Una minuciosa revisión del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) inició este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara.

Esta reforma establece un protocolo de cómo los policías y efectivos de las FF.AA. -en labores internas- deben actuar en tareas de orden público, de seguridad o en la persecución criminal. Es decir, en qué circunstancias deben usar el armamento (siempre en situaciones de orden público y seguridad interna, no en caso de guerra exterior que se rige por otras reglas).

Esta iniciativa se encuentra actualmente en tercer trámite en la Cámara de Diputados, luego de que el Senado despachara un texto que no agradó al oficialismo.

Sin embargo, en la Comisión de Seguridad quedaron expuestas nuevas fisuras.

Por un lado, tampoco quedaron conformes con el texto del Senado algunos diputados de las distintas corrientes de pensamiento de la derecha, donde existe una fuerte competencia respecto de qué grupo representa e interpreta mejor al mundo militar y policial.

Además, sorpresivamente en la sesión de este martes, los diputados de la alianza gubernamental se coordinaron para hacer un duro reproche al ministro de Seguridad, Luis Cordero, a quien le exigieron que el gobierno fije una postura clara sobre la iniciativa.

Falta de diálogo

La diputada Maite Orsini (Frente Amplio) fue la encargada de abrir los fuegos. “Quiero señalarle, ministro, que ayer esperé con mucha expectación la presentación que usted iba a hacer, porque para una diputada oficialista es primordial poder conocer de boca del ministro cuál es la estrategia legislativa y cuál es la opinión política que su ministerio va a defender en este tercer trámite. Tristemente, y se lo digo con mucho respeto, ministro, lo que vimos fue una exposición sobre cómo había sido la tramitación en el Senado, pero no se nos aclaró cuál era la posición del Ejecutivo”, dijo la legisladora, quien pidió claridad respecto del rechazo del Senado al principio de proporcionalidad o la prohibición de disparar en el rostro, entre otros puntos.

Luego pidió la palabra el diputado Raúl Leiva (PS), quien también solicitó “nitidez” de cuál es la posición del Ejecutivo. “Es un tema complejo y quien nos tiene que aunar y ordenar es el Ejecutivo”.

A continuación intervino la diputada Alejandra Placencia (PC). “Me voy a acoplar a lo que ya han dicho mis colegas (…). Yo ayer hice varias preguntas y justamente por la necesidad que tiene este proyecto, es importante que quede bien y que sea aplicable (del punto de vista de legalidad)… Hoy día necesitamos claridad respecto de la posición que tiene el Ejecutivo".

Después la diputada Lorena Fries (Frente Amplio) hizo ver su preocupación por su efecto en materia de derechos humanos, por lo que también demandó “la opinión del gobierno respecto de algunos puntos que me parecen centrales”.

“Nosotros sentimos que la falta de diálogo, entre el gobierno y sus parlamentarios, a nosotros nos deja en el peor de los mundos”, añadió, a su turno, el diputado Jaime Araya (Independiente PPD), quien fue el encargado de cerrar el reproche colectivo.

Estas críticas sorprendieron a los legisladores de oposición. Incluso, el diputado Henry Leal (UDI) comentó que el ministro ha sido “fustigado duramente” por los legisladores oficialistas que “no saben para qué lado va su gobierno, bueno nosotros tampoco”.

Cordero, visiblemente molesto, pidió la palabra para responder todos los emplazamientos, incluyendo las preguntas que hicieron legisladores de oposición el lunes y que no alcanzaron a ser contestadas por el término de esa sesión.

El ministro insistió en que el gobierno no ha sido vago y reiteró que el proyecto que salió del Senado no agrada al Ejecutivo, por lo que deslizó que buscarán algunos ajustes. “El Ejecutivo en esto no ha tenido ninguna ambigüedad”, dijo.

Pese a las explicaciones de Cordero, el desconcierto y malestar con el gobierno no cambió. En una señal de ello, los diputados oficialistas, junto a la mayoría de sus pares de oposición, decidieron abstenerse en la recomendación a la sala de la Cámara respecto de cómo votar la iniciativa con los cambios del Senado. Al final, se registraron 11 abstenciones y un rechazo.

“Problemas técnicos”

Por otro lado, en la sesión del lunes, el diputado Diego Schalper (RN) cuestionó a la Cámara Alta por los cambios que hicieron algunos senadores de su propio sector al proyecto, en particular, por haber reemplazado el concepto de “objetivo legítimo” (aprobado por los diputados) por “objetivo encomendado” (impulsado por los senadores).

Si bien ambos conceptos se refieren al cumplimiento de una misión, la “diferencia técnica” al final enfrascó a la oposición en un debate meramente conceptual.

Incluso, en su crítica, Schalper aludió veladamente al senador y contraalmirante en retiro de la Armada, Kenneth Pugh (Ind. RN), a quien le reprochó arrogarse la calidad de vocero de las FF.AA. “Sé que un senador se jugó por esa tesis, porque le encanta esa disquisición que yo no la comparto. Además, hace una especie de vocería además de la Fuerza Armadas… Yo no creo que sea honesto intelectualmente decir que ‘objetivo encomendado’ es lo mismo que ‘objetivo legítimo’”, dijo.

“Yo solo quiero advertir a la comisión y saber qué piensa el ministro... La expresión ‘objetivo legítimo’ tiene una larga trayectoria en la legislación y en la doctrina en el ámbito de la justicia militar. La palabra ‘objetivo encomendado’, no. La expresión ‘objetivo legítimo’ abre espacio a que dentro de esa acción haya discrecionalidad en el ejercicio de las fuerzas”, señaló Schalper.

Efectivamente, en el Senado, Pugh, junto al actual presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), fue quien convenció a sus pares de cambiar el concepto.

No obstante, entre los diputados de Chile Vamos ya están convencidos de rechazar ese punto, junto a otros más aprobados por los propios senadores de su sector, para derivar la tramitación sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) a una comisión mixta que se constituiría para tratar de resolver las discrepancias entra ambas cámaras del Congreso.

No obstante, el debate técnico se complejizó aún más, ya que al final de la sesión, el diputado y candidato presidencial, Johannes Kaiser (libertario), tomó la palabra para cuestionar tanto el concepto de “objetivo legítimo” como “objetivo encomendado” y plantear una tercera mirada.

De hecho, Kaiser fue el que reconoció que esto generaba “un problema técnico” en la “gente de nuestro sector”.

“Los dos (conceptos) son malos”, dijo el abanderado presidencial libertario, quien dijo ser partidario de la “consigna”, es decir, “la orden que se entrega al uniformado”. “Él está obligado legalmente a cumplir con la orden. Esa es la consigna. No es tarea del uniformado, del soldado, del suboficial o del oficial de menor rango o de todo oficial que no haya entregado la orden, determinar si la orden es legítima o no”, explicó.

Consultado por La Tercera, Kaiser expresó que su bancada entiende mejor los requerimientos del mundo castrense, ya que cuando llegó al Congreso armó “un equipo que estaba especializado en Defensa”.

“Mi asesor legislativo fue fiscal de Ejército durante más de 20 años. Él estuvo en Haití. Él vio cómo se aplican las reglas de uso de la fuerza a nivel internacional. Nosotros trabajamos en nuestro proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza con el Ministerio de Defensa. Nos habíamos puesto de acuerdo en la inmensa mayoría de las cosas. Pero lamentablemente no ha sido recogida la experiencia de las personas que trabajan en mi equipo. Y ahora estamos viendo que sale un proyecto de ley del Senado que no convence mucho a nadie”, indicó.