Sin ser un especialista en el rubro, en general en la industria estiman que académicamente el nuevo ministro de Energía, Diego Pardow, es un hombre preparado para el cargo, por cuanto maneja las bases de la regulación económica, lo que es relevante para un puesto como este, que requiere tanto de conocimiento técnico como de destrezas políticas. Por su alto perfil y la forma en que se ha desempeñado anteriormente, lo ven con un estilo más parecido al de Máximo Pacheco, actual presidente del directorio de Codelco, que al más parco del ministro saliente del área, Claudio Huepe, y creen que buscará agilizar “la máquina” para dejar un legado en la cartera. A la vez, esperan que su gestión esté marcada por la disposición al diálogo con todos los actores de la industria.

Por ahora, pueden hacerse una idea de cómo viene la mano a través de las opiniones y análisis de Pardow en los últimos años, respecto de algunas de estas materias.

Diálogo con las comunidades (Mentiras Verdaderas, 5 de enero de 2022)

“Nuestras instituciones han ido perdiendo legitimidad y ese pozo de legitimidad que se ha ido vaciando se rellena con participación ciudadana, con diálogos con expertos de cara a la ciudadanía e involucrando a las comunidades que van a estar afectadas con estas decisiones”.

Hidrógeno verde (Mentiras Verdaderas, 5 de enero de 2022)

Consultado sobre si era suficiente la hoja de ruta del exbiministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, expresó: “Más o menos. No tanto. El gobierno actual (de Piñera) ha hecho algunos esfuerzos, entre ellos el estudio de la consultora McKinsey que caracteriza nuestras oportunidades, pero hay muchos desafíos. El hidrógeno verde es una ventana de oportunidad, pero requiere un impulso importante, entre otras cosas prácticas, porque necesita extraer agua del mar y por otro lado la exportación de hidrógeno verde, amoniaco o combustibles sintéticos, va a ser a través puertos. Y eso requiere un manejo del borde costero que no hemos sido capaces de ordenar (…). Falta una planificación y visión estratégica de cómo vamos a abordarlo, y eso no se puede hacer solo con RCA. Pensar que se puede ordenar el borde costero a punta de resoluciones de calificación ambiental es ingenuo. Se necesita una dirección, no va a ocurrir por generación espontánea, por la mano invisible del mercado. El gobierno del Presidente Boric tiene, dentro de sus prioridades, el facilitar el desarrollo de esta industria generando condiciones para el manejo del borde costero. En el caso del hidrógeno verde pasa lo mismo: necesitamos no solo pensar en que vamos a extraer agua y generar un combustible sintético; necesitamos pensar cómo hacemos que las comunidades involucradas en este proceso compartan la riqueza que se genera y lo hagamos de una manera sostenible ambientalmente”.

Cierre de termoeléctricas (La Tercera, 29 de agosto de 2021)

“Cuando te dicen que los glaciares de la Región Metropolitana deberían desaparecer tan pronto como el 2050 y la disponibilidad de agua reducirse a la mitad, es apremiante. Entonces, la única manera de salir de ahí es girando el timón de manera firme, con transformaciones grandes. Un montón de personas está diciendo ‘oye, tenemos que repensar el cierre de las termoeléctricas por si nos falta agua’. ¡No, por supuesto que no! Esa mentalidad es la que nos llevó a esta situación que era perfectamente previsible hace 10 años y no hicimos nada por remediarla”.

Inversiones en el sector (La Tercera, 29 de agosto de 2021)

“Tenemos una demanda energética e invertir en energía renovable es clave, tanto en generación como en transmisión”.

Medidores inteligentes (Twitter, 24 de noviembre de 2020)

