Los inversores a quienes les preocupaba la estabilidad política de España vienen deshaciéndose de sus títulos españoles y elevando los costos de endeudamiento de ese país, después de que a fines de la semana pasada estalló el escándalo de corrupción que involucraba al primer ministro, Mariano Rajoy.

Hasta ahora, la permanencia del gobierno era una de las pocas ventajas que España tenía sobre Italia, su hermana en la enfermedad dentro del área del euro, un país que, en el curso de las últimas décadas, también presenció casi tantas elecciones como Navidades, y que ahora está a punto de protagonizar una nueva votación.

En la realidad, la probabilidad de que el escándalo Rajoy fuerce el colapso del actual gobierno de centro derecha es escasa. Pero los inversores tienen razón en estar inquietos, porque la estabilidad política involucra más que la mera supervivencia del gobierno de un país: también precisa tener la confianza del electorado en las instituciones que lo gobierna. En España, las sospechas de corrupción a tan alto nivel corroen esa confianza.

El 31 de enero, el diario español El País publicó copias de los que se dice eran los libros diarios de las cuentas secretas de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, actualmente en el mando, que revelaban la existencia de un fondo partidario para fines ilícitos. El diario decía que se habían hecho entrar a través del fondo 7,5 millones de euros provenientes de donaciones corporativas y supuestamente se habían repartido desde 1997 hasta 2009 a los afiliados sénior, entre los que se contaba Rajoy.

En una declaración, el partido negó la comisión de todo ilícito y Rajoy reiteró esa posición durante el fin de semana pasado y, nuevamente el 4 de febrero, en el curso de una conferencia de prensa con la canciller alemana Angela Merkel.

PEDIDO DE RENUNCIA
Negar las acusaciones no pudo acabar con el escándalo. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, del partido socialista de los trabajadores, solicitó la renuncia de Rajoy, lo que provocaría que se adelantasen las elecciones. Sin embargo, no queda claro qué ventaja podría aportarle esto a Rubalcaba o a su partido.

Conforme a la última encuesta de opinión que llevó adelante la española Metroscopía, los socialistas y el partido popular van cabeza a cabeza, cada uno con menos de un 25 por ciento de apoyo de parte de los encuestados, y Rubalcaba goza de menos popularidad que Rajoy. Aún más, tan solo el 21 por ciento del electorado quiere que haya una nueva elección, por lo tanto los socialistas podrían llegar a recibir un castigo en las urnas si fueran a forzar alguna.