La Inteligencia Artificial irrumpió en la industria jurídica con una fuerza mezclada con entusiasmo, cautela y desconfianza. En los estudios reconocen ventajas como el ahorro de tiempo y costos que estos sistemas generan para la búsqueda de información, automatización de tareas y manejo de archivos. Sin embargo, la propia industria sabe que la IA todavía es fuente de errores y fallos, y según coincidieron abogados que hablaron con Pulso, su uso está regulado internamente y existen dos máximas compartidas: un humano siempre tendrá la última palabra y nada confidencial puede ser compartido dentro de estos sistemas.

La reciente decisión de la Oficina Judicial Virtual de instalar barreras tecnológicas -como captchas- para frenar el ingreso masivo obligó al Poder Judicial a actuar frente al uso de sistemas tecnológicos. Antes debió hacerlo, porque un abogado había citado ante la Corte de Apelaciones un escrito con fallos judiciales que no existían, al igual como pasó en el Tribunal Constitucional. En ambos casos, los profesionales fueron sancionados.

La Asociación Gremial Legaltech Chile (Altech A.G.), agrupa a 21 empresas que proveen servicios digitales a diversas instituciones del sistema judicial, pidió al Poder Judicial -a través de una declaración- no limitarse a restringir herramientas tecnológicas, sino también a contemplar el fortalecimiento de la infraestructura digital, el rediseño de procesos y el desarrollo de plataformas “capaces de soportar operaciones de alto volumen de manera segura y eficiente”.

En las oficinas de abogados, el uso de la IA explotó en 2025. Comenzó en 2024 y en 2025 se convirtió en algo totalmente cotidiano en la industria. ¿Usos?: localizar información, revisar jurisprudencia nacional e internacional, búsquedas muy especializadas, traducción de documentos complejos, detallan varios profesionales. Así, los abogados pierden menos tiempo en esas labores y lo dedican a los casos. También, se produce un ahorro en los costos fijos. En el mercado ya avisan que, de todos modos, eso impactará en la contratación de recién egresados que partían haciendo algunos de estos trabajos.

Humana es la última palabra

Las dos IA más usadas en la industria legal chilena son Magnar, una startup nacional que prevé vender US$ 6 millones este año, y la estadounidense Harvey, participada por OpenAI y que también es un estándar global. Ambas son de uso transversal, pero en los estudios también usan Copilot, Claude y Gemini, especialmente para tareas más rutinarias o menos específicas.

Los estudios locales se han blindado frente a los riesgos, errores e incertezas que todavía rodean a la IA, generando reglas y protocolos para su uso, entre los que destacan dos especialmente: la última palabra siempre es humana y nada que tenga carácter de confidencial se debe subir a una IA, por el riesgo de filtraciones o mal uso.

A fines de abril, el reputado bufete estadounidense Sullivan & Cromwell tuvo que disculparse públicamente por las “alucinaciones” que la IA produjo en un documento judicial de la bancarrota del grupo financiero Prince Group. El escrito del caso, que llevaba el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos en Manhattan, contenía decenas de errores, citas legales inventadas, leyes erróneas o mal indexadas y fuentes legales inexistentes. La firma, con sede en Nueva York y más de 900 abogados de altísimo nivel, es uno de los principales bufetes corporativos de Estados Unidos, un actor siempre presente en los grandes negocios y litigios.

En Carey, el mayor estudio local, usan la IA de manera sistemática desde 2024 y existe un Comité de Inteligencia Artificial y un equipo dedicado a la transformación digital que aplica la tecnología en investigación jurisprudencial, revisión de grandes volúmenes de contratos y elaboración de borradores iniciales. Ese año, la firma normalizó su estrategia de IA , creando un Comité de IA, que define los lineamientos estratégicos y de gobernanza, y un equipo dedicado a la implementación de IA, la transformación digital e innovación que acompaña a las áreas de práctica para la adopción de esas herramientas y el diseño de soluciones. “La inversión es sostenida y en expansión, orientada a tres frentes: herramientas, formación de los equipos y gobernanza. Y las decisiones de crecimiento se toman sobre evidencia de impacto real en la calidad y eficiencia del trabajo”, resume Francisco Carey, socio y presidente de ese comité. El estudio es uno de los inversionistas de la IA Magnar.

Esa misma lógica de delegar lo mecánico y resguardar lo estratégico mencionan en otros estudios. En Puga Ortiz, la tecnología sistematiza información, ordena causas voluminosas y arma líneas de tiempo, pero tiene tiene vedado el terreno de las decisiones: no puede definir estrategias de defensa, negociar, aconsejar al cliente ni redactar los escritos finales. “Eso es del abogado y su responsabilidad es indelegable. Un abogado puede decidir no usar IA. Lo que no puede hacer es creer que no la está usando”, advierte Matías Cortes, socio de la firma. La norma sobre IA la aplican a todos quienes acceden a información de clientes, desde los socios hasta los proveedores externos.

