Una cuenta costosa ante sus electores: alzas dejan en incómoda situación a parlamentarios que aprobaron ley de tarifas eléctricas

El ministro Pardow exponiendo la semana pasada en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara.

No todos se declaran arrepentidos de haber apoyado la norma impulsada por el gobierno. Sin embargo, hay quienes se sienten engañados por la información que entregó el ministro Pardow al tramitar la iniciativa, ya que la ley le delegó a un reglamento, que elaboró el Ministerio de Energía, la cobertura y las condiciones de los subsidios.


Exactamente se demoró tres meses en salir del Congreso la última ley de estabilización tarifaria de servicios eléctricos, que impulsaba el ministro de Energía, Diego Pardow (Frente Amplio), con el aval detrás del titular de Hacienda, Mario Marcel (independiente PS).

La iniciativa ingresada el 16 de enero de este año y despachada el 15 de abril, fue tramitada con celeridad y contó con una amplia mayoría. De hecho, en el primer trámite, el Senado la apoyó en forma casi unánime (32 votos a favor, solo con la abstención del actual senador socialcristiano Rojo Edwards). No obstante, en las 17 ausencias que se registraron en la sala ya se evidenciaba cierta cautela de legisladores que prefirieron restarse del debate.

En el segundo trámite, en la Cámara de Diputados, este desmarque se hizo más evidente. Once diputados votaron en contra. Una de las principales detractoras fue la actual presidenta de la corporación, Karol Cariola (PC). También 20 se abstuvieron y 23 se ausentaron por diversos motivos. Entre los inasistentes, algunos admitieron en privado que tenían reparos con la iniciativa. Entre quienes no votaron ese día, por ejemplo, estaba el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez.

Aun así, el proyecto tarifario contó con una aplastante mayoría (de 101 votos a favor), compuesta por representantes de todas las bancadas. Entre los factores que pesaron para apoyar al gobierno había un principio de responsabilidad fiscal, ya que era insostenible continuar con el congelamiento de las cuentas de la luz a partir de dos leyes anteriores (una de 2019, producto del estallido social y otra de 2022, justificada por las secuelas de la pandemia).

En tercer trámite, al votar las modificaciones de la Cámara, el Senado dio la unanimidad (34 votos, pero con 16 ausencias).

Sin embargo, a partir de la información que ha comenzado a transparentar y detallar el ministro Pardow, la incomodidad y la molestia ha comenzado a subir especialmente entre aquellos senadores y diputados que apoyaron el plan gubernamental para sincerar las alzas, asumir la deuda con las empresas eléctricas (del orden de los US$6 mil millones) y, al menos, mitigar el impacto en las familias más vulnerables con un subsidio (que llegaría a 1,5 millón de hogares).

Uno de los más molestos con la realidad sincerada por el gobierno ha sido el diputado Frank Sauerbaum, quien votó a favor, pero hoy es uno de los que se declara engañado por Pardow, al punto que anunció la posibilidad de una interpelación en momentos que no tenía ni siquiera pleno acuerdo de su bancada.

Sauerbaum explica que algunas medidas quedaron en manos del reglamento que elaboró Pardow, que no fueron parte de la discusión legislativa. Agregó que personalmente, desde mayo, venía planteando su inquietud al Ministerio de Energía para entregar el detalle de las alzas, que recién fueron informadas la semana pasada en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Hasta el momento, solo se manejaban proyecciones de consultoras o expertos que ya adelantaban la inminente alza.

“Al votar, nos dijeron en el reglamento lo arreglamos. Cuando salió el reglamento, nos dimos cuenta del problema. El gobierno no consiguió ni un peso más ni construyó una alternativa. Solo el 40% más pobre podía postular a este subsidio. Quedó la sensación que el gobierno nos mintió, por eso la molestia en todos los sectores”, comentó Sauerbaum.

En el Senado, la jefa de bancada DC, Yasna Provoste, ha sido quien más ha elevado el reclamo por la insuficiencia de los subsidios.

Al igual que gran parte de la Cámara Alta, la senadora falangista, que integra la Comisión de Minería y Energía, votó y habló a favor de la iniciativa en su primer trámite. Sin embargo, en la tercera etapa de la discusión legislativa, cuando el Senado tuvo que pronunciarse por los cambios introducidos en la Cámara, Provoste no participó de esa votación.