“Hace unas horas @ChileFne explicaba en el congreso que (a) carece de atribuciones para evaluar aspectos políticos o estratégicos, pero (b) “vamos a revisar los efectos competitivos ... de cualquier otra compañía ... controlada por Sasac”. “En términos muy sencillos, Sasac es el órgano público que controla las distintas empresas públicas en China (v.g. una comisión permanente del Consejo de Estado). En cierto sentido, es equivalente al Comité de la Corfo que realiza tareas similares en Chile”. “¿Cuál es el problema? La regulación eléctrica prohíbe que las empresas de transmisión (v.g. quienes transportan la electricidad entre las plantas de generación y las ciudades), participen en los segmentos de generación (v.g. plantas) o distribución (v.g. dentro de las ciudades). “Hace algún tiempo Southern Power, otra empresa pública china controlada por SASAC, había comprado cerca de 30% de la propiedad de @Transele. Esta es la principal empresa de transmisión eléctrica en Chile. Entonces, hay básicamente dos preguntas por resolver. La primera, es si la disposición de la regulación eléctrica está dentro del ámbito de competencia de @ChileFne. La segunda, es si State Grid y Southern Grid serían empresas relacionadas”. “La primera es fácil de resolver, claramente esta es una norma de libre competencia. El origen de estas disposiciones está en un requerimiento de la FNE de 1997 a la entonces Comisión Resolutiva, pero para mayor claridad pueden mirar la Historial de la Ley 19.940. La segunda es un poco más difícil. De acuerdo con el art. 100 de la Ley de Mercado de Valores, son relacionadas entre sí todas las empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial”. “A su vez, la @cmfchile históricamente considera que todas las empresas públicas que están dentro del Comité de CORFO forman parte de un mismo grupo empresarial. Concretamente, el grupo empresarial No. 21. ¿Dónde está la dificultad? En saber si Southern Grid es efectivamente controlador de la empresa chilena de transmisión. Este hilo ya está suficientemente largo como para extenderlo más, pero el dueño de Transelec es una SRL y no es tan fácil saber qué pasa aguas arriba”.

Diferencia de tarifas eléctricas de clientes libres y regulados (Columna La Segunda, 23 de mayo de 2019)

“(…) los clientes que le compran a la empresa de distribución eléctrica deben pagar una tarifa regulada, donde el precio es determinado a través de licitaciones públicas supervisadas por la autoridad. En términos generales, las licitaciones de los últimos años han sido exitosas, consiguiendo rebajas significativas en el precio de la electricidad y gatillando una explosión en la generación a través de tecnología solar, eólica y otras renovables. El problema es que, debido al diseño de la regulación, faltan varios años para que esos precios se vean plenamente reflejados en la tarifa regulada. Así, el precio al que compran los clientes libres hoy es mucho más barato que el que pagan los clientes regulados. De acuerdo con nuestra legislación, cualquiera que tenga una potencia conectada superior a 500 kW puede migrar hacia el sistema de clientes libres. Históricamente, sin embargo, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) aplica un criterio físico que exige que esa potencia corresponda a una misma instalación. En la práctica, ello genera que solo empresas y reparticiones públicas puedan migrar hacia el sistema de clientes libres. Por el contrario, en muchas partes del mundo prima un criterio comercial, donde es posible alcanzar el referido umbral agregando la demanda de muchos consumidores residenciales. En la ciudad de Londres, sin ir más lejos, una aplicación para teléfonos móviles permite realizar esta tarea. De manera similar a la reciente iniciativa de estas municipalidades, la aplicación facilita la coordinación de distintos clientes residenciales y negociar conjuntamente el suministro de la electricidad. A fines del año pasado, el experto internacional Michael Pollitt visitó nuestro país y recomendó bajar este umbral de 500 kW para fomentar la migración a sistema de clientes libres. Ahora bien, cambiar el criterio físico con que se calcula este umbral por uno comercial tendría un efecto similar. La principal ventaja es que solo requiere que la SEC cambie administrativamente sus criterios, sin necesidad de modificar la ley. En un momento en que la ciudadanía se muestra particularmente descontenta con nuestro sistema tarifado, la SEC tiene una gran oportunidad para introducir mayor competencia y empujar nuestra regulación en el sentido de las mejores prácticas internacionales”.

