se sienta orgulloso de su Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

Para luego agregar: “y que (el INDH) tenga la conformación que corresponde y que, de alguna forma, le vayamos cambiando la mala fama que tiene, y que realmente esté en línea con con todos los principios de París, y eso es lo que yo creo que van a resultar”.

“Me parece super bien que en general, la mayoría votaron a favor, bastante transversal, uno que otro es en contra, pero muy poco, y eso indica que en el fondo, hay una actitud para poder avanzar en un cambio, que este este instituto sea mejor y los chilenos, nos sintamos orgullosos de él”, añadió la legisladora en relación al el carácter transversal de la votación.

Finalmente, en relación a la existencia de otra iniciativa del Ejecutivo sobre la misma materia, Ossandón manifestó la disposición de sus autores para compatibilizar ambas propuestas durante su tramitación.

“Bueno, la idea es que sí hay dos proyectos, una moción parlamentaria y un mensaje de parte del gobierno, nosotros tenemos toda la disposición de esperar el trámite, justamente tratando de llegar a acuerdo y fusionarlos”, apuntó.

La presión de la derecha en contra del INDH

Luego de que el INDH confirmara su visita al detenido por el crimen del cabo Eugenio Naín a mediados de julio pasado, la derecha comenzó a endurecer los cuestionamientos en contra del organismo.

Entre ellos los de las bancadas de diputados de la UDI y el Partido Nacional Libertario, que antes de que se conociera esa visita ya habían enviado una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en la que pidieron eliminar el INDH a través de un proyecto de ley.

Por parte de la Administración Kast, en tanto, el plan es ingresar un proyecto para reformar y “modernizar” el instituto. “Estamos trabajando en un anteproyecto que presentaremos en el Congreso Nacional en los próximos meses”, explicó en julio el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, quien hoy estuvo presente en la sesión de la comisión legislativa y reafirmó el plan del Ejecutivo.

Una última mirada compartida por RN, tienda desde donde el senador Andrés Longton fue uno de los primeros en avalar un proyecto para reformar el INDH y su presidenta, la senadora Andrea Balladares, afirmó que “las instituciones democráticas no son intocables: su legitimidad se fortalece cuando son capaces de corregir sus propias deficiencias”.

“Si una parte importante de la ciudadanía percibe que el INDH ha perdido objetividad o que no actúa con el mismo estándar frente a todas las vulneraciones, no podemos desestimar esa señal”, le afirmó Balladares hace algunas semanas a La Tercera.