“Los aportes son insuficientes... Ahora solo están disponiendo 20 millones de dólares para el 40% de las familias más vulnerables para que puedan amortiguar el alza en las cuentas de luz. Esto va a afectar a las familias de clase media. El Estado tiene que hacer un aporte mayor”, dijo la senadora Provoste, cuyos comentarios apuntaban esencialmente al ministro Marcel.

Otra de las senadoras que votó a favor, María José Gatica (RN), expresó que “la excusa de que no hay recursos nadie se las cree. Plata hay y se la están robando. Es cosa de ver el caso Convenios en Vivienda y las 42 mil nuevas contrataciones de este gobierno en un año”.

Consultada si se arrepiente de haber confiado en el Ejecutivo, al haber apoyado el proyecto sobre tarifas eléctricas, dijo que “no me siento ni engañada, ni arrepentida, es iniciativa del Presidente Boric proponer los subsidios, y la propuesta (que hizo el gobierno una vez publicada la ley) fue muy pobre”.

En las filas del oficialismo, también hay agitación por la respuesta del Ejecutivo. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, han evitado hacer críticas directas.

Por ejemplo, el Frente Amplio, cuyos diputados votaron divididos el proyecto sobre tarifas, a través de un comunicado hizo un llamado al gobierno a “dar nuevos pasos, aumentando los recursos y mecanismos disponibles” para amortiguar el alza.

El diputado Jaime Sáez (Frente Amplio), quien integra la Comisión de Hacienda y fue uno de los que aprobó el proyecto, defendió su voto a favor, ya que en caso contrario el efecto en las cuentas de luz habría sido peor. “Considero que la información, si bien es compleja y muy técnica, siempre estuvo disponible para quienes quisimos interiorizarnos. Aprobar esa ley era necesario, en virtud del escenario que se proyectaba si es que no se legislaba”.

Lo mismo sostiene el diputado Cristián Tapia (independiente PPD), quien dice no arrepentirse de su voto, porque el alza habría sido mayor. Pese a ello, Tapia admitió estar “viviendo una fuerte preocupación, no por nosotros, sino que, por las familias de nuestro país, que se les va a ver incrementado el costo de las cuentas de la luz. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que aquí no tenemos que seguir llorando, porque este problema viene del año 2019, donde se congela el aumento de este valor. Cuatro años que no se ha incrementado, y que ha tenido una deuda acumulada hasta el día de hoy de seis mil millones de dólares”.

Una postura distinta, sin embargo, tiene el diputado Carlos Bianchi, también independiente asociado a la bancada PPD. El magallánico votó a favor del proyecto en la Sala y en la Comisión de Hacienda, que hoy preside. “El ministro Pardow engañó no solo al Congreso, engañó al país completo. Y estos efectos traen, sin lugar a dudas, una inflación que afecta desgraciadamente al país entero, pero fundamentalmente a adultos mayores y a la clase media y, obviamente, hace que se transformen los costos de la energía en impagables”.

No hay plata sin reforma tributaria

En tanto, en línea con Marcel, ayer el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, salió a responder críticas de parlamentarios y apuntó especialmente a los de derecha.

En conversación con CNN Radio, Elizalde dijo que “algunos parlamentarios de oposición están pidiendo que se entregue un subsidio adicional, pero votaron en contra de la reforma tributaria”.

“¿Por qué hago esta mención? Porque finalmente, si queremos proteger de mejor forma a las personas, tenemos que generar recursos adicionales”, agregó.

Al ser consultado sobre si existe posibilidad de ampliar el subsidio, el titular de la Segpres señaló que el ministro Marcel “ha sido categórico. Nosotros tenemos compromisos respecto a los cuales se requieren recursos, y por eso estamos impulsando el pacto fiscal, y hay un proyecto muy relevante que es el de cumplimiento tributario que aumenta la recaudación, pero lamentablemente en su momento se rechazó la reforma tributaria”.

“Estos recursos obviamente tienen distintos objetivos. En primer lugar, por ejemplo, terminar con la lista de espera. En segundo lugar, aumentar el monto de la PGU. Entonces, el punto es, si queremos que el Estado proteja de mejor forma a las personas, a través de distintas políticas sociales, se requieren recursos y esos recursos están asociados al pacto fiscal y a la reforma tributaria”, cerró Elizalde.

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