Gobierno retira de Contraloría reglamento de Ley de Migraciones para hacer correcciones y reingresarlo

La crisis migratoria se ha ido agudizando durante estos días en el norte del país y, por lo mismo, es que el gobierno, particularmente, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se ha desplegado para hacer frente a la materia tomando diferentes medidas. Asimismo, el jefe de gabinete ha señalado que están a la espera de que esté en marcha el reglamento de la nueva Ley de Migraciones (21.325), que fue promulgada en abril pasado, con el objetivo de tener más herramientas para enfrentar la situación.

El 6 de diciembre del año pasado, el gobierno ingresó a la Contraloría General de la República el Decreto 296, que contiene este reglamento, el que, sin embargo, La Moneda tuvo que retirar este jueves del organismo.

Según conocedores de la decisión, el organismo contralor hizo observaciones al Ejecutivo que podrían haber terminado en declarar ilegal el documento. Por lo mismo, La Moneda resolvió sacarlo para hacer correcciones, y luego poder reingresarlo rápidamente, idealmente, esta misma semana.

Si bien con esto la puesta en marcha de la nueva legislación tardará más de lo que esperaban, en Palacio desdramatizan la situación debido a que consideran que es un procedimiento habitual, sobre todo, en temas que son complejos. Así, recalcan que se hicieron solo algunas “observaciones menores” por parte de la Contraloría respecto de nueve artículos de un total de 190, las cuales corregirán a la brevedad.

La nueva normativa -impulsada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera- tardó varios años en ser aprobada y despachada a ley, considerando la resistencia por parte de la oposición, desde donde sectores la calificaron de “discriminatoria” para los migrantes.

Si bien una vez promulgada el gobierno tenía un plazo de hasta un año para ingresar el reglamento, en su oportunidad resolvieron hacerlo antes, con el fin de dejarlo listo durante la actual administración -que concluye su mandato el 11 de marzo- y, de esta manera, comenzar de lleno con la aplicación de la nueva ley. Según afirman en Palacio, esa voluntad se mantiene y, por lo mismo, quieren hacer las correcciones y que esté todo listo antes que asuma el próximo gobierno Gabriel Boric, con quien, durante estos días, se han visto enfrentados por la crisis migratoria.

Como sea, la Contraloría había excedido el plazo de revisión del reglamento y no se había pronunciado aún. Esto, debido a que, según explican en el organismo, recibieron observaciones al documento por parte de distintos organismos, entre ellos, algunos que cuestionan su constitucionalidad.

En detalle, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, recibió tres documentos con reparos. El primero de ellos reúne al Servicio Jesuita a Migrantes, la Clínica Jurídica de la Universidad Diego Portales y la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado.

Ellos solicitaban declarar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos n°12 del reglamento -relativo al control de las personas extranjeras que ingresen o egresen del territorio nacional- el artículo 50 inciso 2 -que indica que el Ejecutivo pretende limitar de manera más extensa que el legislador, el ejercicio de un derecho consagrado en el artículo 19 de la Ley N° 21.325 causando desprotección a la familia-. También apuntan al artículo n°73 inciso 3, artículo n°114 inciso 2, artículo n°143 inciso 2 y 3, y al artículo n°179 inciso 2.

El segundo documento es firmado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y la Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el texto realizan consideraciones con respecto a “la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana”, las cuales buscan “promover y proteger el disfrute efectivo de todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales para todos”, esencialmente apuntando a las personas en contexto de movilidad humana, migrantes, refugiadas, apátridas, niños, niñas y adolescentes, específicamente de los artículos n°12, n°14, al artículo n°17 inciso 1, n°28, al artículo n°50 inciso 2, n°114, n°143 inciso 2 y 4, y al artículo n°181.

El tercer documento es de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, donde subrayan consideraciones de legalidad sobre el artículo n°141 inciso 2, apuntando a una eventual ilegalidad en la privación de las garantías procesales, y el artículo n°143 inciso 3, por eventual ilegalidad en la privación de la libertad personal.

El retiro de este reglamento se da en medio de la crisis migratoria y el aumento de la delincuencia que se vive en la zona norte del país, lo que ha provocado una serie de movilizaciones, marchas y barricadas como una señal de protesta entre la población del sector.

De hecho, el lunes de esta semana Iquique amaneció totalmente paralizada, e incluso el aeropuerto de la ciudad tuvo que suspender sus operaciones. Además, varios servicios y comercios debieron cerrar producto de las movilizaciones, incluyendo la Zona Franca de Iquique (Zofri).

En la capital de Tarapacá se venían efectuando protestas, pero las de esta semana estuvieron gatilladas por la agresión -por parte de cuatro ciudadanos venezolanos- a dos carabineros que les realizaron un control policial por drogas. Uno de ellos fue atacado con una manopla en el rostro, lo que ocasionó una fractura.

En Arica esta semana también hubo bloqueo de la ciudad. Tanto a esa ciudad como a Iquique viajó esta semana el ministro Delgado, anunciando medidas. El Presidente Piñera, de hecho, interrumpió sus vacaciones el lunes para encabezar una reunión con gremios y autoridades de la capital de Tarapacá, tras lo cual se comunicaron las acciones a seguir.

En el caso de Arica, el jefe de gabinete informó este jueves refuerzo militar en fronteras y aumento en dotación de Carabineros.

La crisis migratoria había tensionado esta semana a autoridades del gobierno saliente de Piñera y del entrante de Gabriel Boric. Algunos futuros ministros del comité político del Presidente electo aseguraron que la actual administración es la que está en funciones para enfrentar este escenario, mientras que Delgado apuntó al próximo Mandatario y a diputados de oposición por haber llevado al Tribunal Constitucional (TC) aspectos de la Ley de Migraciones.