“Hay cosas que faltan. Y entre las cosas que sabemos que faltan, están los indultos”.

Con estas palabras, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aumentó la presión sobre el gobierno en su afán de que anexe a su reforma constitucional de seguridad un proyecto para indultar a los uniformados condenados en el marco del estallido social del 2019.

Esto, luego que este miércoles la senadora y hermana del exdiputado, Vanessa Kaiser, ya había condicionado su voto en la Cámara Alta si no hay una ley que favorezca a los carabineros y militares que se encuentran en prisión.

En un punto de prensa en la sede de la colectividad, junto a otras figuras del partido, el líder de los libertarios dijo este jueves: “Nosotros hemos planteado que estamos dispuestos a discutir la reforma constitucional, a aprobar la idea de legislar, que significa la idea de entrar a discutir el tema, lo cual no significa que estemos dispuestos a respaldar todo el contenido de la reforma”.

Al igual como lo hizo en la jornada de ayer la senadora, el excandidato presidencial también cuestionó el estado de excepción de facultad presidencial que se propone en la reforma.

“Hemos sido muy críticos respecto de lo que es el estado de excepción constitucional así como se planteó”, remarcó.

Aunque deslizó una apertura al diálogo luego de las indicaciones anunciadas por los senadores Arturo Squella (republicanos) y Andrés Longton (RN).

“Lo que sucede es que el tema del estado de excepción como se está planteando al final pasa a ser un estado de excepción parecido al estado de emergencia. Ahora, con las modificaciones que se está planteando, es mucho más digerible de lo que estaba originalmente”, sostuvo.

En esa línea, dijo: “Estamos dispuestos a conversarlo, estamos dispuestos a analizarlo”.

Entre los puntos en que sí están de acuerdo, señaló “las modificaciones que permitirían un régimen carcelario diferenciado para los jefes de las mafias. Hay cosas en las que estamos perfectamente alineados”.

Sobre los indultos, Kaiser apuntó que buscan que se beneficie a más de 700 uniformados que todavía están procesados por el 18-O, y criticó con dureza el actuar de la fiscal Ximena Chong, que tuvo dedicación especial en esos casos y que ahora fue sacada de la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.

“Lo que no se corrige con esto es el impacto que ha tenido la persecución inmisericorde de una Fiscalía que no persiguió a los mandos ni al control de los subversivos del 18-O, respecto a las fuerzas armadas y de orden”, sostuvo.

Para luego añadir: “El Ejecutivo se tiene que hacer cargo de eso. Y si no se quiere hacer cargo de eso, bueno, hay un tema ahí”.