"Esas conductas pueden ser sancionadas legalmente, pero que no necesariamente suponen que deban ser penalizadas con penas privativas de libertad". Fueron ayer las palabras del ministro de Justicia, Hernán Larraín, respecto de la indicación que crea el nuevo tipo penal de "negacionismo", que busca sancionar a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar.

De esta manera, Larraín se abrió a legislar sobre este tipo de conductas pero no con penas de cárcel como la indicación que se está tramitando en el Congreso. Dicha enmienda la ingresó la diputada Carmen Hertz (PC) al proyecto de incitación a la violencia que data de la administración anterior, al cual el gobierno le introdujo una indicación sustitutiva haciéndose parte de la discusión.

En este escenario, ayer Larraín confirmó, tal como lo adelantó La Tercera, que están evaluando presentar indicaciones para reponer la idea inicial del proyecto. "Nosotros estamos evaluando presentar indicaciones en la línea de volver a que el proyecto de incitación a la violencia física siga su camino", dijo.

Eso sí, a diferencia de lo que se había planteado anteriormente por el gobierno, Larraín se abrió a llegar a un acuerdo con la oposición en la materia para sancionar el negacionismo.

Así, afirmó que quieren que en "el otro proyecto que se presentó para combatir la incitación al odio siga su curso y ahí ojalá podamos llegar a una propuesta de reproche social legal al modo de la ley antidiscriminación. Esto es sin penas privativas de libertad para resguardar el principio de libertad de expresión".

En ese sentido, Larraín explicó que podría ser sancionado de manera similar a lo que "ocurrió con la ley Zamudio, la ley antidiscriminación, que sanciona los actos de discriminación, pero no los penaliza con penas de libertad". Y, en esa línea, dijo que hay "que buscar el punto medio".