¿Corresponde el pago de viáticos a parlamentarios que asisten a sesiones especiales durante la emergencia por el Covid-19? Ese fue uno de los temas que el Consejo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP) puso en tabla en su sesión del 9 de junio.

El asunto fue tema a raíz de una consulta que hizo llegar el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, en la que solicitaba al consejo un criterio sobre la procedencia del pago de viáticos por la participación presencial de un diputado a una sesión especial de sala convocada durante una semana distrital y en estado de excepción.

La respuesta del consejo abrió la posibilidad de un pago de viáticos extraordinario. Así queda de manifiesto en un oficio del 15 de junio que señala: el consejo acordó, en forma unánime, autorizar lo solicitado, en la medida en que una sesión especial de sala, convocada durante una semana distrital y en un estado de excepción constitucional ha de entenderse como una sesión de las que hace mención la Resolución N° 05, de enero de este año, correspondiendo otorgar el viático únicamente a los H. diputados (as) que participen presencialmente de la misma, y debiéndose limitar el pago a los días y restricciones que la misma normativa prescribe. La anterior autorización se extiende mientras subsista la situación excepcional que vive el país, en razón de la epidemia del Covid-19...".

Desde el inicio de la pandemia, el CRAP, que encabeza Andrés Zaldívar, ha tenido que emitir numerosos oficios explicando a ambas cámaras qué se permite y qué no durante el funcionamiento excepcional del Congreso.

Las sesiones semipresenciales en ambas corporaciones abrieron una serie de dudas sobre las normas de gastos de las asignaciones que la entidad ha ido respondiendo una a una a través de oficios que ha hecho llegar a los parlamentarios.

Una de las dudas de los congresistas tras llegada de la pandemia fue si correspondía o no que el Parlamento costee la compra de insumos de protección contra el Covid para el personal. Así queda de manifiesto en el oficio del 15 de mayo, donde autoriza el gasto: “El consejo acordó, en forma unánime, en su sesión del 12 de mayo, autorizar la compra antes referida, para el personal de apoyo y, en todo caso, con un límite máximo mensual (mientras dure la actual crisis sanitaria) equivalente al monto fijado en la Resolución N° 05 de enero de 2020, para gastos menores”.

En mayo -ya con el Congreso en modo teletrabajo-, el diputado Iván Flores (DC) acudió al consejo para preguntar si era posible la contratación de un guardia para sus oficinas y el posterior arriendo de una bodega para sus cosas.

“El consejo acordó autorizar, de manera temporal, la contratación de una persona para cumplir funciones de seguridad en su oficina parlamentaria habida cuenta de los sucesivos robos que ha sufrido. Alternativamente, una vez finalizado el contrato de arriendo a que se refiere el párrafo anterior, autorizar el arriendo de una bodega para custodiar los bienes muebles que hoy guarnecen su oficina parlamentaria. Lo anterior, sobre la base de que, dadas las actuales condiciones sanitarias del país, se ve dificultada la posibilidad de materializar un nuevo contrato de arriendo de oficina parlamentaria”, dice el oficio con que el consejo le respondió a Flores.

También a raíz del estado de excepción, Landeros -a solicitud de los parlamentarios- consultó el 28 de abril sobre el uso de asignaciones para difundir información sobre el Covid.

El consejo respondió que el gasto no tiene relación con la función parlamentaria y que “la correcta y adecuada difusión de mecanismos de protección frente a la pandemia han de recaer en las autoridades sanitarias...”.

En el marco de la rebaja general del presupuesto del Congreso de un 1%, el CRAP pasará de tener un presupuesto de $ 1.369.944 millones en 2020 a $ 1.276.442 millones en 2021, lo que representa una rebaja del 7%. Y este año, por primera vez, se discutirá de forma separada el presupuesto del Comité de Auditoría, que a través de un equipo de 13 personas fiscaliza el correcto uso de las asignaciones parlamentarias. Para ese ítem se asignaron $ 766.278 millones, que se suman a los $ 510.164 millones destinados al funcionamiento administrativo del Consejo de Asignaciones.