Con el fin de informar a la Cámara de Diputados acerca de los hallazgos más significativos detectados por la entidad de control, la Contraloría General de la República (CGR) envió un informe con las auditorías a las instituciones públicas correspondiente al año 2016.

El reporte considera 2.895 observaciones de mayor relevancia, identificadas bajo la clasificación de "alta complejidad", o que tienen más relevancia social, en las auditorías e investigaciones especiales. En dicha selección, la CGR objetó un monto total de más de $250 mil millones.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

Respecto de los gastos improcedentes o sin respaldo, los sectores con mayores montos objetados son el sector Municipal con $4.728 millones y el sector Educación con $938 millones.

En cuanto a los recursos respecto de los cuales no ha sido posible verificar su correcto uso, por diversas falencias en el proceso de rendición de cuentas, se cuentan más de $94 mil millones.

Las entidades con mayores recursos objetados en ese sentido son la Municipalidad de Providencia por $65.148 millones y la Subsecretaría de Educación por $8.275 millones.

Asimismo, la revisión del proceso de otorgamiento de prestaciones médicas identificó falencias en las gestiones de cobranza del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) respecto de las cotizaciones derivadas de la ley sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por la suma de $25.934 millones. Además, se identificó que el ISL no ha recuperado de los Servicios de Salud, los montos pagados por prestaciones a trabajadores afectos a la mencionada ley, por la suma de $828 millones

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

También llama la atención la objeción por más de mil millones de pesos ($1.007 millones ) de los viajes de alcaldes, concejales y funcionarios municipales.

Dentro del listado de los viajes cuestionados por Contraloría, sobresale la situación de la Muncipalidad de Copiapó con gastos insuficientemente acreditados por $307 millones relacionados con viajes nacionales y al extranjero, específicamente a países de Asia y Europa por parte del alcalde, concejales y personal contratado a honorarios.

[ze_adv position="adv_300x250-B" ]

En la Municipalidad de Sierra Gorda, la contraloría detectó la inexistencia de informes que permitieran justificar los cometidos aprobados a Argentina, Brasil y Cuba, y su relación directa con los fines del municipio, por $74 millones. Adicionalmente, la capacitación efectuada en Colombia fue respaldada con documentación tributaria improcedente, por $9 millones.