Fue el coordinador del Programa Económico de Marco Enríquez Ominami para las presidenciales de 2013, sin embargo, hace más de un año que Andrés Solimano no tiene ningún tipo de relación con el otrora presidenciable. “No estoy con ninguna campaña, porque no veo a ningún líder que comparta mi visión sobre los principales déficit que tiene el país que son el democrático -político y económico-social, por ello, hablo a título personal porque que quiero contribuir al país”, señala el doctor en economía del MIT y actual presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo.

¿Cuál es el diagnostico que hace del escenario actual por el que atraviesa Chile?
Estamos en un ciclo de menor crecimiento económico debido a que somos una economía muy abierta al mundo, por lo que dependemos del ciclo externo. Además somos dependientes del precio de los commodities, el cual se ha visto afectado por el menor crecimiento de China, el crecimiento errático de Estados Unidos y el estancamiento de la zona euro.

Y a nivel interno, ¿cuál es el juicio que hace al proceso de reformas impulsado por la actual administración?
El problema de diagnóstico que hubo fue partir con reformas económicas y sociales sin haber tocado la estructura institucional constitucional del país, ya que para hacer las reformas económicas y sociales que se tenían contemplados, el Gobierno debió haber partido por una reforma institucional y constitucional para luego iniciar el proceso de cambios. Sin embargo, se partió con cambios a la estrategia de desarrollo económico utilizando la misma institucionalidad existente, y ahí los cambios rebotaron. Acaso lo más patente de ello es lo que pasó con la Reforma Laboral, que fue paralizado y prácticamente destruida por el Tribunal Constitucional.

¿Por qué cree que el Gobierno no partió por un cambio constitucional? ¿Falta de convicciones?
Se partió en esa secuencia, en parte porque quizás en el Gobierno se subestimó la importancia que tiene la institucionalidad actual. Si bien estamos en democracia, la Constitución se creó en la dictadura de Pinochet, la cual dejó la estructura para mantener el modelo vigente. Tampoco había un completo consenso en la Nueva Mayoría para hacerlo y se estimó que no era necesario.

¿Esa falta de consenso se relaciona también con la amplitud que tiene la Nueva Mayoría donde convive el Partido Comunista con la Democracia Cristiana?
Puede estar ese factor también. La heterogeneidad de la Nueva Mayoría ha afectado la capacidad de impulsar más rápido las reformas. Hay sectores más conservadores de la democracia cristiana que no quieren estos cambios. Burgos, Walker, Zaldívar son de sectores en la DC que no quieren avanzar en estas reformas.

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que durante este Gobierno la gratuidad será para el 60% y el avance al 100% dependerá el PIB potencial.
En la elaboración de la Reforma Tributaria no se estimó en forma completa cuántos recursos tributarios se iban a requerir para los cambios que se estaban impulsando. En la estrategia económica de Chile ha faltado cuantificar correctamente cuántos recursos fiscales cuesta una reforma educacional, una reforma de pensiones, salud, y mejoramiento de transporte público. La Reforma Tributaria se quedó corta al pensar que con un incremento de 3 puntos del PIB de recaudación, Chile iba a cerrar sus brechas sociales. Chile tiene una carga del 22% del PIB, muy por debajo del 33% que tienen en promedio los países de la OCDE.

En ese aspecto, ¿el análisis del progreso de Chile desde lo macroeconómico ha escondido este déficit en servicios sociales?
En Chile no hemos sincerado el déficit social. Hay una complacencia en el análisis al mirar que la pobreza medida por ingreso ha disminuido a niveles menores a 8%, y que por eso, ya casi los problemas sociales están resueltos, sin embargo hay es un déficit en salud, educación, pensiones, transporte y vivienda. Esto, por la política de privatización de todos estos bienes sociales durante la dictadura. Entonces, el país enfrenta déficit social en muchos aspectos y eso no se calculó para ser resueltos cuando se hizo la reforma tributaria.

¿Era viable que todos estos problemas se pudiera resolver en un Gobierno de cuatro años?
No se puede pedir que en ese plazo se reformen y se resuelvan todas las brechas sociales, pero sería bueno para el país sincerar, y por lo tanto, preguntarse, sí este es el nivel de tributación del país como porcentaje  del PIB para resolver las brechas sociales. Esa es una pregunta bien central de aquí hacia adelante.

¿Cómo se deben comenzar a enfrentar estos problemas?
Chile debe pasar desde un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, que por lo demás tienen la mayoría de los países capitalistas avanzados, que son más equilibrados y preocupados por la cohesión social. Lo que hay en Chile es un modelo económico neoliberal bastante extremo y es casi una anomalía a nivel internacional, porque en ningún país se da la privatización de la seguridad social como sucede en nuestro país.

¿Las movilizaciones ciudadanas son una muestra de este descontento y malestar?
La sociedad puede que no quieran un cambio muy radical en todo el modelo económico, pero sí quiere que los servicios sociales sean provistos por el Estado y no este modelo neoliberal que tenemos actualmente. El modelo neoliberal extremo que tenemos entró en conflicto con la ciudadanía y ahí hay que hacer reformas estructurales importantes.

Considerando toda la oposición que tuvo la Reforma Tributaria, ¿cómo se logra aumentar los recursos que se necesitan para que el Estado pueda cerrar la brecha de este déficit social?
Las elites económicas están muy bien con la situación actual y por ello no quieren cambios. Por ello, si mayor hubiera sido el aumento de la carga tributaria mayor habría sido la resistencia. Ese es un problema objetivo. Por eso, una alternativa para evitar este conflicto hubiera sido traspasar parte de este costo a la minería privada extranjera subiendo el royalty, lo que permite bajar la presión interna. Además soy partidario que se libere la ley reserva del cobre, ya que ese 10% que va a gasto de defensa choca con las necesidades de gasto social del país.