Los exseleccionadores del fútbol chileno Jorge Luis Sampaoli y Eduardo Berizzo, ambos argentinos, aún figuran en el registro electoral chileno.

Si en las próximas semanas la PDI no informa cambios en su situación migratoria, seguirían obligados a votar en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile, a pesar de que nunca se nacionalizaron y viven en el exterior hace años.

Ambos casos son muestra de las rarezas del sistema electoral chileno, que no solo permite a los inmigrantes votar en todo tipo de elecciones (presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales y plebiscitos), sino que, además, los obliga. Basta que no enfrenten problemas judiciales graves y tengan cinco años de residencia, incluso temporal y discontinua, para poder sufragar.

En los últimos comicios han operado multas transitorias para migrantes y electores chilenos, pero está pendiente lo que ocurrirá en los próximos meses, ya que la calculadora electoral del gobierno y la oposición ha entrampado la posibilidad de un acuerdo que resuelva esta singularidad a nivel mundial.

Lo paradójico de este debate es que el oficialismo, que años atrás abogaba por los derechos civiles de los extranjeros, incluyendo su sufragio, hoy prefiere que no voten. ¿La razón? Temen que la mayoritaria comunidad venezolana adopte un voto castigo contra la izquierda.

En 2020 los venezolanos dentro del padrón eran 7.148, y en 2024 habían crecido a 174.851.

Para los comicios de fin de año la cifra aumentaría, ya que debiera recoger la principal oleada migratoria que se produjo justo antes de la pandemia. En las recientes primarias, los extranjeros habilitados para votar eran cerca de 840 mil, pero a fin de año podrían rozar el millón de electores, precisamente por el factor venezolano.

Estas cifras también han hecho cambiar la mirada de la oposición, que históricamente bregó para restringir la oleada migratoria, pero hoy es la principal defensora de que los extranjeros también tengan la obligación de votar. Ese giro está influenciado por la suposición de que los inmigrantes tienen una mayor sintonía con la derecha.

Gesto a los europeos

El origen de este debate se remonta a la redacción de la Constitución de 1980 por parte del grupo de juristas que encabezaba el exministro de Justicia de Jorge Alessandri, Enrique Ortúzar.

En la legislación previa al golpe de Estado, los extranjeros, que no estaban nacionalizados, solo podían participar en comicios locales, criterio que existe en otras partes del mundo.

Sin embargo, el entonces profesor de Derecho Constitucional de la UC Guillermo Bruna concurrió a la comisión Ortúzar a exponer una idea novedosa: ampliar el sufragio a otras elecciones, como una forma de hacer un reconocimiento a inmigrantes europeos que llevaban años viviendo en Chile, pero que no se nacionalizaban para no perder su vínculo con su país natal (entonces solo existía la doble nacionalidad con España).

“El país está consciente y agradecido de que los europeos, que han venido a América y particularmente a Chile, han hecho grandes aportes a la cultura, a la ciencia y a la técnica. Por lo tanto, no se desea exigirles el que se hagan chilenos si quieren participar en los asuntos públicos que a ellos también les interesan, como serían un plebiscito o las elecciones, inclusive la del presidente de la República. Se pretende que la Constitución deje abierta la puerta al legislador para que juzgue, en determinado momento, si debe otorgársele o no el derecho de participar en elecciones, sin requerirles la renuncia a su nacionalidad”, explicó Bruna, quien presidió la subcomisión encargada del estudio del Sistema Electoral y Estatuto de los Partidos Políticos.

La idea fue acogida favorablemente por la mayoría de los comisionados. Sin embargo, el jurista y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, se mostró reticente.

Según las actas de la comisión Ortúzar, Guzmán aceptó que los extranjeros tuvieran derecho a sufragio, pero “en determinadas condiciones”. “Desde el punto de vista de la doctrina, rompe la armonía tradicional; pero, desde un punto de vista práctico, el hecho de que determinados extranjeros con hondo arraigo en la vida del país por su larga permanencia en él puedan votar, es un hecho positivo para la vida cívica”, dijo el fundador del gremialismo, según las actas.

Entonces, Guzmán fue el encargado de redactar la norma, que originalmente proponía 10 años de avecindamiento ininterrumpido. Sin embargo, tras intercambios y ajustes entre la comisión Ortúzar y el Consejo de Estado –órgano asesor de Augusto Pinochet–, finalmente el plazo quedó reducido a cinco años y se eliminó el concepto “ininterrumpidamente”.

No obstante, en ese grupo de constituyentes, según reflejan las actas, no se despejó si el voto de los extranjeros quedaba como voluntario u obligatorio.

Según expresó Ortúzar, “el problema aún no se encuentra resuelto”.

Guzmán coincidió y señaló que, “entonces, sería el legislador quien determinaría el carácter obligatorio o facultativo del sufragio (a los extranjeros)”, punto en el que concordaron otros comisionados como Enrique Evans y Jorge Ovalle.

El riesgo

En todo caso, en la misma comisión quedó abierta la interrogante del riesgo para la soberanía y la seguridad nacional que ello implica.

“Si Chile, por ejemplo, tuviera un estado de conflicto bélico con un país cualquiera, ¿sería natural que los nacionales de ese país pudieran ejercer el derecho a sufragio en Chile?”, se preguntó Ortúzar, inquietud con la que coincidió otro comisionado, Alejandro Silva Bascuñán, quien planteó que, aunque los extranjeros no puedan ser elegidos (hasta hoy la Constitución lo prohíbe), podrían elegir a “un traidor”.

En el gobierno, de hecho, admiten que si el tema no es resuelto, a futuro genera una vulnerabilidad en zonas fronterizas y comunas pequeñas, donde la presencia masiva de extranjeros puede terminar eligiendo autoridades que se ciñan a sus intereses.

Lo que no estaba en los cálculos de la comisión Ortúzar es que los riesgos de seguridad nacional hoy ya no pasan necesariamente por una guerra. Hoy el avance del crimen organizado está levantando nuevas alertas.

Las vueltas de tuerca

El problema es que esta situación se agudizó en 2012 con la ley de inscripción automática, que implementó por algunos años el sufragio voluntario. Esa norma incorporó en el padrón a muchos extranjeros que hoy están obligados a votar, aun contra su voluntad. Antiguamente, el registro electoral siempre fue voluntario.

En 2020 ocurrió otro episodio que acentuó más el problema. Un grupo de diputados, entre ellos el actual Presidente Gabriel Boric, concurrió al Tribunal Constitucional para eliminar disposiciones de la reforma a la Ley de Migración que restringían el derecho a voto solo a los extranjeros que tuvieran residencia definitiva e ininterrumpida. El TC les dio la razón a los legisladores y desde entonces quedó asentado que el derecho a sufragio opera aun cuando ese migrante tenga residencia temporal y discontinua.

La problemática se agudizó aún más con la reforma constitucional de 2022, que retornó al sufragio obligatorio, por lo que ahora estos inmigrantes (no nacionalizados) tienen el deber de concurrir a las urnas, en circunstancias de que muchos ni siquiera saben que están habilitados para votar.