Este lunes los principales dirigentes de los partidos de la oposición volverán a reunirse en la sede del Partido Socialista. Las dependencias de París 873 han ejercido como centro de operaciones en las que el sector se ha coordinado para hacer frente al gobierno del Presidente José Antonio Kast, cuya iniciativa emblema es el megaproyecto económico que se tramita en el Congreso.

Esta última reforma ha sido el eje de los encuentros para presentar la contra-propuesta a lo planteado por La Moneda. La redacción de esta iniciativa quedó en manos de la Red de Centros de Pensamiento Progresista (RCCP), que incluye grupos de estudios como Igualdad, Nodo XXI, Horizonte Ciudadano, Rumbo Colectivo e ICAL.

Dentro de la articulación de economistas figuran algunos de los que trabajaron en el comando presidencial de Jeannette Jara, como Luis Eduardo Escobar (PPD), Osvaldo Rosales (PPD), Ana María Correa (DC) y Nicolás Bohme (PC), así como también otros expertos, como Carlos Ominami (PS) y Pablo Jorquera (FA).

El documento de 16 páginas, al que tuvo acceso La Tercera y que será lanzado oficialmente este lunes en el Congreso de Santiago, consta de ocho puntos sobre el megaproyecto de Kast, además de uno dedicado a las conclusiones. Todo, como parte de la ofensiva de la oposición, en la que algunos sectores más duros han amenazado con convertir la tramitación legislativa en un infierno, mediante un tsunami de indicaciones.

El texto de los economistas -que apunta a mostrar propuestas- parte de la base de los reparos que han presentado el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) a la propuesta del gobierno, lo que, advierten, implica que “parecería peregrino que el gobierno persevere en el proyecto, sin aceptar modificaciones y persiguiendo una tramitación ultra acelerada del mismo. Una reforma tan significativa requiere un amplio acuerdo político y técnico”.

No obstante, se abre a la rebaja al impuesto corporativo a las empresas, como palanca de inversión, siempre que existan compensaciones. Y se opone a la invariabilidad tributaria y a la eliminación de contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores de 65 años.

Los planteamientos

El primer punto aborda la “discusión parlamentaria”, donde -en el texto- se advierte que “una reforma tributaria que se apruebe en el Parlamento con una tramitación express, no deja espacio a un consenso político que asegure acuerdos de mediano plazo y estabilidad para los inversionistas”.

Junto a esto enfatiza que los reparos del CFA significan “una invitación al gobierno para mejorar sustancialmente el proyecto mediante un acuerdo transversal, lo que implicaría retirar la urgencia y armar una mesa técnica de alto nivel“.

El segundo acápite lleva por nombre “megaproyecto y el escenario macroeconómico”. Allí se acusa de estar en un año con un escenario de menor crecimiento y mayor inflación, por lo que, dicen, “es una mala idea agregar recortes del gasto público, que restarán dinamismo a la economía y a la generación de empleos”.

“La reforma tributaria que propone el gobierno se financiaría con recortes en el gasto público, los que no estarán presentes en la discusión legislativa del propio megaproyecto”, se agrega en la misma línea.

En el tercer punto se habla sobre “la concepción del crecimiento”, que para el grupo de expertos de la oposición “es el retorno a la añeja ‘política del chorreo’, en lugar de la construcción de un crecimiento inclusivo y sostenible. (...) Vemos con preocupación que el proyecto de ley deja de lado a las PYMES, concentrando los beneficios derivados de sus iniciativas en la gran empresa”.

En la cuarta materia, en tanto, se proponen 15 medidas que, para los autores, son “estímulos a la inversión”. Dentro de las ideas incluidas hay varias relacionadas con la permisología, como “implementar reglamentos para la ley Marco de Autorizaciones Sectoriales”, “terminar de complementar el proceso de agilización de permisos sectoriales”, “fortalecer la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión del Ministerio de Economía”, “implementar el Sistema Unificado de Permisos” y “racionalizar el proceso de tramitación ambiental de los proyectos de inversión”.

Sobre esto último, en todo caso, se reconoce que “las 6 propuestas del proyecto de ley al respecto van bien encaminadas y son una buena base para la discusión. Agregaríamos eliminar la instancia política del Comité de Ministros”.

En el mismo punto se anexan medidas como “racionalizar la gestión del Consejo de Monumentos Nacionales”, junto con reconocer que propuestas de La Moneda sobre plazos fatales e inversiones menores van bien encaminadas. Esto además de “instaurar una Oficina Presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública”.

En el quinto punto se analizan las medidas incluidas en la reforma del gobierno, en las que los economistas avalan -aunque con condiciones- el corazón de la megarreforma de Kast, diciendo que “salvo la rebaja del IDPC” (Impuesto de Primera Categoría), “el resto de las medidas tributarias aportan poco o nada al crecimiento; empeorarán las cuentas fiscales y concentrarán aún más el ingreso, pues prácticamente todas las medidas tributarias benefician al 1% más rico de la población”.

Sobre lo anterior, enfatizan que “la única que puede contribuir a elevar la inversión es la reducción del IDPC, siempre que se realice de manera fiscalmente compensada para no dañar los equilibrios fiscales, dado que tiene un costo para el fisco de US$ 1.800 millones”.

Sin embargo, son drásticos en cuestionar la invariabilidad tributaria por 25 años que plantea el texto de La Moneda, afirmando que “es una barbaridad como política pública”. También critican la eliminación de las contribuciones a las primeras viviendas de los adultos mayores de 65 años, porque “termina beneficiando a los grupos más ricos del país y deterioran los ingresos del Fondo Común Municipal”.

En su sexto punto los economistas escriben sobre “el subsidio al empleo y la eliminación de la franquicia SENCE”.

“Proponemos un subsidio a la contratación enfocado en las MIPYMES y orientado a mejorar las remuneraciones o eventualmente a financiar cotizaciones por un determinado período”.

Aquí, por ejemplo, agregan las ideas de “ampliar y fortalecer el alcance del Subsidio Unificado al Empleo (SUE)”, la “promoción activa del SUE”, la “modificación del artículo 203 sobre sala cuna” y una “Agenda Nacional de Empleo”.

En los últimos dos apartados los economistas de la oposición critican la ausencia de más propuestas en materia exportadora y emplazan al Ejecutivo por mayor “responsabilidad fiscal”.

“El objetivo debiese ser que el gasto público crezca a un ritmo más lento y que los ingresos tributarios al menos permanezcan constantes, ambos como porcentaje del PIB, de manera que el déficit se vaya reduciendo”, dice el texto.

El documento termina con un apartado de conclusiones y un anexo con otras 14 propuestas pro-crecimiento, como “400 mil soluciones habitacionales, además de la necesaria reconstrucción de Bio Bio y el Maule”, “Impulso al almacenamiento energético, con una meta de 6 GW al 2028” y destrabar proyectos de hidrógeno verde en Magallanes y Antofagasta.