Interior registra 558 víctimas de violencia rural
La actuación de Carabineros en la muerte del comunero Camilo Catrillanca, a fines de 2018, habría generado un freno al desarrollo de diferentes iniciativas en la zona.
"El caso Catrillanca tuvo un efecto de aumento de la violencia. "Esto, principalmente, porque las noticias de la región se han centrado en la violencia y no en las cosas positivas", señaló el intendente de La Araucanía, Jorge Atton.
La muerte de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre de 2018, no sólo significó un remezón para el gobierno y Carabineros desde el punto de vista de la seguridad. También fue un freno para el desarrollo del Plan Impulso Araucanía, proyecto estrella del Ejecutivo en la región.
En un sector de las comunidades la llamada "desmilitarización" en la zona (reducción de efectos policiales) era condición para continuar con el diálogo. No obstante, pese a la decisión de La Moneda de retirar al "Comando Jungla" (unidad especial de Carabineros en zona de conflicto), algunas comunidades endurecieron su postura contraria a la iniciativa tras el incidente.
Para el intendente de La Araucanía, Jorge Atton, "el caso Catrillanca tuvo un efecto de aumento de la violencia. "Esto, principalmente, porque las noticias de la región se han centrado en la violencia y no en las cosas positivas. Acá, la mayoría de las comunidades mapuches quieren el desarrollo y solicitan cosas específicas (...) Más que comunidades violentas, son personas que ejercen la violencia".
Una de las ramas del plan está enfocada en subsidiar a aquellas personas que fueron víctimas de violencia rural. Desde 2018, según cifras del Ministerio de Interior, se han registrado 558 personas, naturales y jurídicas, como afectadas en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos.
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Hasta el momento, se han entregado $ 1.340 millones a través de Sercotec en la reposición de actividades económicas, además de 13 subsidios habitacionales.
Desarrollo Social también informó que "BancoEstado ha aprobado un total de $ 7,8 mil millones en créditos para personas de la región de Biobío y La Araucanía, enfocados en inversión y capital de trabajo, y así poder apoyarlas en el reemprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas".
Otro aspecto apunta a la reposición de instalaciones que resultaron afectadas. En esta dimensión existen 31 proyectos en evaluación, dirigidos a la reconstrucción de capillas católicas, templos evangélicos, jardines infantiles y escuelas.
Sin embargo, Jessica Bascur, víctima de violencia rural, es crítica con lo hecho hasta ahora por el gobierno. "A nosotros no nos ha servido de mucho, porque nunca han concretado nada. Se han ido en puras promesas (sic) y las verdaderas víctimas no hemos salido beneficiados en nada con el Plan Impulso Araucanía", dijo.