La desaprobación del Presidente José Antonio Kast retrocedió tres puntos durante la última semana y se ubicó en 52%, mientras su aprobación permaneció sin variaciones en 35%, según una nueva edición de la encuesta Criteria.

El sondeo, publicado el 23 de agosto, muestra además que el 13% responde que no sabe cómo evaluar la conducción del Gobierno. Una semana antes, la desaprobación había alcanzado 55%, la aprobación se encontraba igualmente en 35% y el 10% no manifestaba una posición.

Evaluación económica

La percepción sobre la capacidad del Gobierno para generar empleos de calidad continúa siendo mayoritariamente negativa.

Ante la pregunta sobre cómo evalúan lo realizado hasta ahora frente a sus expectativas, 54% responde que ha sido peor o mucho peor de lo esperado, mientras 34% considera que no ha sido ni mejor ni peor y solo 12% señala que ha sido mejor o mucho mejor.

Una trayectoria similar muestra la evaluación sobre reactivación y crecimiento económico. Un 52% considera que el desempeño del Ejecutivo ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 32% que lo evalúa de manera intermedia y un 16% que lo considera mejor o mucho mejor.

En julio, la percepción negativa en esta área llegaba al 54%, mientras que la positiva se encontraba en 13%.

El estudio también consultó por el impacto económico de la denominada “megarreforma”. A nivel general, 48% considera que su aprobación será negativa o muy negativa para el crecimiento económico y el empleo, 28% cree que tendrá un efecto positivo y 24% estima que no será ni positivo ni negativo.

Las diferencias políticas en este punto son marcadas. Entre quienes se identifican con la izquierda, 92% evalúa negativamente su impacto, mientras solo 2% lo considera positivo. En la derecha ocurre lo contrario: 58% anticipa consecuencias positivas, 28% se mantiene neutral y 14% las considera negativas.

En el centro político, en tanto, predomina una mirada crítica: 57% proyecta un impacto negativo, frente a 22% que lo considera positivo y 21% que adopta una posición intermedia.

Reformas en seguridad

En seguridad, el estudio muestra un respaldo mayoritario a la idea general de realizar modificaciones constitucionales.

Consultados sobre qué tan de acuerdo están con hacer un cambio a la Constitución para reforzar medidas de seguridad, el 62% se declara de acuerdo o muy de acuerdo, mientras 29% está en desacuerdo y 9% señala no tenerlo claro.

Las diferencias vuelven a aparecer con fuerza según identificación política. En la derecha, el respaldo alcanza 81%; en el centro llega a 62% y entre quienes no se identifican políticamente se sitúa en 61%. En la izquierda, en cambio, solo 30% respalda un cambio constitucional, mientras 58% se manifiesta en contra.

El apoyo disminuye cuando la pregunta se concentra específicamente en la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que permitiría a este u otro gobierno adoptar medidas extraordinarias por hasta 240 días frente a amenazas graves contra la seguridad.

En ese escenario, 55% se declara de acuerdo, 33% en desacuerdo y 12% no tiene una posición definida.

Entre quienes se identifican con la derecha, el respaldo llega nuevamente al 81%, mientras en el centro alcanza 56%. En la izquierda, en cambio, el rechazo se eleva a 79% y solo 11% apoya la medida.

El escenario cambia nuevamente cuando Criteria consulta por las atribuciones específicas que podría ejercer el Ejecutivo durante ese eventual estado de excepción.

La medida que consigue mayor respaldo es permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con Carabineros y la PDI por hasta 240 días: 69% está de acuerdo, 25% en desacuerdo y 6% no tiene una opinión definida.

La posibilidad de interceptar o registrar comunicaciones por hasta 240 días divide a los encuestados: 44% está a favor y el mismo 44% en contra, mientras 12% no tiene una posición clara.

El rechazo supera al apoyo frente a la posibilidad de requisar determinados bienes, que obtiene 39% de respaldo y 49% de desacuerdo.

La distancia aumenta ante eventuales restricciones a derechos. Solo 37% respalda limitar la libertad de desplazamiento de las personas por hasta 240 días, frente a 54% que se manifiesta en contra.

La facultad con menor apoyo es restringir el derecho de reunión por hasta 240 días: 34% está de acuerdo y 56% en desacuerdo.

Entre las personas de derecha, todas las medidas obtienen respaldo mayoritario: 92% apoya la colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías, 71% la interceptación de comunicaciones, 62% las restricciones de desplazamiento, 66% la requisición de bienes y 59% las limitaciones al derecho de reunión.

En la izquierda ocurre el escenario inverso. La colaboración militar con las policías alcanza 29% de apoyo, mientras ninguna de las otras cuatro medidas supera el 9%.

La encuesta muestra además que el conocimiento sobre la reforma todavía es limitado. Solo 38% asegura haber visto, leído o escuchado “mucho” o “bastante” sobre ella. El 51% dice conocer “poco” y 11% responde que no ha escuchado nada.