Medidores inteligentes (Twitter, 5 de marzo de 2019)

“Varios de mis estudiantes me pidieron que hiciera un hilo con el tema de los #MedidoresInteligentes, voy a intentar explicarlo de la manera más simple que pueda”. “Para empezar, la distribución eléctrica es un monopolio natural, eso significa que para todos es mejor que haya una sola empresa. Como pasa con el agua potable o el gas natural, estos servicios requieren una infraestructura dedicada y es más barato que exista una sola red”. “Como es un monopolio natural, los precios que paga el cliente son determinados por la autoridad (en este caso, la Comisión Nacional de Energía o CNE)”. “Para fijar esos precios, la autoridad encarga a unos consultores independientes que diseñen cómo sería una red de infraestructura perfectamente eficiente y con la última tecnología. Luego, establece cuál sería el precio de arrendar esa infraestructura por 5 años”. “El precio de la electricidad generalmente tiene dos partes. Por un lado, un cargo fijo que corresponde al precio total de arrendar la infraestructura por 5 años, dividido por el número de clientes. Por otro, también hay un cargo variable que depende de la electricidad consumida”. “Ahora bien, este cargo fijo representa lo que costaría arrendarle la infraestructura a esta empresa imaginaria. Si la CNE hace bien su trabajo, la empresa real se verá obligada a usar la mejor tecnología disponible y no podrá traspasarle a los clientes sus propias ineficiencias”. “Es posible que la CNE haga mal su trabajo y el cargo fijo sea muy alto, pero la evidencia muestra lo contrario. La CNE es considerada como una autoridad honesta y competente, tanto en comparación con otros organismos públicos, como con otros reguladores eléctricos extranjeros”. “Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos suministrar electricidad a una ciudad de 100 habitantes y que arrendar la red de infraestructura necesaria para hacerlo costaría $150, a lo que habría que agregar otros $50 para remunerar al personal encargado de operarla”. “Finalmente, si tomáramos prestado esos $200, digamos que nos cobraría un 10%, o lo que es lo mismo $20. El costo total de la infraestructura sería $150 + $50 + $20 = $220, para un cargo fijo de $220 / 100 habitantes= $22″. “Entonces, un consumidor que consuma mucha electricidad, digamos $40, pagaría una tarifa total de $62. Por otra parte, un consumidor que consuma poca electricidad, digamos $20, pagaría una tarifa total de $42″.

Condiciones para la competencia de Enap con los privados en generación eléctrica (documento de 2016)

Cuando en 2016 se amplió el giro de ENAP con el objeto de permitir su ingreso al mercado de la generación eléctrica, Pardow coescribió con Pablo Torres Villalobos un ensayo sobre la relevancia del gobierno corporativo de las empresas públicas a raíz de este caso. Ahí, ambos académicos expresaron:

“Así, lo que resulta problemático de dicha intervención, no es que los objetivos de fomentar la competencia en el mercado de la generación eléctrica sean alcanzados por una empresa del Estado y no por los particulares, como han sostenido ciertos sectores, sino que la estructura institucional que se está utilizando para llevarla a cabo puede facilitar la generación de importantes conflictos de interés, toda vez que la propiedad de la empresa estatal estaría en las mismas manos que las que regulan el mercado. En otros términos, nuestro argumento no manifiesta una valoración negativa respecto de la actividad empresarial del Estado, sino solo busca destacar la importancia de que no se otorguen ventajas a ENAP que no estén basadas en su desempeño económico o en su eficiencia, sino únicamente fundadas en una decisión gubernamental que pueda afectar la competencia en el mercado”.

La principal aprensión de los investigadores era que de seguir avanzando el plan de negocios de la empresa estatal con un gobierno corporativo que entonces aún tenía como presidente de su directorio al ministro de Energía de turno, existía “un riesgo importante de que surjan conflictos de intereses significativos: el problema es que es el propio ministro quien, a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE), está a cargo de regular de la industria. Dicha situación no solo abre la puerta a la politización de la empresa, sino que puede romper la igualdad de condiciones bajo la que deben competir las empresas del Estado y las del sector privado, toda vez que ENAP estaría participando en un mercado cuyo regulador es el presidente de su directorio”.

“Si bien es completamente legítimo que el Estado desarrolle tanto actividades regulatorias como empresariales, un adecuado diseño institucional indicaría que estas sean realizadas de forma separada. De lo contrario, los conflictos de intereses se vuelven evidentes y difíciles de defender”.

“Si queremos materializar los beneficios asociados a la actividad empresarial del Estado, es fundamental modernizar las normas sobre gobierno corporativo. Un nivel adecuado de autonomía permite que los objetivos de dichas empresas puedan ser alcanzados de manera eficiente, y sin mezclarse con los objetivos políticos que legítimamente pueden perseguir otros sectores del Estado”.