Los inversionistas inmobiliarios Paul Fontaine -economista y director de Parque Arauco-; Fernando García, Samuel Larraín y Paola Bruzzone -directora de Clínica Las Condes- han comenzado esta semana a sondear abogados para lanzar una arremetida legal en contra de Claudio Cordero, dueño de Constructora Ambienta, luego que esta última solicitara su liquidación voluntaria.

Todos ellos buscan dejar en claro que no son socios de la constructora que quebró ni tampoco de la inmobiliaria. El caso es que esta última invitaba a distintas personas de alto patrimonio a invertir, constituyendo sociedades de acuerdo a cada proyecto. En ese sentido, Claudio Cordero a través de Inmobiliaria Ambienta y su constructora actuaba como socio gestor y los otros socios aportaban capital en la nueva sociedad.

Ahora estos últimos han comenzado a contactar a connotados abogados de la plaza, entre ellos a Carlos Cortés (Cortés & Rodríguez) y Matías Balmaceda (BCP Abogados), para evaluar las acciones penales que se van a deducir en contra del dueño de la constructora y de todos los que resulten responsables.

La deficiente administración de la constructora llevó a que cada uno de tales inversionistas asumiera un rol relevante en la finalización de los proyectos inmobiliarios. De hecho, en conjunto los accionistas han debido efectuar aumentos de capital en cada una de las sociedades inmobiliarias. A la fecha, éstos suman 35.000 UF ($1.086 millones), pero el problema es mayor, puesto que no dan crédito a las versiones que ha entregado públicamente Cordero sobre las causas del declive financiero.

De hecho, el propio Cordero -representado por el abogado Cristián Muga- presentó a fines del año pasado una autodenuncia en el Ministerio Público. En su presentación, sostuvo que personas vinculadas a las inmobiliarias socias de Ambienta han afirmado privadamente que las dificultades que estos enfrentan obedecen a una “gestión maliciosa” de la constructora. Ello -según explicó Cordero a la fiscalía- se vería reflejado, entre otras cosas, en la ausencia de los denominados seguros de venta en verde en algunos de estos proyectos, al momento de la celebración de las promesas de venta entre las inmobiliarias y los prominentes compradores.

Ante la eventual arremetida legal de los exsocios inversionistas, contactado el abogado de Claudio Cordero, Cristián Muga, socio de Ortiz & Compañía, declinó efectuar declaraciones.

En su solicitud de liquidación voluntaria, presentada ante el 24º Juzgado Civil de Santiago, la Constructora Ambienta sostuvo que el “estallido social” y la pandemia sanitaria del Covid-19 provocaron una profunda caída en las ventas del sector inmobiliario. “Los proyectos más afectados con los atrasos producidos fueron Parque Mackenna con más de 9 meses de atraso y Huérfanos más de un año. A lo anterior, debe sumarse la falta de stock, el impacto en los precios de los insumos y el alza del costo de la mano de obra los que en su conjunto, para el primer proyecto significaron un sobrecosto por más de UF 70.000 y para el segundo proyecto un sobrecosto por más de UF 80.000″, sostuvo la empresa.

Asimismo, indicó que “también contribuyeron a la demora de los proyectos la lentitud de las municipalidades de Macul y Santiago para tramitar modificaciones de planos y los certificados de recepción final. En el caso de la Municipalidad de Santiago, para el proyecto de Huérfanos, y en el caso de la Municipalidad de Macul, para el proyecto Parque Mackenna, torres 2 y 6, la primera de 315 unidades y la segunda 43 unidades. Hechos que no permiten dar por concluidas los edificios”.

Agregó que “también afectaron severamente a la Constructora el aumento de la tasa de interés financiera y el IPC, especialmente para los créditos y servicios o subcontratos pactados en UF, variables que la empresa no administra y no conocía al momento de suscribir contratos a suma alzada con sus mandantes”.

“Los hechos descritos han llevado a la empresa deudora a una situación de déficit de caja que hace insostenible su funcionamiento, teniendo que pagar las remuneraciones en forma atrasada, encontrándose con servicios básicos impagos y en proceso de corte, y con pasivos que superan los $10.000.000.000″, advirtió al tribunal.

Entre los documentos que presentó en tribunales, la constructora sostuvo que mantiene deudas previsionales con sus trabajadores. Se trata de un total de 561 personas empleadas a las cuales les adeuda un total de $1.689.680.183.

Sin embargo, el mayor cúmulo de las deudas se concentra en las empresas relacionadas y las inmobiliarias con las cuales desarollaba los proyectos. En efecto, las Inmobiliaria Parque Pinares S.A.; Inmobiliaria Vicuña Mackenna S.A.; Inmobiliaria Vicuña Mackenna S.A., e mobiliaria Vicuña Mackenna S.A., suman en total: $9.685.007.772.

Luego viene un grupo de 386 proveedores de la constructora que acusan deudas por $3.112.940.728. Entre ellos están: Comercial K SpA ($270.308.162), Instalaciones Eléctricas S.A. ($205.502.466) y Arrimetal S.A. ($164.433.220).

La constructora también adeuda el pago de un crédito Fogape al Banco de Chile por $203.491.277.

A la fecha, el 24º Juzgado Civil de Santiago aún no declara la liquidación voluntaria de la constructora, aunque es muy probable que este proceso se inicie dentro de los próximos días.