Mientras el Senado tramita con urgencia el proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea, un nuevo antecedente se suma al debate. El Instituto Res Publica (IRP) elaboró el informe “Igualdad ante la ley, libertad de emprendimiento y no discriminación arbitraria: análisis del tratamiento regulatorio de las casas de apuestas en Chile”, en el que examina si el trato que el Estado da hoy a esta industria resiste el estándar constitucional que el propio Tribunal Constitucional ha fijado para las diferencias de trato en materia económica.

El punto de partida del estudio es conocido: los casinos presenciales operan bajo la Ley N° 19.995, con licencias, fiscalización de la Superintendencia de Casinos de Juego y obligaciones de juego responsable. Las plataformas online, en cambio, carecen de un marco legal específico que autorice y regule su funcionamiento, pese a que como constata el informe “continúan operando en Chile, lo que ha generado un escenario de incertidumbre jurídica”.

La tesis central del documento es que esa asimetría no es neutra desde el punto de vista constitucional. Recordando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el informe señala que toda distinción en materia económica exige “(a) base objetiva, (b) finalidad legítima y (c) proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido”. Y concluye que “las distintas formas de abordar la temática pueden generar distintos niveles de tensión con el principio de igualdad ante la ley, por lo que cualquier propuesta deberá evaluar si las diferencias de trato que establece cuentan con una justificación objetiva, razonable y proporcional, incluida la opción de mantener el status quo que algunos pretenden defender”.

El informe repasa además un antecedente que ha marcado la discusión de las últimas semanas: la resolución dictada por el Servicio de Impuestos Internos el 2 de junio de 2026, que habilitó un registro para que los casinos online y plataformas de apuestas declaren y paguen IVA en Chile, “aún considerándolas al margen de la ley”. Es decir, un órgano del Estado recauda impuestos de una actividad que otros órganos del mismo Estado buscan bloquear: la contradicción que, para diversos actores del debate, solo una ley puede resolver.

En el plano de las salidas, el estudio ordena las alternativas regulatorias en juego. Las que mantendrían o profundizarían la tensión constitucional: conservar el statu quo o autorizar el juego online con cargas mayores que las presenciales sin justificación suficiente. Y las que la reducirían: equiparar exigencias entre operadores presenciales y digitales, establecer un régimen ad-hoc para el entorno online debidamente fundado, o aplicar restricciones uniformes a toda la industria del azar. En todos los casos, subraya el IRP, la vara es la misma: criterios objetivos, razonables y proporcionales.

El documento también aborda la dimensión moral del debate y llama a distinguir entre el acto de apostar y las consecuencias de su abuso, recordando que el ordenamiento chileno ya resolvió esa disyuntiva para los casinos físicos: permitir la actividad con resguardos eficaces. Si se contempla una prohibición solo por medios online, sostiene el informe, “se estaría reprochando un acto ya permitido en otras circunstancias similares, lo que constituiría una discriminación arbitraria, desde un punto de vista moral”.

Desde la industria, Wilfred Adelsdorfer, CEO del Grupo Latamwin, sostiene que el diagnóstico del informe coincide con lo que los operadores vienen planteando: “Llevamos años pidiendo lo mismo que concluye este estudio: reglas parejas. Queremos licencias, pagar impuestos en Chile, verificación de edad y estándares exigentes de juego responsable. Lo que no resiste análisis es un Estado que nos cobra IVA por una ventanilla y nos bloquea por la otra. Esa incoherencia no la resuelve un bloqueo; la resuelve una ley”.

Adelsdorfer agrega que el vacío legal no beneficia a nadie: “No le tememos a la regulación: la necesitamos. Mientras no exista, los usuarios chilenos apuestan igual, pero sin protección, sin límites de gasto y sin resguardo de menores. El que gana con el vacío no es la industria ni el Estado: es quien busca eliminar la competencia por secretaría en vez de competir con mejores productos”.

Con el proyecto de ley en comisiones unidas de Economía y Hacienda y una mesa técnica ya conformada con el Ejecutivo, el informe del IRP entra al debate con una conclusión incómoda para todos los sectores: en materia de juego online, también no legislar es una decisión y, como toda decisión del Estado que trata distinto a actores comparables, tendrá que justificarse.