Petrobras completó ayer su cuarto día de paralizaciones, en medio de la peor huelga registrada en 20 años. La manifestación llega a complicar no solo la situación de la estatal, que tiene una deuda de US$130.000 millones (la más grande de la industria del crudo), sino que también al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta presiones desde la economía, por la contracción en su actividad, y desde la política, por los casos de corrupción que involucran a la misma firma.

La toma de 22 plataforma le han significado a la compañía una pérdida de 273.000 barriles diarios de producción de crudo, alrededor de 13% de su producción, según informaron el lunes, sin que hayan hecho otra estimación formal desde entonces.

Además, ayer se dieron a conocer las cifras de la producción industrial brasileña, que con una caída de 1,3% en septiembre completó cuatro meses consecutivos de retrocesos. La noticia no es del todo negativa, dado que las estimaciones apuntaban a un descenso de 1,5%.

“No hay cambios en el panorama a pesar de ser un poco mejor que el consenso de mercado”, dijo a Bloomberg Luiciano Rostagno, jefe estratega de Banco Mizuho do Brasil. “El sector mantiene una tendencia a la baja. Cayó 3,2% en tercer trimestre, en relación al cuarto anterior, por lo que seguirá siendo un gran lastre para el crecimiento”.

Por otra parte, ayer la OCDE señaló que Brasil necesita reformas estructurales que aumenten la edad de jubilación y valoricen las pensiones según los precios al consumidor, para así asegurar un crecimiento económico sostenible.

Aunque el organismo alabó los esfuerzos del país por endurecer la política monetaria y fiscal, con el fin de reequilibrar las finanzas públicas y recuperar la confianza de los inversionistas, dijo que esos esfuerzos por sí solos no son suficientes.