Luego que el lunes el Banco Central publicara las nuevas exigencias de liquidez bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, señaló que la entidad gremial “comparte estos perfeccionamientos normativos orientados a fortalecer el marco regulatorio de la banca, buscando equilibrar los beneficios de lo anterior con los costos que ello involucra”.

Indicó que la citada normativa -que fue sometida a consulta pública entre el 9 de mayo y el 6 de septiembre del año pasado- apunta a fortalecer la gestión de liquidez, lo que implica mayores requerimientos normativos en esta materia. “Estos mayores requerimientos se traducirán en un costo adicional para la banca”, dijo

La norma, que busca alinear  la regulación local con Basilea III,  introduce el Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR por sus siglas en inglés), indicador resultante del cociente entre los Activos Líquidos de Alta Calidad (ALAC) y los egresos netos estresados y cuyo objetivo es que los bancos cuenten con activos suficientes para asegurar su sobrevivencia en un escenario de estrés de 30 días corridos.

Al dar a conocer la norma el lunes, el instituto emisor manifestó que los principales comentarios recibidos y que finalmente fueron acogidos se refieren a la incorporación de ajustes y flexibilizaciones en la contabilización de ALAC.  “El principal ajuste a la definición de ALAC fue no excluir el encaje exigido de la masa de activos elegibles como ALAC”,  precisó el Central. Esto implica que los bancos pondrán contabilizar los US$6.067 millones que mantenía en encaje a diciembre de 2014.

Jorge Awad aclaró que no es correcto hablar de ahorros  de más de US$6.000 millones.  “La reducción de costos de la norma equivale al costo de oportunidad de mantener US$6.000 millones en activos con menor rentabilidad, como, por ejemplo, bonos soberanos del Tesoro americano versus mantener dichos activos en otros instrumentos con mayor retorno, como,por ejemplo, colocaciones comerciales”, sostuvo.

Añadió que en este caso, el menor costo de la norma respecto de lo que se planteó inicialmente en la consulta pública, “se asociaría al diferencial del retorno de los activos en cuestión y no al valor total de dichos activos”, precisó.

Más aún, sostuvo el dirigente de la banca, la norma contempla un plazo de un año para el funcionamiento de los indicadores propuestos, “para recién ahí converger a requerimientos cuantitativos en algunos de los nuevos indicadores de liquidez”. En este sentido, manifestó que en ese momento se podrán considerar medidas adicionales para abordar potenciales restricciones de activos líquidos en el país. “Esa será la oportunidad para evaluar el costo que necesariamente involucrará la normativa”, afirmó.

El Banco Central informó que la norma entrará en vigencia el próximo 1 de agosto.