En las últimas semanas, dos temas financieros han copado la agenda del Gobierno y del Congreso Nacional: la discusión del proyecto de Ley de Presupuesto 2017 y el reajuste del sector público, ambos finalmente aprobados.

Terminado lo que fue, sin duda, un desgastante proceso, el Ministerio de Hacienda se ha puesto a trabajar en otro tema de enorme relevancia financiera para el desarrollo del país: la tan discutida y necesaria capitalización de Codelco.

Hace pocos meses un alto ejecutivo de la cuprífera, a través de una poco docta pero sincera frase, reflejó el estado actual de la empresa: “No hay un puto peso, viejo”. Esto traducido significaba que no hay recursos para el plan de negocios y desarrollo de las inversiones que permitan mantener y aumentar la producción de cobre.

Sobre el particular, conviene recordar la verdadera mochila que recae sobre Codelco al tener que destinar el 10% de sus ventas al exterior del cobre y sus subproductos al financiamiento de la adquisición y mantención del potencial bélico de las FFAA, en virtud de la, hasta hoy, Ley Reservada del Cobre.

Al respecto, cabe señalar que entre 1976 y el primer semestre de 2016, Codelco aportó al Fisco en virtud del citado cuerpo legal US$24.039 millones, de los cuales alrededor de US$4.200 millones se encuentran en el Fondo de Contingencia Estratégica invertido en el extranjero por el Banco Central.

Por su parte, Codelco solicitó al Fisco una capitalización de la empresa para poder afrontar de mejor manera los desafíos para el desarrollo de su plan de negocios y de sus inversiones estructurales. En esta materia, y tal como lo expuso el presidente del directorio de Codelco en la comisión investigadora del fraude en el Ejército, entre 1976 y 2015 la empresa entre “aportes de capital, capitalización de utilidades y utilidades no distribuidas” ha recibido US$10.122 millones (no incluye US$2.000 millones provenientes de las utilidades retenidas de la operación de Anglo American Sur), representando un promedio (2005-2015) de 9,6% de la “retención de utilidad neta comparable”, cuando en las principales empresas de la industria esa cifra alcanza al 38,5%.

En este contexto, el informe de la comisión investigadora -aprobado en la Cámara de Diputados con sólo una abstención- contiene dos recomendaciones que dicen relación con la materia que analizamos. La primera: derogar la Ley Reservada del Cobre y establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de las FFAA a través de un procedimiento que garantice estabilidad, transparencia y participación del Congreso Nacional.

La segunda, que ha sido recogida íntegramente por el anuncio del ministro de Hacienda la semana pasada, consiste, por un lado, en autorizar, de manera transitoria, la utilización de una porción de los recursos del Fondo de Contingencia Estratégica para capitalizar Codelco y, por otro, la liquidación anual de los traspasos de Codelco en virtud de la ley del cobre.

De allí que valoramos el anuncio realizado por el Ejecutivo de inyectar durante 2016 US$975 millones para capitalizar Codelco, de los cuales US$475 millones provendrían de los fondos de la ley reservada, lo que permitirá mitigar, en parte, los efectos que ha tenido para la empresa dar cumplimiento a la citada ley. Además, esta liquidación anual que se propone permitiría un ahorro del orden de los US$35 millones en costos financieros.

En las próximas semanas se presentará este proyecto, y su discusión quedará sin duda cruzada por la derogación de la ley reservada. Creo que por coherencia, pues el contenido expresado es similar a lo expuesto en el informe de la Cámara, debemos apoyar la propuesta que hará el Ejecutivo. Aquello no significará bajo ningún respecto claudicar en nuestra cruzada de derogar la Ley Reservada del Cobre y sacar, definitivamente, la “mochila” a Codelco.

*El autor es diputado DC.