El jueves por la noche, Alfredo Moreno —copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento— tenía una cita clave para intentar asegurar el respaldo político al acuerdo que, este martes, tuvo su última sesión antes de que expire el plazo legal del decreto que regula su funcionamiento. La comisión busca articular un consenso transversal sobre el conflicto en la Macrozona Sur.

Pasadas las 20:00 horas, Moreno se reunió en privado con la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, y el comisionado Sebastián Naveillán. El exministro de Desarrollo Social de Sebastián Piñera apostaba a convencer a Hurtado del sentido político del acuerdo que se estaba fraguando, en medio de la creciente tensión al interior de la derecha.

La preocupación era alta: el Partido Republicano ya había anunciado, a través de Hurtado, que rechazaría cualquier acuerdo alcanzado por los ocho comisionados de la instancia, quienes representan distintas sensibilidades políticas. Días antes, la dirigenta había declarado a la prensa que tenía acceso a un borrador del documento y había emplazado públicamente a la senadora republicana Carmen Gloria Aravena —también comisionada— a rechazar el acuerdo que catalogó de “octubrista” y lejos de encaminar un acuerdo por la paz en la zona.

Para entonces, Moreno sabía que Aravena estaba disponible para alcanzar un entendimiento, pese a los nudos pendientes en temas como tierras, presupuestos y la redacción final del texto. También sabía que la dirección del Partido Republicano ya le había advertido a la senadora que un eventual respaldo al acuerdo podría costarle su cupo parlamentario.

La cita con Hurtado y Naveillán fue solo una muestra del despliegue político de Moreno para evitar que el trabajo de la comisión —creada por decreto en junio de 2023 con apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria— naufrague por falta de respaldo político. Porque no basta con la firma de los ocho comisionados: se requiere que los partidos apoyen el texto para que avance en el Congreso y no se diluya en medio de la pugna electoral.

Moreno ha mantenido contactos permanentes con dirigentes de Chile Vamos. Por eso, este martes por la tarde, el presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, intentó informarse a través de él sobre los avances de la comisión.

Fuentes de Chile Vamos aseguran que en distintas instancias Moreno ha explicado los avances y retrocesos de las conversaciones y ha abordado cuáles, a su juicio, son los alcances de no llegar a un acuerdo frente al conflicto en la Macrozona Sur.

Mientras que, por otro lado, entendidos en el tema sostienen que su relación con la Macrozona Sur se ha visto permeada por su reciente nombramiento en el directorio de Codelco. Sobre todo por el mundo productivo y las forestales, quienes veían en Moreno una oportunidad para salir representados en el “acuerdo por la paz”.

Compromiso con La Araucanía

Pero el compromiso de Moreno con la región no es reciente. Durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Social en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el hoy comisionado asumió un rol clave en el intento de abrir caminos de diálogo con el pueblo mapuche como vía para abordar el histórico conflicto en La Araucanía. Convencido de que la solución debía ir más allá de la represión, Moreno impulsó un enfoque centrado en la construcción de confianza entre las comunidades y el Estado, reconociendo que una de las principales barreras era la persistente desconfianza por incumplimientos históricos.

Desde esa experiencia, Moreno siguió opinando sobre el rumbo de las políticas en la Macrozona Sur. En 2022, valoró que el gobierno de Gabriel Boric reconociera la existencia de actos terroristas en la zona, aunque criticó que esa declaración no fuera acompañada de acciones más decididas.

Ese compromiso con la región fue uno de los motivos por los que el gobierno de Gabriel Boric lo consideró una carta viable para encabezar la comisión. En esa época, la ministra del Interior era Izkia Siches, quien —poco después del lanzamiento del Plan Buen Vivir— sostuvo conversaciones con Moreno para conformar una instancia asesora para los asuntos relativos al conflicto en la zona.

El gobierno lo contactó formalmente en junio de 2022. Desde entonces, su rol ha sido clave para mantener en pie la instancia y acercar posiciones entre sectores que, hasta ahora, parecían irreconciliables.

Los nudos de la comisión

A horas de que termine su mandato, la Comisión para la Paz enfrenta nuevos nudos que tensionan su avance. Uno de los principales obstáculos es la propuesta de garantizar 240 mil hectáreas agrícolas para la futura Agencia Nacional de Tierras, una cifra que equivale a lo ya entregado en tres décadas, lo que ha generado resistencia en algunos sectores. A esto se suma la negativa de ciertos actores a incluir la palabra “terrorismo” en el documento final, lo que ha encendido críticas desde el mundo político.

Además, partidos oficialistas y de oposición manifiestan preocupación por el impacto fiscal del plan: se estima que agregaría 4.500 millones de dólares al ya abultado déficit de 16 mil millones, en un contexto económico complejo que vuelve aún más difícil llegar a consensos.

Frente a los nudos y las presiones del Partido Republicano hacia la senadora Aravena que podrían entorpecer la llegada a un acuerdo, el también copresidente y senador Francisco Huenchumilla (PDC) afirmó que “ese no ha sido un tema en el trabajo de la comisión. Sin perjuicio de que entiendo que la senadora Aravena tiene algún tema ahí pendiente con su partido. Pero no es algo que interfiera en nuestro trabajo”, cerró.

Hasta el cierre de esta edición, los comisionados seguían reunidos discutiendo un posible acuerdo.