La desaprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a subir en la última medición de Criteria. Un 55% desaprueba la forma en que está conduciendo su gobierno, tres puntos más que la semana pasada, mientras que la aprobación se mantuvo sin variaciones en 35%.

En tanto, quienes respondieron “No sé” disminuyeron desde 13% hasta 10%.

Preocupaciones ciudadanas

La encuesta de esta semana puso además el foco en la agenda de seguridad del Gobierno, las expectativas sobre las medidas anunciadas y las prioridades que los encuestados asignan al combate contra la delincuencia.

Ante la pregunta sobre las acciones políticas más urgentes de resolver en el país, la seguridad volvió a ocupar el primer lugar, con un 28% de las menciones como primera prioridad.

Le siguen la salud pública, con 16%; empleos y sueldos, con 15%; y reactivar la economía, con 12%.

La encuesta también planteó una elección directa entre seguridad y libertad. Un 73% escogió la seguridad como la más importante, frente a un 27% que privilegió la libertad.

Las posiciones muestran diferencias según identificación política. Entre quienes se ubican en la izquierda, seguridad y libertad prácticamente empatan, con 51% y 49%, respectivamente. En el centro, la seguridad llega a 68%, mientras que en la derecha alcanza un 86%.

Evaluación de la gestión en seguridad

Pese a la prioridad que los encuestados entregan al tema, la evaluación sobre el desempeño del Ejecutivo sigue mostrando una tendencia negativa.

Un 54% considera que la gestión del Gobierno en seguridad y control de la delincuencia ha sido peor o mucho peor de lo que esperaba. Un 27% responde que no ha sido ni mejor ni peor y un 19% la evalúa mejor o mucho mejor de lo esperado.

Una evolución similar registra la gestión migratoria. Un 47% sostiene que el desempeño del Gobierno en orden y control migratorio ha sido peor o mucho peor de lo esperado, frente a un 25% que lo considera mejor y un 28% que señala que ha sido similar a sus expectativas.

Respecto de las responsabilidades por la situación actual de seguridad, un 35% la atribuye principalmente a problemas heredados de la administración anterior, mientras que un 32% considera que responde a una combinación de factores que no puede adjudicarse principalmente a uno u otro gobierno. Otro 27% responsabiliza principalmente a las decisiones y acciones del Gobierno actual, mientras que un 6% no tiene una posición definida.

Las diferencias vuelven a ser marcadas según sector político. Entre los encuestados de derecha, un 62% atribuye la situación a problemas heredados, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda un 50% responsabiliza principalmente al actual Ejecutivo.

Reformas en seguridad

Al consultar dónde debería concentrar principalmente sus esfuerzos el Gobierno durante los próximos meses para enfrentar al crimen organizado y la delincuencia, un 61% respondió que debería conseguir la aprobación de nuevas leyes y atribuciones en el Congreso.

Un 30%, en cambio, considera que el foco debería estar en implementar plenamente las leyes y atribuciones que ya están vigentes, mientras que un 9% no tiene una posición clara.

La encuesta también midió el nivel de adhesión con algunas medidas. Las con mayor respaldo son aumentar las penas por reclutar menores para cometer delitos y establecer la pertenencia a una organización criminal como delito con penas agravadas, ambas con un 94% de acuerdo o mucho acuerdo.

Le sigue el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos, con 90%; un régimen penitenciario especial para narcotraficantes, con 84%; reforzar las fronteras con zanjas, drones y monitoreo, con 82%; y entregar protección legal a policías y militares en casos de legítima defensa, con 75%.

La percepción sobre la posibilidad de concretarlas, sin embargo, cambia el orden.

La medida que aparece como más probable de cumplir es la protección legal a policías y militares en legítima defensa, con un 69%. Luego aparecen la pertenencia a organizaciones criminales con penas agravadas y el refuerzo de fronteras, ambas con 64%.

Un 61% considera probable que aumenten las penas por reclutar menores, mientras que las menores expectativas están en el despliegue policial permanente en 50 barrios críticos, con 55%, y el régimen penitenciario especial para narcotraficantes, con 53%.

La mayor distancia entre respaldo y expectativa de cumplimiento aparece precisamente en el despliegue policial: registra 90% de acuerdo, pero solo 55% considera probable que se concrete durante el actual Gobierno, una diferencia de 35 puntos porcentuales.