Este miércoles, a las 16.00, en el Senado, los parlamentarios de Chile Vamos Paulina Núñez (RN), Luz Ebensperger (UDI), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) citaron un punto de prensa para referirse al caso ProCultura, que mantiene a la Fiscalía investigando un posible financiamiento irregular de la campaña del Presidente Gabriel Boric.

El paso al frente de los cuatro congresistas no fue al azar. Todos son parte del equipo de voceros de la abanderada del bloque, Evelyn Matthei, por lo que su intervención -explican- llega tras una coordinación directa con el comando de la exalcaldesa, desde donde han monitoreado de cerca los nuevos antecedentes.

La contraofensiva se activó luego de que -el martes- el líder de la fundación, Alberto Larraín, asegurara en una declaración pública que, parte de los proyectos que hoy están en investigación fueron promovidos por el gobierno de Sebastián Piñera.

Pero el foco de la convocatoria no solo estuvo en la investigación, sino también en reforzar de las propuestas que propuso Matthei en materia económica y gasto público. Esto, con el objetivo de mostrar que la candidata tiene medidas para enfrentar la materia.

“Mientras el oficialismo se revuelca en el barro por el caso ProCultura, hoy día nadie conoce a Larraín, todos se alejan a kilómetros de él, nuestra candidata sigue presentando sus propuestas, sigue viajando y recorriendo el país. Sin ir más lejos, este próximo viernes y sábado estará en la región de Tarapacá”, dijo Ebensperger.

Alessandri, por su parte, recalcó que Matthei “nos dice que el país tiene que volver a crecer (…). Cuando las personas ven los dineros entregados a ProCultura sin ningún control, 1.600 millones solo en la Región Metropolitana, ¿creen ustedes que es posible que el Estado gaste menos y mejor? ¿Creen ustedes posible que el Estado sea más eficiente? Por supuesto que sí, esta es una decisión política“.

Más allá de que en la derecha -a la espera de que aparezcan más antecedentes- han privilegiado un diseño más cauteloso, sin adelantar medidas más duras por el caso, reconocen que la mención a Piñera aceleró las gestiones para apuntar contra la alianza de gobierno.

En Chile Vamos, de hecho, explican que han designado a algunos parlamentarios para que hagan seguimiento al caso y lideren las intervenciones respecto al tema. Entre ellos, no solo los voceros de Matthei y los jefes de bancada, sino también otros como Andrés Longton, quien presidió la comisión investigadora por el caso.

En el sector reiteran que, por el momento, el foco es político y, por lo mismo, con el objetivo de mantener el tema en la discusión, el despliegue ha sido más comunicacional mientras se trabaja en algunos pasos a seguir en el Congreso.

Así, en la coalición han mantenido coordinaciones con el Partido Republicano.

Una de ellas, por ejemplo, es la solicitud de sesión especial que fue anunciada durante el fin de semana y que -según fuentes del sector- se espera concretar durante los próximos días en la Cámara de Diputados.

Al mismo tiempo, algunos han planteado la posibilidad de formar una nueva comisión investigadora, lo que, en todo caso, no ha sido pedida formalmente.

A lo anterior se sumó una ofensiva de la bancada de la UDI que este miércoles hizo un llamado al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que se nombre como persecutor exclusivo de la causa al fiscal Patricio Cooper.

Los diputados también pidieron designar a un equipo especializado para investigar el eventual financiamiento irregular de campañas políticas.

“Es indispensable que el Ministerio Público adopte todas las medidas que sean necesarias para garantizar el éxito de esta indagatoria, que a la luz de los antecedentes que hemos conocido, podría convertirse en uno de los casos de financiamiento irregular de la política más graves en la historia de nuestro país, sobre todo por el desvío de recursos públicos que estaban destinados para ayudar a las personas más vulnerables y necesitadas”, dijo el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal.

Y agregó que “por la magnitud del caso, los montos y las autoridades involucradas, es fundamental que el fiscal a cargo cuente con todas las herramientas necesarias para perseguir los eventuales delitos que se han cometido, como por ejemplo un equipo especializado de investigación y un presupuesto para realizar todas las diligencias que requiera”.

La ofensiva gremialista ocurrió después de las acusaciones realizadas por dirigentes del Frente Amplio (FA) -entre ellos la presidenta del partido, Constanza Martínez- en las que aseguran que Cooper, de la mano de la Fiscalía, ha realizado “espionaje político”, lo que llevó a diputados oficialistas a solicitar la remoción del persecutor.

Ese tema ha sido mirado de cerca por la derecha, desde donde incluso los candidatos presidenciales del sector han salido a apuntar por lo que han catalogado como una persecución al trabajo del Ministerio Público.

Al respecto, este miércoles el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, recalcó que “lo que dice Constanza Martínez es una gran irresponsabilidad y es ridículo. No es posible que se llame espionaje telefónico a la aplicación estricta de la ley para resolver un caso judicial”.

Además, agregó que las interceptaciones “las pide la Fiscalía, que es lo que la ley establece, las analiza el tribunal y finalmente las resuelve un juez de garantía”.

No solo en la Cámara de Diputadas y Diputados la derecha ha estado evaluando acciones. En el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego -uno de los gobernadores cuestionados por traspasos a ProCultura y su relación con Alberto Larraín- los consejeros regionales del sector también esperan levantar una sesión especial. Esto, para que se expliquen todos los antecedentes.