“A confesión de parte, relevo de pruebas”, repitieron ayer distintos parlamentarios oficialistas ante los antecedentes entregados por el grupo Laureate Education para salir a la Bolsa en Estados Unidos.

Es que la transnacional que se dedica, entre otras actividades, a los “servicios educativos” y que tiene una fuerte presencia en Chile es cuestionada hace años por su modelo de negocios.

Sin embargo, ayer La Tercera publicó extractos de la carta con la que su dueño, Douglas L. Becker, se dirige hacia los posibles inversionistas, al iniciar su salida a la Bolsa de Estados Unidos y la venta de sus acciones.

“Somos una empresa con fines de lucro, pero con el profundo compromiso de beneficiar a la sociedad”, reconoce el controlador del grupo que dirige a diversas instituciones de educación superior chilenas, como el Instituto Profesional AIEP, el Instituto Profesional Escuela Moderna de Música, la Universidad Andrés Bello (UNAB), la Universidad de Las Américas Chile (UDLA) y la Universidad Viña del Mar (UVM). Junto con esto, Laureate también analizó el impacto que tendrá la futura Reforma de Educación Superior, que sancionará el lucro en las universidades, ya prohibido en la legislación actual.

Sin embargo, desde sectores del oficialismo ayer consideraron “insuficiente” las medidas que propone el proyecto de ley y plantearon “tipificar el lucro como delito” e incluso aplicar un administrador provisional y de cierre a las universidades controladas por Laureate.

“Debería tipificarse como delito, son grandes ladrones de cuello y corbata”, disparó la diputada PC, Camila Vallejo tras la sesión de la comisión de Educación de la Cámara.

En tanto, la diputada PPD, Cristina Girardi, planteó que las universidades de Laureate deberían “cerrar”, pues el lucro en estas instituciones está prohibido en Chile, lo que es recogido por los propios estatutos de las entidades.

En este contexto, el diputado DC, Mario Venegas reflotó la idea de penalizar el lucro, incorporando incluso penas de cárcel.

Esto, porque si bien el proyecto de Reforma establece sanciones, son sólo administrativas y, tras pagar multa e insistir en la infracción del retiro de utilidades o lucro, se les podría aplicar una pena mayor.

Por su parte, y después de exponer en la comisión de Educación sobre la iniciativa de ley del Gobierno, la vocera de la Confech, Camila Rojas, criticó que la rectora de la Universidad de Las Américas, Pilar Armanet milita en el PPD y fue ministra del anterior Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

En esta línea, Rojas acusó que en el oficialismo existirían personeros que “defienden el lucro en la educación”, a diferencia de las promesas del programa de Gobierno.

Mineduc en alerta. En tanto, durante la mañana de ayer la ministra de Educación, Adriana Delpiano, advirtió que de ser necesario solicitará un estudio en derecho y que “el tema amerita una mirada más global con el Comité de Inversiones Extranjeras (del Ministerio de Economía), porque lo que está sucediendo aquí es que están basándose en leyes que tienen que ver con la inversión, pero que colisionan con leyes que el país tiene en materia de educación”.

Y pese al endurecimiento de las sanciones solicitadas por diputados oficialistas, la secretaria de Estado afirmó que la Reforma “sin duda que las afectaría” a grupos como Laureate.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación ya investiga a la Universidad Andrés Bello (UNAB) parte de las inversiones de la transnacional.

La indagación fue solicitada por un grupo de estudiantes y respaldada por parlamentarios oficialistas, quienes solicitaron que se les aplique la ley del administrador provisional a la institución.