El lunes en la mañana, en el comité político ampliado realizado en La Moneda, los ministros del Presidente José Antonio Kast intentaron tranquilizar los ánimos de la alianza de gobierno. En la antesala de la presentación de la reforma de seguridad, los partidos estaban inquietos. El esfuerzo, sin embargo, fue en vano.

Durante las últimas horas, distintos representantes del oficialismo han hecho ver que tienen reparos frente a la iniciativa gubernamental que ingresó este lunes y que este martes se dio cuenta en el Senado con suma urgencia.

Por ejemplo, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, dijo, en conversación con T13 Radio, que “tenemos un texto presentado que todavía tiene hartas dudas, hay espacio para mejorarlo (...). Hay hartas cosas todavía con dudas, dentro de ellas las inhabilidades a garantías constitucionales como salud, educación, y es importante saber cuál es el objetivo final”.

Además, la timonel acusó que el gobierno trabajó “muy poco” con los partidos oficialistas.

RN ha sido la colectividad que más activamente ha advertido reparos frente al proyecto. En sintonía con Balladares, el senador Andrés Longton, de la misma colectividad, dijo a Radio Agricultura que “cuando a uno lo invitan a una actividad, uno entiende que el proyecto ya está ok, que está debidamente socializado, conversado con las distintas bancadas, y eso es un trabajo prelegislativo previo que se hace siempre, y en este caso no se hizo”.

“Si no tienes los votos en tu sector, difícilmente los va a tener el frente, y acá necesitas cuatro séptimos”, agregó Longton.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), afirmó: “Por mucho que se compartan los objetivos y que estamos para apoyar todo lo que esté orientado a combatir la delincuencia, lo serio es revisar cada una de las iniciativas y tomar posiciones. Colaborar no es sinónimo de ser un buzón”.

Uno de los puntos de la reforma que más preocupó en el sector es el nuevo estado de excepción. A diferencia de los que ya están establecidos en la Carta Magna, este se extiende por un periodo de 120 días -prorrogable por 120 días más- y entre otras cosas permitirá interceptar las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial.

El presidente y senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, no cejó en plantear sus dudas por esa norma. A través de sus redes sociales, si bien recalcó que la agenda de seguridad es prioridad y contará con el respaldo del partido, planteó que el “Estado Excepción Seguridad concede poderes excesivos a Presidente que jamás querría en manos de oposición”, por lo que apuntó a que “debe ser corregido”. “No se justifica en democracia dar atribuciones al Ejecutivo sin control Congreso en 240 días”, cuestionó.

Aunque se mostró conforme con el texto final, en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, reconoció que en parte del oficialismo se mantienen las dudas y, por lo mismo, aseguró que “vamos a tener que entrar en un diálogo”.

“Vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7. La UDI lo que quiere es lograr ese acuerdo para que salgan los 4/7 para aprobar esta reforma, aunque haya que hacerle modificaciones, pero que no sacrifique el fondo”, aseguró Ramírez.

En el oficialismo remarcan que no tienen los votos para aprobar la reforma -89 en la Cámara y 29 en el Senado- y, por lo mismo, esperan que el gobierno ceda en algunas modificaciones al texto. Ahí, se apuesta a que temas como el estado de excepción y las garantías constitucionales sufran algunos cambios.

En ese contexto, respecto a la posibilidad de acortar la duración del estado de excepción, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que “hay varios parlamentarios que han planteado eso. Y la idea de plantear un proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, sin enamorarse de los proyectos, sin creer que es la perfección, es que se mejore en materia legislativa (...). Estamos abiertos a escuchar las buenas indicaciones”.

Este martes se definió que la reforma constitucional pasará por tres comisiones de la Cámara Alta: Constitución, Defensa y Seguridad. Esto fue el resultado de una maniobra de Chile Vamos, el sector del oficialismo que concentra los reparos en esta materia.

En ese conglomerado creen que, entre más comisiones aborden la reforma, más oportunidades habrá para cambiarla. Lo lograron a contrapelo de los planes del Ejecutivo, que esperaba una tramitación rápida y acotada.

La reforma, además, ha levantado críticas en los sectores no alineados que tienden a respaldar las iniciativas del gobierno. Por ejemplo, el senador Matías Walker (independiente que integra la bancada de Evópoli), uno de los más críticos en el sector respecto a la reforma del gobierno, también mantuvo sus aprensiones. “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”, apuntó en sus redes sociales. El exmilitante democratacristiano adelantó, además, que votaría en contra de la iniciativa.

El senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, ha sido una de las voces más críticas de la postura de Walker en torno a la megarreforma de seguridad. “Cada uno de los senadores y parlamentarios va a tener que tomar una decisión: en qué lado se quiere poner. ¿Tener un Estado robusto, con fuerza, que enfrente el crimen organizado como corresponde, o si va a estar preocupado de los controles de salud de los presos que están ahí por haber mutilado, asesinado, secuestrado y tantas otras cosas que están haciendo las bandas de crimen organizado?”, dijo ayer en un punto de prensa.

En tanto, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, planteó que “la reforma constitucional incluye la creación de un nuevo estado de excepción que se prolongaría por hasta ocho meses sin necesidad de consentimiento del Congreso, con restricciones extremadamente invasivas a derechos protegidos por la Constitución. En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto, o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable”.

Los parlamentarios del PNL sostuvieron una reunión con el ministro Martín Arrau este martes. En ella, se le hizo saber al secretario de Estado los reparos en torno a esa reforma constitucional.

Más duro aún ha sido el Partido de la Gente, colectividad desde la que se ha adelantado que no entregarán votos para reformas constitucionales. “Después de dos ejercicios fallidos para el cambio de la Constitución, quedó implícitamente un contrato en que no se iba a tocar la Constitución. Ahora estamos viendo una puerta que a nosotros no nos gusta para nada”, dijo Franco Parisi en un punto de prensa.

Sin sorpresas, la iniciativa también generó el rechazo de la oposición. “Jurídicamente, (la reforma) tiene varias aberraciones”, sostuvo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en Radio Infinita.