Con el correr de las semanas, se hace más equívoca -o a lo menos confusa- la decisión del Gobierno y de los representantes de la Nueva Mayoría de dar alas al debate constitucional, ya sea a través de una asamblea constituyente o por la vía indicada en la propia carta política vigente. La paradoja es que defensores de la idea de una asamblea constituyente, como el senador Alejandro Navarro a la cabeza, admiten hoy que no hay clima social ni demanda ciudadana por una instancia como esa, echando por la borda una de sus banderas de lucha electoral. Otros autorizados líderes de la coalición, con visiones más moderadas, como Sergio Bitar en entrevista con PULSO o José Antonio Viera-Gallo en una columna en  La Tercera, postulan que no es realista pensar en una nueva Constitución en el mandato de la Presidenta Bachelet y acotan las materias constituyentes. Aunque la idea de no avanzar pasa por un tema más de oportunidad que de fondo, los líderes del oficialismo deben anteponer a cualquier discusión la disyuntiva que genera cambiar de Constitución, donde parece haber una disputa entre darle más protagonismo al Estado y restringir las libertades ciudadanas, lo que está lejos del ideario mayoritario del país. Insistir en una nueva Constitución, en una nación que desde ningún punto de vista enfrenta una crisis de legitimidad política y en medio de un conjunto de otras prioridades, solo puede leerse como un acto de tozudez, de voluntarismo o de concesión a los sectores más radicalizados de la coalición.