El futuro inmediato del Caso Penta tendrá un nuevo escenario muy distante del Centro de Justicia de Santiago. A partir de ahora el denominado Caso Penta llega a la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia donde la golpeada defensa de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano librarán una nueva batalla con el fin de revertir la prisión preventiva decretada el sábado pasado. Para esto ya presentaron una dura réplica en la cual aseguran que la determinación del 8° Juzgado de Garantía fue desproporcionada y no se ajustó a derecho.

Pero la apelación presentada por el abogado Julián López deberá enfrentar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII) , entidades que confirmaron a PULSO que litigarán en la Corte con el fin de mantener  a toda costa en el anexo Capitán Yáber a los controladores de Penta, Hugo Bravo, Pablo Wagner San Martín, Marcos Castro Sanguinetti e Iván Álvarez Díaz.

“Prácticamente todas las solicitudes del CDE fueron acogidas, incluso aquellas en que nos habíamos distanciado del Ministerio Público. Eso nos tiene muy conformes en lo técnico profesional. Ahora, claramente con un recurso de apelación nos haremos parte en la Corte de Apelaciones. Consideramos que es lo que corresponde en un caso de estas características”, adelanta el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña.

Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos (SII), entidad que ha liderado las querellas en el caso, también confirmó su llegada a la Corte de Apelaciones, con el fin de mantener inalterable de determinación del juez Juan Manuel Escobar.

En la misma línea, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas confirmó que el servicio también litigará contra las defensas que recurran al Tribunal de Alzada en un nuevo capítulo del caso.

“Por supuesto que nos haremos parte, vamos a defender las acciones que hemos tomado desde un comienzo y las peticiones que hemos realizado al juzgado de Garantía”, sostuvo el abogado.

Adicionalmente, el representante legal del SII confirmó que se realizará una nueva revisión de las boletas ingresadas en los tomos del expediente y también revisar los antecedentes relacionados a la arista SQM, hebra investigativa que surgió luego de las declaraciones de María Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. En su testimonio, la ingeniera comercial reconoce haberle prestado en 2009 una serie de boletas de honorarios a su familiar, una de las cuales fue a dar a la contabilidad de la empresa minera, en particular, en julio de 2009.

“Nosotros estamos obligados por ley a revisar todos los antecedentes y las decisiones deben ser fundadas, ya hemos presentado tres denuncias y tres querellas, y todas han estado debidamente fundadas (...) Es importante remarcar que se trata de casos muy graves, los delitos tributarios son delitos graves y, por lo tanto, lo que ha quedado de manifiesto es que la justicia del tribunal así lo ha considerado y ha tomado las medidas con esa consideración”, añadió Vargas.

SBIF Pone presión

En tanto, ayer la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) anunció que estudia cambios legales a la Ley General de Bancos, esto luego de que los controladores de Banco Penta fueran declarados en prisión preventiva.

Según el regulador, el examen de integridad respecto de los accionistas fundadores de un banco, es un requisito que debe concurrir al momento de solicitar la aprobación de un nuevo banco, o bien, según lo dispone el Art. 36 de la misma ley, al ingresar como accionista relevante a un banco que ya existe”, por lo que “la formalización de los accionistas controladores del Banco Penta, es un hecho sobreviviente que no tiene ningún tipo de efectos jurídicos respecto de dicha entidad”.

“Por lo anterior y junto con manifestar su rechazo a prácticas que vulneran la ley, la SBIF considera que se debe avanzar en el marco del proyecto de LGB para fortalecer la institucionalidad fiscalizadora, resguardando siempre el interés de los depositantes y usuarios de crédito. En este sentido, el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con esta Superintendencia, se encuentran estudiando en profundidad, en el contexto de la anunciada reforma a la ley, las modificaciones legales que sean necesarias para incrementar de modo ejemplarizador las sanciones legales procedentes frente a incumplimientos graves a la LGB y que por otra parte, permitan garantizar permanentemente la integridad de los controladores de una entidad bancaria, siempre velando por la debida protección a los depositantes”, anunció la SBIF.

En ese sentido, recalcó que “esta Superintendencia considera fundamental que quienes participen en el mercado bancario siempre mantengan una conducta irreprochable”.

Con todo, apuntó que los formalizados ya se encuentran  imposibilitados de ejercer cargos Banco Penta, ya sea en cargos ejecutivos o como miembros de su directorio.

La entidad, actualmente está en proceso de venta, justamente debido al proceso judicial en curso.