“Ha sido central la capacitación como parte del proceso, porque es necesaria para aprovechar bien estas herramientas, pero también para conocer sus limitaciones y mantener una adecuada conciencia de sus riesgos, así como el aseguramiento del secreto profesional. Las capacidades internas, reglas y una organización preparada, son condiciones indispensables para incorporarla responsablemente. En un estudio como el nuestro, la tecnología tiene sentido en la medida en que permite concentrar más tiempo y capacidades en aquello que aporta mayor valor al trabajo jurídico”, añade Nicole Nehme, socia de FerradaNehme, firma que tiene una política de uso y un comité de estrategia digital.

Protocolos

Cristián Pérez, socio y gerente general de Alessandri Abogados, comenta que la firma tiene protocolos que ponen especial énfasis en la confidencialidad de la información de los clientes, la revisión humana de los resultados y el cumplimiento de los estándares éticos y profesionales. “La confianza de nuestros clientes sigue siendo nuestro principal activo, por lo que cualquier incorporación tecnológica debe fortalecer esa confianza y no ponerla en riesgo. Al final, nuestros clientes no nos contratan por usar o no usar Inteligencia Artificial. Nos contratan por la calidad de nuestro criterio y la capacidad de resolver problemas. Si la tecnología nos ayuda a hacer eso hay que incorporarla responsablemente”, resume.

En los estudios hay una convicción que se repite textual: el uso de la tecnología es irreversible y lo que corresponde es ordenar su uso. Pedro Eguiguren, socio de Eguiguren Abogados, lo sintetiza así: “Todo lo que se pueda automatizar, que se haga. Nosotros nos reunimos semanalmente para tocar distintos temas, entre los cuales analizamos el uso que se le está dando a la IA”.

Guía de uso

Esa misma realidad fue lo que llevó al Colegio de Abogados a publicar el 15 de julio una guía para el uso de sistemas de inteligencia artificial, que abarca a abogados en cualquier etapa de su ejercicio profesional, “sea en la asesoría, representación, litigación, negociación y redacción de actos, contratos, opiniones, dictámenes o escritos en la formación y mantención de clientela o en cualquier otra actividad cubierta por el Código”, indica el documento.

El presidente de la entidad, Ramiro Mendoza, cuenta que la institución encargó al grupo de trabajo que dirige el consejero Salvador Valdés una guía de buenas prácticas, con lineamientos que resume en tres palabras: “prudencia, realidad y control”.

En el mundo legal además destacan el fuerte aumento de la judicialización en el país exige que los tribunales adhieran prontamente al uso de las nuevas tecnologías. Cifras del propio Poder Judicial indican que este año se tramitarán más de tres millones de causas. Por ahora, los estudios masivos son los más complicados, debido a la alta cantidad de trámites que realizan, a diferencias de los estudios corporativos y de especialidades.

“Pueden producirse problemas graves de accesibilidad al Poder Judicial. Hoy el ingreso casi total de los escritos judiciales es por vía de la página del Poder Judicial, que es con clave y un acceso bastante eficiente. Cualquier accesibilidad que ponga cortapisas de seguridad no prudente generará severas complicaciones, pues la respuesta de los abogadas a la carga judicial normalmente es en el marco mínimo de los plazos por vencer”, advierte Mendoza sobre las nuevas normas del PJUD.

Según Cortés, de Puga, la IA haría más eficiente y barato para las partes el acceso a la justicia y liberaría las agendas de los receptores, que siempre están saturadas para otras diligencias en las que son insustituibles. “Estos registros podrían ser analizados, comparados mediante IA con las demandas o contestaciones de las partes, citados o utilizados luego directamente en los fallos, sin necesidad de tener que volver a revisarlos o transcribirlos”, explicita.

Eguiguren añade que otra área donde debería entrar la IA es en la automatización de la toma de testimonios, hoy dictados a un receptor que transcribe. “Preservaría la espontaneidad del relato y liberaría agendas saturadas. Apunta a las resoluciones repetitivas como téngase presente, traslado, por evacuado el traslado”, opina.

Bernarda Muñoz, directora del área Data Privacy y Ciberseguridad de FerradaNehme, alerta que “la capacitación de jueces, fiscales y funcionarios va a ser igualmente importante. El Shadow AI es un desafío transversal. Las herramientas están disponibles y muchas veces comienzan a utilizarse antes de que las operaciones hayan definido reglas para su uso. En el sistema de justicia, este fenómeno requiere especial atención”, visa.

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), Jaime Couso, advierte que prohibir estas tecnologías ignoraría el problema. “Podría comprometer, agregaría yo, valiosos bienes públicos asociados a la mayor eficiencia aportada por la IA y la tecnología: mayor acceso a la justicia, a menor costo”, explicita. Añade que la solicitud de prohibición de la IA también sugiere una confusión entre la automatización del ingreso de escritos, que provocó el último colapso, y el uso de IA, que no tuvo un papel en ese incidente. “Sin perjuicio de que se implementen medidas de emergencia necesarias para evitar un nuevo colapso, lo urgente es rediseñar el sistema para un mundo con tecnología e IA, mayor eficiencia expansión del acceso a la justicia”, sostiene. Hay entusiasmo, pero también harta cautela y desconfianza con la IA en la industria legal.