Convencionales plantean dudas sobre el plazo de un año para concluir la votación de las más de 900 normas ingresadas

Temáticas de la Constitución de la Republica de Chile

Ante el inicio de la votación en general de algunas propuestas en distintas comisiones, se ha comenzado a instalar la idea de que no será posible concluir el trabajo en julio próximo. Por ahora, eso sí, los distintos sectores políticos plantean que buscarán evitar solicitar una prórroga al Congreso.


En los últimos días del 2021, la Convención Constitucional determinó suspender sus semanas territoriales, entre otras modificaciones al cronograma de trabajo que tenían hasta la fecha. ¿La razón? Transcurridos los primeros meses de funcionamiento de la instancia, eran mayoritarias las voces que advertían que los plazos eran muy acotados para concluir con la redacción del texto en la fecha previamente establecida, es decir, el 4 de julio, un año después de instalada la Convención.

Aunque la reforma constitucional que habilitó el proceso establecía un plazo de nueve meses prorrogable por otros tres, la mesa que presidieron Elisa Loncon (mapuche) y Jaime Bassa (FA) propuso un cronograma de trabajo que abarcaba el año completo. Ahora, si es que el órgano constituyente quisiera alargar aún más su funcionamiento, será necesario una nueva reforma que deberá ser tramitada por el Congreso.

Y es esa posibilidad la que, luego del ingreso de más de 900 iniciativas de los propios convencionales, junto a 77 iniciativas populares y otras 50 de los representantes de escaños reservados, comienza a generar una discusión interna en la Convención.

De hecho, la idea fue planteada abiertamente por Pedro Muñoz (Colectivo Socialista), quien pidió a la mesa que dirige María Elisa Quinteros (MSC) “que discuta y converse al interior de la Convención la posibilidad cierta de solicitar ampliación de plazo al Congreso”.

“Dentro de la Convención es un secreto a voces que estamos constreñidos por los plazos. Yo invitaría a la mesa directiva a hacerse cargo del problema de los plazos, porque afecta indudablemente la calidad de la nueva Constitución”, detalló Muñoz, proponiendo la posibilidad de una prórroga de tres meses transcurridos el año de trabajo.

La idea del convencional socialista, en todo caso, es resistida por la mayor parte de los colectivos. Incluso, la propia presidenta de la Convención se refirió a la posibilidad de extender el plazo, desestimando una solicitud al Congreso, pues dijo confiar en los “refuerzos” que han incorporado para el trabajo de las comisiones, a través de un mayor número de abogados. “Lo que hemos hablado con la secretaría legislativa es que se va a dar cumplimiento en los plazos que tenemos, así que yo estoy tranquila (...). Nosotros confiamos en la labor de la secretaría, porque vemos que es una labor que está en dedicación. No tengo dudas de que van a sacar el trabajo en los tiempos que se requieren, con los refuerzos que hemos dispuesto para ello”, detalló.

Una opinión similar expresó la coordinadora de la Comisión Forma de Estado, Jeniffer Mella (FA), quien dijo que en esa instancia “no nos hemos puesto en el escenario de que necesitemos más plazo, porque hasta aquí efectivamente hemos podido llevar a cabo tanto las votaciones en general, las indicaciones y esperamos la votación en particular y también llegar al informe del pleno en los plazos establecidos”.

Desde la Coordinadora Plurinacional, la convencional Tania Madriaga enfatizó que “siempre estamos corriendo contra el tiempo, eso no es una novedad, en ninguna de las etapas eso va a ser una novedad, y lo que estamos haciendo es trabajar lo más rápido posible e intensamente para ir cumpliendo el cronograma que tenemos”.

Con mayores dudas se refirió a esta problemática el convencional Patricio Fernández (Colectivo Socialista). Aunque recalcó que en la discusión reglamentaria hubo más de 1.200 normas en debate y votación y aseguró que “nuestro principal objetivo es cumplir los plazos”, Fernández explicó que “si eso se vuelve imposible, porque así lo vamos descubriendo en el devenir de los próximos días, a propósito de esta gigantesca cantidad de normas que tenemos sobre la mesa, habrá que buscar una solución”.

¿Trabajar los fines de semana?

Desde Chile Vamos, la negativa a una extensión de plazo es prácticamente rotunda. En ese sentido, fueron integrantes de los colectivos de derecha los primeros en advertir la necesidad de aplazar las semanas territoriales y hacer diversas modificaciones al cronograma, con el fin de concluir la redacción de la nueva Carta Magna antes del límite.

Una de las impulsoras de eso fue Constanza Hube (UDI), quien, además, explica que “las reglas hoy son claras: la Convención tiene hasta el 4 de julio para proponer a Chile una propuesta de nueva Constitución. Ese fue el mandato que nos entregó la ciudadanía. De querer ampliar ese plazo, sería necesario preguntarles a las personas si entregaría un nuevo voto de confianza”.

Ante el debate ya instalado en la Convención, el exvicepresidente adjunto Rodrigo Álvarez (UDI) dijo que “lo primero que esto nos tiene que hacer reflexionar es si ocupamos bien el tiempo los primeros seis meses. Yo al menos siempre he tenido una visión crítica de muchas de las dedicaciones que tuvimos”. Pero, dado el escenario actual, precisó que “la decisión que tenemos como Chile Vamos es avanzar y trabajar claramente pensando que esto debe estar listo el 4 de julio. (…) Si es necesario aumentar las sesiones, revisar todo nuestro sistema de trabajo, permitir el debate, permitir el diálogo, pero terminar en el plazo que nos dijeron los chilenos”. Es más, ante la consulta de si los convencionales de su sector estarían disponibles a sesionar los fines de semana, Álvarez afirmó: “Sesionando cuando sea”.

Desde el Colectivo del Apruebo, Felipe Harboe emplazó “a los colectivos mayoritarios, Frente Amplio y el Colectivo Socialista, (a que) asuman la responsabilidad de la conducción. Este proceso, en parte importante, depende de esos dos colectivos. Si ellos son capaces, en conjunto con la mesa, de convocar a un gran acuerdo político transversal para tener una Constitución transformadora, pero razonable, probablemente vamos a llegar a tiempo. Si no hay esa capacidad de coordinación política, mi percepción es que estamos muy complicados en el tiempo. Ahora, para poder cumplirlo, lo que se va a requerir es voluntad, voluntad de no enamorarse de las obras propias y tener la posibilidad de convencer a los otros y dejarse convencer. Si alguien quiere, sin ningún tipo de flexibilidad, aprobar lo que ellos plantearon, eso no va a conducir un buen destino”, sentenció.

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