El nuevo proyecto de ley que presentará el gobierno para introducir cambios a la normativa sobre libre competencia no sólo se limitaría exclusivamente a, eventualmente, establecer pena de cárcel para la colusión o determinar margen para las consultas de fusiones.

La nueva iniciativa incorporaría un sistema que permitiría a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acceder a información hasta ahora considerada reservada por parte de las empresas. Esto con el fin de establecer estudios de mercados más precisos, permitiendo que la agencia antimonopolio pueda incluso anticipar conductas reñidas con la libre competencia.

Sobre esa eventual atribución, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, afirmó que si se permitiese “recoger información confidencial  de las empresas, eso podría hacer la  diferencia en el sentido de generar estudios de mercado sólidos y rigurosos en cuanto a la información y detección de problemas”. Añadió que esos estudios de mercado ”podrían ser útiles en el caso de que se requieran cambios legales y el Congreso los podría utilizar”.

Frente a una eventual reticencia de las compañías a entregar información a la FNE, el abogado sostuvo que de implementarse esta fórmula podría operar bajo los criterios de confidencialidad de la entidad.

“Es delicado, se tienen que establecer sistemas que protejan ese nivel de confidencialidad. Nosotros como FNE, es una institución que maneja información confidencial; yo creo que la fiscalía ha sido hasta ahora bastante exitosa en la forma de manejarlo. Entiendo que desde el punto de vista de las empresas puede haber un cierto riesgo y que ellos pueden advertir la necesidad de contar con sistemas que sean seguros”, puntualizó el fiscal tras participar en el seminario “Salvando al Capitalismo de los Capitalistas: desafíos para la competencia en Chile”, donde también intervinieron la abogada Nicole Nehme, el economista Claudio Agostin y los empresarios Jorge Errázuriz Grez y José Antonio Guzmán.

Industrias monitoreadas

En promedio, la Fiscalía Nacional Económica realiza un estudio de mercado por año y con información de origen público. A la fecha se han realizado levantamiento de datos sobre el sector de la construcción, banca, telecomunicaciones, forestal, industria de la salud y el último se enfocó en el mercado energético.

En este último, la entidad liderada por Felipe Irarrázabal  sostuvo que los patrones de ofertas en las licitaciones dan cuenta que éstas son consistentes con modelos de competencia imperfecta, en donde las empresas ejercen poder de mercado con ofertas por encima de sus costos, concluyendo además que las licitaciones a distribuidoras son más competitivas que el abastecimiento a clientes libres, y dentro de éstos los de mayor tamaño acceden a mejores condiciones de suministro.

Dentro de las propuestas que puso sobre la mesa el estudio, se recomendó la extensión del uso de subastas a clientes libres, en especial a los de menor tamaño, y permitir a éstos, en la medida de lo posible, acceder directamente al mercado spot. Además, se recomendó el ofrecimiento por parte del gobierno de un menú amplio de proyectos de nuevas inversiones con licencias medio-ambientales aprobadas a modo de facilitar la participación de nuevas generadoras en las licitaciones de energía, entre otros elementos.

Actualmente, la iniciativa de ley que zanjara si la colusión volverá a formar parte del Código Penal se encuentra a la espera del visto bueno de la Presidencia y será anunciado en los próximos días, acogiendo las propuesta del informe enviado por la OCDE a mediados de año.