Diputados oficialistas desafían a Tohá y dan votos para despachar a ley la detención preventiva de migrantes

“Atendido que no puede solicitarse votación separada de las modificaciones del Senado, estas deben rechazarse”, concluía una minuta del Ministerio del Interior, que circuló este martes en la Cámara, instruyendo a los diputados oficialistas votar en contra de ciertos aspectos del proyecto que faculta a Carabineros poder detener temporalmente a migrantes que no acrediten debidamente su identidad ni su residencia.

El proyecto de “Control Migratorio Preventivo” estipula que la policía uniformada al detectar a una persona que no pudiese demostrar permanencia regular en el país, debía trasladarla a dependencias de la PDI para iniciar su identificación y eventualmente dar curso a procesos de expulsión, notificación de orden de salida o protección en caso de tratarse de un refugiado.

La iniciativa, de autoría de la diputada Joanna Pérez (P. Demócrata), ya se encontraba en tercer trámite legislativo, luego de que la Cámara (en una primera instancia) y el Senado zanjaran su postura a favor.

Sin embargo, la orden de la cartera que dirige la ministra Carolina Tohá buscaba derivar el proyecto a una comisión mixta (instancia que se constituye entre diputados y senadores para resolver discrepancias entre ambas cámaras) para someterlo a algunas mejoras.

El problema es que la iniciativa, en términos generales, dividía al oficialismo, tal como ocurrió en la llamada Ley Nain-Retamal, que entregaba un estatuto de protección jurídica a policías que usen sus armas de servicio en situaciones extremas.

El lunes de la semana pasada, en la sesión de la sala de la Cámara, la misma Tohá ya había expresado sus reparos a las correcciones introducidas en la Cámara Alta, señalando que la iniciativa había quedado con “problemas”.

Si bien la secretaria de Estado dijo que el gobierno respaldaba el espíritu de la moción, mencionó dos objeciones. Primero, los senadores eliminaron el plazo de una hora de la detención temporal, lo que implicaba, a juicio de la ministra, dejar al migrante en una detención con un “plazo indefinido”. Además, ella cuestionó que se incluyera la posibilidad de “registro”, lo que según el Ejecutivo generaba una discriminación entre ciudadanos extranjeros y nacionales. “No nos quedamos tranquilos como esto se tramitó en el Senado”, dijo Tohá.

La minuta de La Moneda, por su parte, complementaba que “habilitar el registro a todo evento es inconstitucional, en tanto desproporcionado, y supone establecer una diferencia arbitraria entre chilenos y extranjeros que es injustificable en términos objetivos”. Al mismo tiempo, el documento detallaba que dejar a un inmigrante detenido preventivamente en un plazo indefinido también constituía una discriminación respecto de un chileno.

El llamado a rechazar en esta fase de tramitación acomodaba al Frente Amplio y al PC, que ya habían votado en contra en la primera discusión que se dio en la Cámara.

Sin embargo, ahora los reparos expresados por el Ejecutivo incomodaron a los diputados socialistas, radicales, liberales y del PPD, algunos de los cuales desoyeron la instrucción del Ministerio del Interior.

Al final la norma fue despachada a ley con 86 votos favor, 44 en contra y cinco abstenciones. Dentro de los que dieron su aprobación había 14 legisladores oficialistas. Entre ellos estaban los PS Raúl Leiva y Danisa Astudillo; los PPD Carolina Marzán y Raúl Soto; los liberales Alejandro Bernales, Luis Malla y Sebastián Videla; el FREVS Jaime Mulet y los radicales Alexis Sepúlveda y Cosme Mellado, además de los independientes Jaime Araya (pro PPD), Cristián Tapia (pro PPD), Héctor Ulloa (pro PPD) y Félix Bugeño (ex-FREVS).

A pesar de que el resultado no era el ideal para el gobierno, al término de la sesión Tohá descartó que el Ejecutivo recurra al Tribunal Constitucional en vista de las dudas de constitucionalidad que había con el texto aprobado. Incluso, si bien no cerró la puerta a un veto presidencial, la jefa de Interior optó por minimizar las objeciones que tenía el Ejecutivo y valorar la aprobación.

“(El veto) no lo hemos analizado por el momento, pero la verdad es que no nos parece que sean cambios muy sustantivos (los introducidos por el Senado), más bien (esos ajustes) enredan y confunden. No tenemos planes en ese sentido. Y la verdad, lo que nos parece importante, que partió siendo una moción transversal en el debate se fue afinando, y con la que se dio al final el gobierno está muy conforme”, señaló Tohá, quien además le restó dramatismo a la diferencias que nuevamente expresó el oficialismo.