Desde el 30 de abril de 2013, la industria financiera se encuentra en stand by a la espera de una reglamentación que resuelva de manera definitiva la polémica sobre el consentimiento expreso en los contratos financieros. Y la espera está lejos de terminar.

Ayer, el nuevo ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunció que derogó el decreto 153 del propio Ministerio que aprobaba el Reglamento sobre Manifestación Expresa de la Aceptación del Consumidor en Contratos de Adhesión de Productos y Servicios Financieros, más conocido como Consentimiento Expreso. Actualmente, este reglamento estaba siendo revisado por el Tribunal Constitucional y su resolución era esperada para este mes.

Con la derogación de este decreto -una decisión que se tomó entre Economía, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia-, el gobierno de Michelle Bachelet hizo borrón y cuenta nueva de uno de los reglamentos más polémicos y, que provocó un duro enfrentamiento entre la industria financiera y las autoridades del pasado gobierno. "La solución que se propuso en el reglamento que conocemos perjudica a los consumidores porque, entre otras deficiencias, entrega al proveedor la facultad de terminar un contrato vigente si las personas no aceptan el cambio de las condiciones", señaló Céspedes.

El ministro explicó que "hemos concluido que la actual reglamentación contraviene lo establecido en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Lo anterior, debido a que el reglamento permite a los proveedores de servicios financieros terminar un contrato vigente si el consumidor no acepta los cambios en los contratos, sin tener que establecer ninguna razón objetiva para la modificación de dicho contrato". Incluso agregó que "este reglamento no es serio, porque no resuelve el problema y condena a los consumidores más vulnerables a la indefensión. Por eso, hay que eliminarlo y reemplazarlo por otro que de verdad proteja a los consumidores". Y sin entrar en mayores detalles, Céspedes adelantó que "dictaremos un nuevo reglamento que regule las modificaciones de los contratos, que efectivamente proteja a los consumidores". Un documento para el cual el Ministerio solicitará la visión de los distintos participantes, pues se elaborará "habiendo previamente recogido la opinión de los actores relevantes".

Desde la Asociación de Bancos, en tanto, señalaron que no harán declaraciones mientras no se conozca con mayor profundidad el contenido de la nueva propuesta. Sin embargo, su presidente, Jorge Awad, manifestó que espera reunirse con el ministro Céspedes.

La ola de regulaciones al mercado financiero es un tema de preocupación para el sector. De hecho, el propio presidente de Banco de Chile, Pablo Granifo, lo abordó en la memoria 2013. "En los últimos años hemos observado el impulso de regulaciones o leyes que si bien pueden buscar un fin noble, han tenido efectos no deseados, debilitando la confianza construida entre las instituciones financieras y sus consumidores o, eventualmente, exponiendo el prestigio de una industria que en los últimos 30 años ha sido un pilar clave en la estabilidad económica del país".

Gobierno retira proyecto de Ley Monsanto

Finalizada la reunión de coordinación legislativa o tercera parte del comité político de los lunes, que reúne a la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, con los jefes de bancada y jefes de comité de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, se anunció la decisión de retirar el proyecto de Ley de Obtentores Vegetales. La iniciativa, ingresada en la anterior administración de Michelle Bachelet, busca aplicar en Chile la adhesión al convenio UPOV 91 para proteger los derechos de propiedad intelectual de quienes crean nuevas variedades vegetales para la industria agroalimentaria.

Por esto el senador PPD, Guido Guirardi, anunció en La Moneda que tras el análisis, se determinó que dicha iniciativa se retirará del parlamento, tal como se comprometió su sector político en campaña.

Guirardi sostuvo que en la reunión se habló de la materia, acordándose terminar y retirar del proceso legislativo el proyecto hasta que se profundice la discusión.

La Ley Monsanto la calificó como "un atentado a la soberanía nacional y un atentado a la biodiversidad".

La ministra Ximena Rincón también remarcó ese punto, asegurando que se decidió retirar ese proyecto que apunta a obtentores vegetales del trámite legislativo, para hacer un análisis que recoja todo lo que se ha conocido tanto en Chile como en el extranjero sobre la materia y que resguarde los derechos de las comunidades agrícolas, como también el patrimonio de las semillas en nuestro país.

Según sus partidarios el esfuerzo, la innovación e inversión que implica producir una variedad debe ser compensado con un derecho de propiedad.

Mientras detractores señalan que esta ley concentra la propiedad de las semillas en manos de unas pocas empresas multinacionales.