Gobierno confirma a Pablo Urquízar como nuevo delegado presidencial de la macrozona sur en reemplazo de Barra

Urquízar se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Defensa hasta diciembre de 2020. Su llegada al cargo se da luego de que Cristián Barra presentara su renuncia como delegado, tras cuestionar el rol de las Fuerzas Armadas para enfrentar los conflictos en La Araucanía. Loreto Silva, en tanto, asumirá como asesora jurídica.




Luego de que ayer se confirmara la salida de Cristián Barra del cargo, el gobierno confirmó hoy que en su lugar asumirá Pablo Urquízar como nuevo delegado presidencial de la macrozona sur.

El abogado se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Defensa hasta diciembre de 2020, mientras estuvieron los RN Alberto Espina y Mario Desbordes a la cabeza, y ocupó el mismo rol en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) de Cecilia Pérez durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. A principios de este año recaló en el Segundo Piso, reclutado por su titular, Cristián Larroulet.

Siendo asesor legislativo de RN, en 2015 formó parte del equipo de Espina -entonces senador por La Araucanía- como precandidato presidencial, el que era liderado por Barra y también constituían la ex presidenta de la juventud RN, Andrea Balladares, el ex director de la Injuv, Nicolás Duhalde, y el también asesor Andrés Longton (hoy diputado).

Según un comunicado publicado por La Moneda, las principales áreas de acción que dependerán de Urquízar son la coordinación policial, la persecución penal, el programa de apoyo a víctimas y la gestión de gobierno en la zona, con el objeto de coordinar y gestionar la implementación de políticas y programas que fortalezcan la seguridad pública.

En paralelo, la exministra de Obras Públicas del primer gobierno de Sebastián Piñera, Loreto Silva, asumirá como asesora presidencial en la macrozona. Desde La Moneda explicaron que la exsecretaria de Estado se ocupará de los temas jurídicos. Su labor, sostuvieron, “estará enfocada en la asesoría al Presidente de la República en temas jurídicos asociados a la planificación, medidas y acciones necesarias para asegurar un trabajo coordinado y eficiente entre los diversos organismos competentes, a fin de enfrentar los hechos de violencia que afectan actualmente a la macrozona sur y sus habitantes”.

“En particular, reforzará la estrategia para abordar los procesos judiciales en que el Estado sea parte”, agrega el comunicado de Palacio.

Rol en nuevas Reglas de Uso de la Fuerza

Urquízar tuvo un rol clave en la negociación que La Moneda llevó adelante con las FF.AA. para actualizar las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) tras el estado de excepción decretado en octubre de 2019. Ello, pues hasta esa fecha estaban vigentes las negociadas y firmadas por Andrés Allamand en 2012, en su periodo como ministro de Defensa, las que no tocaban el protocolo a seguir en el caso de que las FF.AA. tuvieran que realizar acciones asociadas al orden público.

El ahora delegado para La Araucanía fue parte de una serie de reuniones en las que también participaron -por Defensa- la jefa jurídica Alicia de la Cruz y el subsecretario Cristián de la Maza. Por Presidencia estuvieron el entonces asesor del Segundo Piso, Benjamín Salas, y por los comandantes en jefe de las FF.AA..

En febrero de 2020, Contraloría tomó razón de las nuevas RUF. Sin embargo, para Urquízar el tema no terminó ahí, pues en varias ocasiones defendió el nuevo protocolo ante voces que establecían que eran muy permisivas con las FF.AA. y otras que acusaban que los militares no podrían ejercer la legítima defensa.

Así, por ejemplo, lo hizo el 12 de julio de 2020 en una carta al director a La Tercera. En ésta aseveró que “las RUF fueron dictadas por el Presidente Piñera, las que, tomadas de razón por la Contraloría General de la República, se basan en los principios de legalidad, proporcionalidad, gradualidad, responsabilidad, en el deber de advertencia, en el deber de daño colateral, en la legítima defensa y en el cumplimiento de la consigna omisión”. Y afirmó que “lejos de ser una “camisa de fuerza”, buscan otorgar certeza jurídica al personal militar que, en el cumplimiento de su deber constitucional, se vea enfrentado a una situación extrema, siendo el Código Penal y el Código de Justicia Militar parte integrante de éstas en su totalidad. Así ha funcionado y se ha materializado en diversas situaciones durante este Estado de Excepción”.

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