Sin urgencia, pero al menos con un respaldo de votos justos, ingresó este miércoles por el Senado la nueva reforma constitucional de Seguridad que “combate el crimen organizado y modifica el estado de excepción constitucional de emergencia”.

La iniciativa surgió de gestiones emprendidas por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (republicanos), quienes, mandatados por el gobierno y el oficialismo, elaboraron un texto junto a su par Pedro Araya (PPD), en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución.

Si bien el objetivo inicial era contar con las otras integrantes de esa comisión de la Cámara Alta, las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), finalmente el texto ingresó sin el respaldo de ellas.

En forma sorpresiva para la oposición, la reforma sumó las adhesiones de otros dos senadores opositores, Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC), quienes junto a Araya ya garantizan un piso de votos para que esta nueva propuesta sea aprobada.

Ello generó un problema para la izquierda. Además de dividir al sector, los senadores de oposición quedaron en una compleja encrucijada, ya que sus críticas iniciales a la reforma constitucional se han ido desmoronando por las opiniones de sus pares a favor de la iniciativa y por el actual contexto político y social, aún convulsionado por el asesinato de dos carabineros.

Tras asistir al funeral de uno de los carabineros, el Presidente hizo un llamado en esa línea. “Les pedimos también a nuestros parlamentarios, porque aquí tenemos que trabajar en conjunto, que nos ayuden a legislar con urgencia y con mucha responsabilidad, con leyes que nos permitan no solamente combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia común, sino que también nos ayuden a enfrentar la violencia que hoy se vive en las calles, en las plazas, en los estadios, y como en este caso, al interior del hogar”, dijo.

Originalmente, el gobierno pretendía avanzar con una modificación propia a la Carta Fundamental. No obstante, el contenido de la reforma gubernamental no solo despertó críticas de la oposición, sino también del propio oficialismo y del mundo académico.

Ante los severos reparos técnicos y políticos, finalmente el Presidente José Antonio Kast se allanó a retirar su proyecto de tramitación, medida que, al menos hasta este miércoles, aún no se materializaba.

A cambio, Squella, Longton y Araya armaron un nuevo texto, de carácter minimalista y atenuado respecto de lo que era el diseño original de La Moneda.

Llamado a aprobar

Incluso, en entrevista con La Tercera, el senador Araya precisó que con la nueva redacción, que además recoge ideas de senadores socialistas, no veía razones para oponerse. “Llegó la hora de terminar esta pelea en la centroizquierda, llamo a todos a leer el proyecto... No creo que el senador Juan Luis Castro (PS), que tanto ha criticado este acuerdo, o la senadora Vodanovic (PS) vayan a votar en contra de algo que ellos mismos propusieron”, comentó.

Una postura similar expresó el senador Bianchi, quien preside la Comisión de Seguridad del Senado. “No debiese haber ningún problema para que alguien no la aprobase”, dijo.

La propuesta, que reemplazará a la iniciativa del gobierno, constará de tres ejes: crimen organizado, segregación carcelaria y ajustes al estado de emergencia.

A diferencia de los actuales regímenes de excepción, que se dictan ante hechos consumados, ahora el Ejecutivo podría invocar la medida de modo preventivo ante una amenaza. No se tocan los actuales plazos de renovación, pero se dan más atribuciones al Congreso para fiscalizar y revocar la decisión del Presidente.

En materia de crimen organizado, la nueva reforma equipara ese delito al de terrorismo y lo declara contrario a las bases de la institucionalidad, a la convivencia democrática y a los derechos humanos.

La idea es que los condenados por crimen organizado reciban las mismas restricciones que tienen los sentenciados por conductas terroristas a la hora de poder solicitar un indulto o para postular a cargos de elección popular.

En materia de segregación carcelaria, el objetivo es elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería, contempladas en su reglamento interno, para separar a la población penal. Este ha sido un problema, pues los tribunales han revertido redistribuciones y relocalizaciones de reos de alta peligrosidad.

Reacciones

Pese a ello, el jefe de la bancada del Socialismo Democrático, Juan Luis Castro, reiteró que no apoyarán la reforma. “Hemos dicho que nuestra posición frente a esta reforma es inconsulta, una reforma que no contó con apoyo, salvo con voces aisladas de la oposición, con algunos adherentes de última hora. No estamos en condición de apoyarla. Nuestro voto va a ser negativo, volviendo a insistir en que el gobierno pueda resolver esto de otra manera (vía ley simple) y no bajo el capricho de que tiene que ser sobre el terreno constitucional”.

Una postura similar expresó la senadora Pascual (PC). “Yo no tengo la convicción de que se necesite constitucionalizar algo (en materia de seguridad)”.

Sin embargo, opiniones menos tajantes expresaron otros parlamentarios opositores.

La senadora Yasna Provoste (DC), jefa del Comité Unido (Democracia Cristiana, PC, Frente Amplio y FREVS), fue mucho menos severa en días previos y dijo que en su bancada “estamos absolutamente decididos a enfrentar y apoyar aquellas iniciativas que, de verdad, nos permitan enfrentar al crimen organizado”.

“El gobierno retiró una reforma no mala, una reforma pésima, y, por lo tanto (el nuevo texto) lo vamos a estudiar con ojo crítico... Siempre, en materia de seguridad, vamos a estar disponibles a legislar en la medida que lleguen aquí propuestas serias”, dijo el senador Vlado Mirosevic (liberal).

Insistencia con piso

Esta neorreforma de seguridad no es el único dilema para los senadores de oposición.

Este miércoles se dio cuenta en la Cámara Alta la insistencia que hizo el Presidente Kast de otra reforma constitucional en materia migratoria, que fue rechazada hace dos semanas por los diputados.

Sobre la base de una herramienta constitucional (artículo 68 de la Carta Fundamental), el Mandatario solicitó al Senado reponer ese proyecto que permite ampliar el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular para facilitar su expulsión administrativa. Hoy la Constitución solo permite 5 días de detención en estos casos.

A pesar de que la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), resolvió fijar un quórum más bajo para resucitar esa reforma (solo 29 votos), en el gobierno hay absoluta confianza en que tendrán un respaldo mucho más holgado, ya que la inmigración es un tema sensible, sobre todo para los parlamentarios del norte.

El mismo senador Mirosevic admitió que aún no ha tomado una decisión. Sin embargo, en la oposición señalan que tiene una presión adicional al ser representante de la región de Arica y en vista de que los diputados liberales ya votaron a favor de esta reforma.

En el Partido por la Democracia, además de Araya, los senadores Ricardo Celis (PPD) y Ximena Órdenes (Ind. PPD) también estarían por votar a favor de la instancia, sobre todo después de la apertura del diputado y presidente del PPD, Raúl Soto.

Una postura favorable también tendrían los senadores Flores y Bianchi. Por lo tanto, es probable que la oposición ni siquiera tenga las firmas suficientes para recurrir al Tribunal Constitucional, como había amenazado.